Moncloa incumplió la Ley del Gobierno al ocultar su propio informe alertando de las rebajas de pena

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.
• • 06/02/2023 06:51
  • Actualizado: 14/02/2023 10:30

El Ejecutivo de Pedro Sánchez incumplió la Ley del Gobierno que obliga a remitir al Congreso de los Diputados «los informes recabados durante la tramitación» de las leyes. Se trata de un trámite preceptivo que permite a los diputados disponer de toda la información antes de emitir su voto. El Gobierno, sin embargo, no incluyó en la memoria remitida al Congreso los informes elaborados por los distintos ministerios, comunidades autónomas y varios organismos sobre la conocida como ley del sólo sí es sí. Entre ellos, el informe clave enviado por el Ministerio de la Presidencia a Irene Montero, en el que se alertaba de las rebajas de pena a los agresores sexuales, y que ahora ha sido revelado por OKDIARIO.

En este documento, Moncloa advertía de forma rotunda que con la nueva ley las penas previstas para la violación quedarían «sustancialmente reducidas». Con ello, «el resultado conseguido es que el reproche penal es notablemente inferior al actualmente previsto para las agresiones sexuales, que son los comportamientos más graves». En consecuencia, Presidencia instaba a «mantener» el marco penológico «de forma equivalente» a la regulación vigente, al considerar que no estaba «justificada una atenuación penológica de estas figuras». «Sería necesario revisar esta cuestión en el anteproyecto», concluía el aviso.

Este informe está fechado el 16 de septiembre de 2020 y, hasta el momento, sigue sin ser remitido al Congreso. La ley quedó aprobada de forma definitiva el pasado 25 de agosto y está vigente desde el 6 de septiembre. Su aplicación ha provocado una cascada de rebajas de condena a delincuentes sexuales -casi 400 al cierre de esta información-, algunos de los cuales han sido excarcelados.

Ley

La Ley del Gobierno establece que las leyes serán remitidas al Congreso acompañadas «de una Exposición de Motivos y de la documentación propia del procedimiento de elaboración» recogido en la Ley de Transparencia. Esto es, las «memorias e informes que conformen los expedientes de elaboración de los textos normativos». La ley precisa, además, que «se conservarán en el correspondiente expediente administrativo, en formato electrónico, la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, los informes y dictámenes recabados para su tramitación, así como todos los estudios y consultas emitidas y demás actuaciones practicadas».

En la Memoria del Análisis de Impacto Normativo no se recogen las críticas y observaciones recibidas durante la tramitación de la ley del sólo sí es sí. En su lugar, se remite a un «anexo» que no figura entre la documentación enviada al Congreso. Lo habitual es que esas alegaciones se incorporen en el mismo cuerpo de la memoria. Pero ni Igualdad las incluyó ni el Gobierno, finalmente, envió los anexos al Parlamento. En el expediente sólo figuran los informes del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal, críticos con las rebajas de pena, además de los del Consejo Económico y Social y la Agencia Española de Protección de Datos.

Informes críticos

Entre los informes hurtados al Congreso figuran además los de otros ministerios, las comunidades autónomas, asociaciones, sindicatos y otras organizaciones. Más de 70 documentos que los diputados no pudieron consultar durante la tramitación de la norma para poder valorar antes de votar.

Además del emitido por el Ministerio de la Presidencia, OKDIARIO ha ido revelando otros documentos críticos con las rebajas de pena. Varias comunidades autónomas, algunas gobernadas por el PSOE, también trasladaron su desacuerdo a Igualdad. «Va a tener repercusión social», advirtió Navarra. «Se nos generan dudas derivadas de la disminución de las penas máximas impuestas por la comisión de una agresión sexual», coincidieron desde la Consejería de Igualdad de Castilla-La Mancha. Regiones gobernadas por el Partido Popular, como Andalucía o Madrid, manifestaron igualmente el rechazo a las rebajas de pena de la norma.