Illa oculta al Defensor del Pueblo información sobre discriminación a los niños que hablan español

• Esther Jaén
• Corresponsal política en OKDIARIO. Colaboradora y analista política en radio y televisiones. Te leo en esther.jaen@okdiario.com
• • 14/02/2026 05:50
  • Actualizado: 14/02/2026 05:50

La Oficina del Defensor del Pueblo, que dirige Ángel Gabilondo, lleva intentando investigar desde 2024 una denuncia sobre un presunto trato discriminatorio que, supuestamente, se dispensa a los niños catalanes cuya lengua principal es el español. Según los firmantes de la denuncia remitida al Defensor del Pueblo, la organización Sociedad Civil Catalana, Gabilondo no ha podido investigar porque el Gobierno de Salvador Illa ha ocultado hasta la fecha la información requerida.

Ante la denuncia presentada por Sociedad Civil Catalana en julio de 2024, la Oficina del Defensor del Pueblo manifestó su decisión de iniciar un expediente informativo sobre este asunto. Para ello, envió al Departamento de Educación y Formación Profesional, que dirige la consellera Esther Niubó, un requerimiento  de la información pertinente «con la finalidad de conocer las orientaciones que haya podido facilitar a los centros educativos para garantizar (…) el aprendizaje en castellano».

Sin embargo, el Gobierno catalán ha hecho oídos sordos hasta la fecha, de modo que Ángel Gabilondo se ha visto obligado a pedir disculpas a los denunciantes por su demora ante la lentitud en la tramitación de dicha denuncia. El Defensor del Pueblo, además, ha enviado un segundo requerimiento al Gobierno de Illa, en el que le recuerda «el inexcusable deber de colaboración» que tiene el Ejecutivo catalán para con esa institución.

Desde Sociedad Civil Catalana entienden que «la política lingüística de la Generalitat en el ámbito educativo está concebida como una herramienta de exclusión del español, que contribuye a un mayor fracaso escolar, además de vulnerar derechos fundamentales protegidos por la Constitución Española; especialmente el derecho a no ser discriminado por razón de lengua».

Se refieren en este punto al artículo 3 de la Carta Magna, que  establece que el castellano es la lengua oficial del Estado y que todos los ciudadanos tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.

La plataforma cívica Sociedad Civil Catalana señalaba concretamente  en su denuncia al Decreto 91/2024, de 14 de mayo, del Gobierno catalán, del régimen lingüístico del sistema educativo no universitario de Cataluña, «ante el riesgo de que la Generalitat estuviera aplicando de facto criterios de discriminación del castellano», pese a que existe una suspensión cautelar de la norma, suspensión decretada en su día por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).