El voto particular de la fiscal general del Estado salva la ley del Gobierno para ilegalizar la Fundación Franco

El voto particular de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha salvado el informe sobre el Anteproyecto de ley de la Ley de Memoria Democrática, que permitirá extinguir las fundaciones que hagan apología del franquismo, la creación de una Fiscalía de Memoria Democrática y Derechos Humanos, la exhumación de víctimas del franquismo sufragada con dinero público y la significación del Valle de los Caídos. Delgado, que compartió Consejo de Ministros con la impulsora de la ley, la vicepresidenta Carmen Calvo, lejos de abstenerse, ha utilizado su voto de calidad para sacar adelante esta ley que cuenta con la crítica del sector más conservador de la carrera.

La votación del consejo, según han informado a OKDIARIO fuentes de toda solvencia, había quedado en empate, pues todos los vocales de la Asociación de Fiscales han votado en contra debido a que creen que existen severos problemas técnicos por la indefinición que plantea con la nueva figura del fiscal especial de Memoria Democrática. Sin embargo, Dolores Delgado ha tirado de cargo para sacar adelante este informe que avala la nueva ley.

Los vocales de la Asociación de Fiscales, ha presentado en el Consejo Fiscal un texto alternativo. En dicho texto, han manifestado que ponen serios reparos a la norma impulsada por Calvo. Así, dicen que, entre otros motivos, no comparten la indefinición que la ley da a la labor que deben realizar los fiscales en este ámbito, ya que no queda muy claro si tendrán una función tuitiva (de amparo a las víctimas), supervisión de organismos públicos o de tipo penal, según fuentes de este sector.

Asociación de Fiscales

Desde la Asociación de Fiscales han emitido un duro comunicado en el que explican que, «la sociedad y, en especial, las víctimas de la guerra y la dictadura tienen derecho a conocer la verdad histórica. Los denominados juicios de la verdad, sin embargo, no forman parte del proceso penal. Corresponde al Estado, a través de organismos y procedimientos de todas las disciplinas y profesiones, ajenos a la investigación penal, la búsqueda de la verdad. Las normas que rigen en el derecho penal impiden la investigación penal».

Los miembros de la AF añaden, respecto a la ley, que «la redacción de la norma resulta confusa, calculadamente ambigua y contradictoria del Anteproyecto debe ser rechazada en cuanto da falsas expectativas a las asociaciones y familiares de víctimas, y facilita la instrumentalización del Ministerio Fiscal. Por ello, es este contexto, la creación de una Fiscalía de Sala resulta absolutamente innecesaria».

Por último añaden que «las personas físicas y asociaciones que representan a familiares de desaparecidos y fallecidos durante la guerra civil, y los años de posguerra tienen derecho al descubrimiento de la verdad, a conocer su situación, el lugar de enterramiento y las circunstancias de su fallecimiento. La Administración General del Estado debe poner todos los recursos necesarios para satisfacer el derecho a la verdad, realizando investigaciones eficaces y garantizando recursos efectivos y de reparación».

La ley

El anteproyecto, que ya ha sido aprobado por el Consejo de Ministros recoge que será causa de extinción de fundaciones la apología del franquismo o la incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las víctimas del golpe de Estado de 1936, al considerarse que son contrarias al interés general. Dentro de esto entraría la Fundación Francisco Franco.

A este respecto, también contempla que las personas u organizaciones que atenten, alienten o toleren prácticas en contra de la «memoria democrática» no podrán recibir subvenciones, bonificaciones ni prestarán ayudas públicas. De esta forma se pretende descabezar ahogándolas a todas aquellas organizaciones que, dentro la Constitución, sobreviven gracias a las aportaciones del Estado.