Un documento oficial posterior al pactado con la UE confirma el plan de Sánchez de «implantar» los peajes

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.
• • 21/07/2023 06:50
  • Actualizado: 21/07/2023 10:03

Distintos documentos oficiales dejan en evidencia el plan del Gobierno de Pedro Sánchez para implantar los peajes en las autovías. Por supuesto, el Plan de Recuperación que fue enviado a Bruselas en 2021 para recibir los llamados Fondos Next Generation. Pero también, posteriormente, un encargo del Ministerio de Transportes a la Sociedad Mercantil Estatal Ingeniería y Economía del Transporte (Ineco) para llevar a cabo un estudio sobre este mecanismo de pago. Está fechado en mayo de 2022.

En los pliegos de dicho encargo, consultados por OKDIARIO, el Gobierno detalla su plan para «implantar un nuevo sistema de financiación de la Red de Carreteras del Estado». Los trabajos, indica, «se han dividido en tres fases». La primera, la realización del mencionado estudio, en el que «se analizarán las distintas opciones para el establecimiento de un sistema de pago por uso, necesidades a cubrir, ingresos, y efectos sobre el tráfico».

La segunda va más allá y consistiría en el «diseño e ingeniería de la solución adoptada, a partir del resultado del estudio». En esta etapa, «se procederá a desarrollar el sistema de pago por uso a nivel de ingeniería». La tercera y última fase «estará constituida por los servicios necesarios de soporte para la licitación de la implantación del nuevo sistema de cobro».

Tres fases que confirman la intención del Gobierno de establecer un mecanismo de cobro por el uso de las carreteras, que ahora Pedro Sánchez se empeña en negar.

Aviso de Bruselas

Este jueves, ha sido la Comisión Europea la que le ha recordado al Gobierno que «el plan español, tal y como fue propuesto y aprobado por la Comisión Europea y el Consejo, incluye el compromiso de adoptar una ley de movilidad sostenible y financiación del transporte en diciembre de 2023».

«Entendemos que el plan español se refiere a un mecanismo de pago para las carreteras empezando en 2024 según el principio de que quien contamina paga. Lo evaluaremos cuando recibamos la quinta petición de desembolso por parte de España», ha expresado la portavoz comunitaria Veerle Nuyts.

Tanto el presidente español como distintos ministros han negado este compromiso, que Bruselas insiste en que se tiene que cumplir. Sin embargo, hace unos días, el director de la Dirección General de Tráfico, Pere Navarro, dejó en evidencia los planes del Ejecutivo, al asegurar que «el año que viene, por imposición de Bruselas, se tendrán que poner peajes».

El propio Sánchez ocultó este plan durante el cara a cara con Alberto Núñez Feijóo, cuando el candidato del PP le preguntó si «va a pasar las autovías gratuitas a de peaje». «¿Pero qué dice?», le espetó el socialista. «El sanchismo se va con mentiras y deja como herencia peajes en las autovías», criticaron a Pedro Sánchez los populares.

Sólo unos minutos después de la advertencia de Bruselas de este jueves, Sánchez seguía aún negando la implantación de los peajes, que ha calificado de «bulos» expandidos por el PP y Vox.

Compromiso

De hecho, en el encargo antes mencionado, el Ejecutivo de Pedro Sánchez también admite que el cobro de peajes es un compromiso europeo.

«La tarificación de infraestructuras está contemplada como reforma a desarrollar en las componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia relacionadas con la Movilidad Sostenible y la Fiscalidad Verde», se explica en la extensa documentación. El Gobierno destaca que la futura Ley de Movilidad Sostenible «regulará aspectos para promocionar el transporte y la movilidad sostenibles, incluyendo temas relacionados con la fiscalidad, las inversiones, los combustibles alternativos, digitalización e innovación, y con la financiación del transporte en general y el público y urbano en particular».

«En particular, esta ley también prevé la posible articulación de un mecanismo de pago por el uso de las carreteras estatales que podría implantarse a partir del año 2024, buscando un acuerdo social y político, lo que supone avanzar hacia la internalización de los costes externos del transporte bajo el principio del cobro al usuario usuario pagador y también del principio de quien contamina paga», concluye el Gobierno. El Ejecutivo borró del texto final de la Ley de Movilidad -que no llegó a aprobarse por el precipitado fin de la legislatura- la articulación de dicho «mecanismo de pago» que sí se incluía en los borradores. Todo, en pleno año electoral.