Las acusaciones piden 3 años de cárcel al hermano de Pedro Sánchez y que devuelva lo cobrado

Las acusaciones populares –Manos Limpias, PP, Vox, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Liberum y Iustitia Europa— han presentado una contundente acusación ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz. El documento acusa a once personas por supuestas irregularidades en la contratación y posterior protección institucional de David Sánchez, hermano imputado y procesado del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Fuentes consultadas por OKDIARIO confirman que se solicita para el músico: tres años de prisión –dividida en dos penas de 1 año y 6 meses cada una, por los delitos de aceptación de nombramiento ilegal, tráfico de influencias, prevaricación administrativa y colocación irregular de personal público–, inhabilitación para ejercer cargos públicos durante seis años, una multa económica que podría exceder los 130.000 euros y la devolución completa de todos los salarios públicos percibidos desde su contratación en 2017 con intereses.

El escrito solicita penas de prisión para nueve de los once acusados. Junto a David Sánchez Pérez-Castejón aparece Miguel Ángel Gallardo para el que se solicita tres años por prevaricación y tráfico de influencias. Mientras que para Luis María Carrero, Juana Cinta, Emilia Parejo, Francisco Martos, Ricardo Cabezas y Manuel Candalija se pide 1,5 años de prisión a cada uno por delitos relacionados con tráfico de influencias y prevaricación administrativa. Para otros tres empleados de la Diputación no se solicitan penas de prisión, sino únicamente inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 15  años y multa de seis meses. Además, se solicita la nulidad de las convocatorias de los puestos y la anulación de los contratos de trabajo.

Según un documento de 35 páginas, el caso se centra en lo que describen como una «colocación a dedo cuidadosamente orquestada» en la Diputación de Badajoz. La acusación señala la implicación directa del presidente de dicha institución, el líder autonómico socialista Miguel Ángel Gallardo, junto a varios altos cargos de las áreas de Cultura y Recursos Humanos.

Los acusadores sostienen que David Sánchez accedió a un puesto de alta dirección específicamente creado para él, y que nunca desempeñó adecuadamente sus funciones. Según el relato judicial, su asistencia al trabajo fue «esporádica, casi inexistente y sin justificación válida».

El caso se remonta a octubre de 2016, cuando David Sánchez se encontraba desempleado. La acusación afirma que en ese momento altos responsables de la Diputación comenzaron a diseñar un puesto bajo la denominación de «coordinador de actividades de los conservatorios». Según la acusación, esta plaza no respondía a necesidades reales del servicio, sino que buscaba proporcionar empleo al hermano del presidente del Gobierno.

Para respaldar estas afirmaciones, hay numerosos correos electrónicos y testimonios que demuestran que el proceso de selección fue meramente formal. Las bases de la convocatoria se publicaron apenas dos días después de solicitar la cobertura «urgente» del puesto, sin exigir titulación superior en música y sin un tribunal técnico objetivo.

El único filtro fue una entrevista oral, con criterios de valoración aparentemente ajustados a las competencias específicas de David Sánchez, como la dirección de orquesta, aunque solo había ejercido esta función en cinco ocasiones durante varios años.

Pruebas

Los directores de los conservatorios involucrados han declarado que no fueron informados de que este coordinador estaría por encima de ellos en la jerarquía organizativa. El director del Conservatorio Bonifacio Gil, Evaristo Valentí, llegó a calificar la situación como «un disparate». Años después, en un informe interno, Valentí indicó que tal estructura no existe en ningún otro centro de España y que los informes que justificaban el puesto carecían de validez.

Entre los aspectos más destacados del escrito de acusación figura que David Sánchez:

• No registraba su entrada y salida del trabajo.
• No estaba autorizado para teletrabajar.
• No disponía de un despacho fijo durante gran parte de su contrato.
• No mantenía contacto regular con los conservatorios que supuestamente debía coordinar.

A pesar de estas circunstancias, percibía un salario público como personal de alta dirección.

Informes fabricados

Según el documento judicial, los informes de actividad que justificaban su labor no se encontraban en los archivos oficiales. Cuando la jueza instructora los solicitó, fueron entregados a mano y firmados posteriormente por el propio Sánchez.

Las acusaciones mantiene que nunca ejerció correctamente las funciones para las que fue contratado, y que utilizó su cargo para desarrollar proyectos personales, principalmente la iniciativa Ópera Joven, que ocupaba la mayor parte de su tiempo.

Renombramiento

En 2022, la situación experimentó un cambio significativo. La Diputación promovió una modificación de su puesto original para convertirlo en jefe de la Oficina de Artes Escénicas. La acusación califica esta acción como un nuevo acto de prevaricación que pretendía legalizar encubiertamente un cambio de funciones, dado que David Sánchez había abandonado completamente cualquier vinculación con los conservatorios.

El nuevo cargo se tramitó como una simple «modificación de nomenclatura», pero en realidad supuso la creación de un puesto diferente sin seguir los procedimientos legales correspondientes. Tampoco se definieron formalmente las funciones del nuevo cargo, lo que, según Manos Limpias, impidió que los órganos de control pudieran evaluar la legalidad de su contenido.

Otras acusaciones

Una tercera línea de acusación contra David Sánchez se refiere a la creación de otro puesto adaptado para su amigo íntimo y colaborador, Luis María Carrero, quien pasó a ocupar la Jefatura de una nueva Sección de Programas Transfronterizos. Según correos intervenidos, Sánchez y Carrero ya daban por hecha su incorporación semanas antes de que se publicaran las bases.

Carrero había trabajado previamente en Moncloa como parte del equipo de redacción de discursos del Gobierno de Pedro Sánchez. La acusación sostiene que la influencia de David Sánchez fue decisiva para que este puesto se creara específicamente y se cubriera mediante comisión de servicios, un procedimiento más rápido que no requiere oposición ni concurso público. Carrero fue el único candidato en ese proceso exprés y colaboraban en la búsqueda de subvenciones y la organización de eventos musicales.