El Gobierno usa fondos europeos para instalar de «extrema urgencia» sensores en la valla de Ceuta que no puso en 2025
Interior ha reactivado un contrato por casi cinco millones de euros que anunció hace un año y no llegó a ejecutar
El Ministerio del Interior se ha visto obligado a adjudicar ahora y de «extrema urgencia» un contrato de casi cinco millones de euros para instalar nuevos sensores en la valla que separa España y Marruecos en Ceuta. Se trata de una tecnología mejorada cuya colocación anunció como inminente a finales de 2025, pero nunca llegó a cumplir.
El Gobierno hizo pública el pasado 3 de septiembre una declaración de emergencia para la contratación del suministro e instalación de la sensorización del vallado en la ciudad autónoma. En el pliego consultado por OKDIARIO, los de Sánchez requieren la «sustitución inmediata del sistema actual» por una «tecnología de detección más avanzada que permita mejorar la eficiencia, efectividad y la capacidad de respuesta ante cualquier amenaza o intento de salto de la valla».
Explican en el documento que este nuevo dispositivo actuaría «mitigando y eliminando los riesgos para la seguridad y la integridad física de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como de los propios inmigrantes». Lo mismo que ya comunicaron meses atrás.
En octubre del año pasado, el Ejecutivo anunció que iba a invertir cerca de cinco millones de euros —una cantidad similar a la finalmente pagada este mes— en la instalación de sensores en los 8,2 kilómetros de perímetro fronterizo con el fin de controlar las entradas ilegales de inmigrantes.
Fuentes policiales han asegurado a este periódico que dicha renovación no llegó a producirse y han apuntado que los sensores que tiene el vallado tienen «mucho más de un año» de antigüedad.
Por tanto, el Gobierno no cumplió su promesa a Ceuta de aumentar las medidas de seguridad donde la doble valla está ubicada a diez metros de altura y ahora, tras la invasión, ha tenido que reactivar la instalación mediante un procedimiento extraordinario excepcional previsto en el artículo 120 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público.
El Ministerio liderado por Fernando Grande-Marlaska ha utilizado en esta ocasión fondos europeos para financiar la operación y el citado texto legal con la justificación de que los mecanismos de contratación ordinaria «no permiten dar respuesta a la situación con la celeridad que se requiere».
Citan acontecimientos «imprevisibles»
Un mes después de la entrada masiva a Ceuta de más de 70.000 inmigrantes procedentes de Marruecos, el Gobierno ha percibido la «extrema urgencia» que requiere proteger la frontera española de la ciudad. Sin embargo, los motivos aportados en la licitación no se sostienen con el contexto ahora conocido.
La Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios, dependiente de Interior, cita en el pliego que dicha emergencia viene provocada por «acontecimientos imprevisibles para el comprador», pero lo cierto es que sí estaban previstos por los de Sánchez.
Más allá del anuncio oficial que Interior se encargó de comunicar públicamente a finales de 2025, en el propio pliego del nuevo contrato «urgente», el Ejecutivo reconoce que el acuerdo para ejecutar la sensorización tuvo lugar el pasado 30 de abril de 2025, más de un año y tres meses antes de la invasión.
Además, inmediatamente después, el documento recoge como plazo de formalización de los trabajos «1 semana». Un requisito que, desde luego, el Gobierno central no respetó y ha culminado ahora pagando 4,6 millones de euros procedentes de fondos europeos a la compañía de seguridad TRC INFORMATICA SL.
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