Perú declara el estado de emergencia nacional 30 días tras el aumento de violencia de la izquierda radical

Ante la escalada de violencia, instigada por el grupo terrorista Sendero Luminoso y otros grupos de extrema izquierda radical, marxistas, leninistas y maoístas, el nuevo Gobierno de Perú ha otorgado más poder a las Fuerzas Militares declarando el estado de emergencia nacional durante 30 días. Una medida orientada a intentar devolver la estabilidad en medio de las protestas tras la destitución del presidente Pedro Castillo, suspendiendo los derechos de «seguridad personal y libertad» en toda la nación andina. «La Policía Nacional, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, garantizará el control en todo el territorio nacional de los bienes personales y, sobre todo, de la infraestructura estratégica y la seguridad y bienestar de todos los peruanos», ha anunciado el ministro de Defensa, Luis Otarola Peñaranda después de que se haya descubierto el plan terrorista de Sendero Luminoso, que quiere a Castillo de nuevo en el poder, de utilizar las protestas para quemar un número importante de comisarías, tomar aeropuertos e incendiar edificios públicos y privados para desestabilizar a las fuerzas del orden.

Próximos a Podemos Castillo y la actual presidenta Dina Baluarte, la formación morada ha criticado la decisión de declarar el estado de emergencia nacional defendiendo a los grupos de manifestantes que están sembrando el caos y la destrucción en las calles de Perú. De esta forma, tras conocer la decisión del nuevo Gobierno de Perú, el área de Internacional de Podemos ha mostrado su «rotundo rechazo» a la «represión y la violencia» contra las movilizaciones de sectores de la población ante la crisis política e institucional de Perú.

Unas protestas que el grupo terrorista de extrema izquierda utiliza para aumentar la violencia en Perú, que ha provocado el estado de emergencia nacional, la ayuda de los mineros informales, como se conoce en Perú a estos excavadores ilegales de oro en el sur de la Amazonía peruana, que han destruido más de 1.200 hectáreas de bosque en la zona más impactada, conocida como La Pampa, ubicada en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata (región Madre de Dios), se han unido a esta escalada de terror. Según fuentes policiales, la minera Las Bambas de cobre, ubicada en las provincias de Cotabambas y Grau en el departamento de Apurímac, se encuentra en el punto de mira de los terroristas que han intentado tomarla, en la cual se han instalado en el pasado mineros ilegales por orden del Movadef (brazo político del grupo terrorista Sendero Luminoso).

El ministro de Defensa ha evitado mencionar a la nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, que tomó posesión horas después de que el Congreso destituyera la semana pasada Castillo. «Se ha acordado declarar el estado de emergencia en todo el país, debido a los actos de vandalismo, violencia, toma de carreteras y caminos, que por cierto ya están siendo estabilizados y controlados por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas y que requieren una respuesta contundente y autoritaria del gobierno», ha reconocido el ministro de Defensa, Luis Otarola Peñaranda, de los actos violentos que han provocado la declaración de estado de emergencia nacional. Violencia que sigue la hoja de ruta de los planes de Sendero Luminoso, el grupo terrorista más sanguinario de Perú, que empezó sus ataques terroristas en 1980 y al que el departamento de Justicia de Estados Unidos, le atribuye más de 12.000 ataques supuestamente con 10.000 muertos.

Sin embargo, Podemos ha reafirmado que esta inestabilidad sólo se resolverá «devolviendo la voz al pueblo y escuchando sus demandas» para emprender un nuevo proceso constituyente. También alerta a la comunidad internacional a «permanecer atenta» ante los acontecimientos. Mientras, el diputado de la formación en el Congres, Pedro Honrubia, ha llamado la atención sobre que la actual presidenta no ha sido elegida en las urnas. «Presidenta no electa y un Congreso golpista con 94% de rechazo. Es Golpe de estado transmutado en dictadura, ha zanjado también en redes sociales», ha señalado en redes sociales, el cual se ha puesto en contra de las fuerzas de la ley y el orden.

Los manifestantes han bloqueado las calles de la capital peruana y de muchas comunidades rurales, exigiendo la libertad de Castillo, la dimisión de Boluarte y la convocatoria inmediata de elecciones generales para elegir a un nuevo presidente y sustituir a todos los miembros del Congreso. Al menos siete personas han muerto, la mayoría de comunidades empobrecidas cuyos votantes impulsaron a Pedro Castillo, entonces líder del sindicato de maestros rurales, a la victoria el año pasado después de convencerles con promesas populistas. Castillo fue destituido por los legisladores el 7 de diciembre, cuando intentó disolver el Congreso antes del tercer intento de moción de censura. Entonces, su vehículo fue interceptado cuando circulaba por las calles de Lima con su equipo de seguridad.