La vergonzosa actuación del Gobierno en Duro Felguera

• Eduardo Segovia @segoviaeduardo
• Corresponsal de banca y empresas. Doctor y Master en Información Económica. Pasó por El Confidencial y dirigió Bolsamanía. Autor de ‘De los Borbones a los Botines’.
• • 22/12/2024 06:45
  • Actualizado: 22/12/2024 06:45

Vaya por delante que aquí no queremos que ninguna empresa quiebre ni que sus trabajadores acaben en la calle ni que sus accionistas pierdan su dinero. Pero esta columna somos liberales y, por tanto, tampoco podemos estar a favor de sostener empresas inviables (zombies) con dinero de todos los contribuyentes. Empezando por el escándalo de RTVE, claro está. Pero tampoco en el caso del Gobierno y Duro Felguera.

Máxime cuando este caso huele a corrupción por los cuatro costados. Qué raro con este Gobierno, ¿verdad? Huele peor que el rescate de Plus Ultra, que ya es decir. No contentos con un rescate que a todas luces era ilegal y más que sospechoso en 2021, cuando se ha acabado el dinero (126 millones públicos, no está mal), pretenden hacer una especie de segundo rescate que mantenga a Duro Felguera artificialmente con vida. Una patada a seguir que no llegará muy lejos. Y volveremos a la casilla de salida, sólo que quizá para entonces ya será el PP el que tenga que comerse el marrón.

Veamos. Los problemas de Duro Felguera vienen de antiguo, de una estructura hipertrofiada diseñada para facturar 1.000 millones al año (ingresó 281 el año pasado) y de una serie de proyectos en Venezuela, Argelia o Países Bajos que, en vez de generar beneficios, le han provocado pérdidas y litigios que le pueden costar cientos de millones. Por culpa de la incapacidad de la compañía de ejecutarlos -principalmente centrales eléctricas. Esto a su vez provoca que no consiga avales para presentarse a nuevos concursos, que no pueda devolver sus créditos, impagos con Hacienda… Nos lo sabemos.

El covid, la oportunidad de oro

Y entonces llegó el covid, que, en vez de una maldición como para el resto de la economía, para Duro Felguera fue su oportunidad de salvarse porque el Gobierno, a través de la SEPI, puso en marcha el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE). La idea era evitar la quiebra de compañías relevantes para el país por culpa del parón provocado por la pandemia. El ejemplo más claro eran las aerolíneas como Air Europa, con los aviones en tierra.

Pero había dos condiciones. La primera, que fueran empresas estratégicas, algo que en el caso de Duro Felguera se salvó diciendo que era estratégica regional para Asturias. Vale, aceptamos pulpo como animal de compañía. Pero lo que no colaba de ninguna manera era que sus problemas se derivasen exclusivamente del covid. Pero qué más daba, quién lo iba a cuestionar si nadie sabía qué era Duro Felguera ni qué hacía. No es que fuera Telefónica.

Además, ahora sabemos que aquel rescate estaba rodeado de todos los miembros de la trama corrupta que afecta a Moncloa. El omnipresente Víctor de Aldama preparó la visita de Delcy Rodríguez a Madrid incluyendo una reunión con el CEO de Duro Felguera, con la que Venezuela tenía una deuda de 120 millones. Por cierto, idéntica al importe del rescate, otra curiosa coincidencia.

Ministros a tutiplén

Más aún, José Luis Ábalos utilizó el pago de esta deuda para que Pedro Sánchez autorizara la visita de la vicepresidenta venezolana (cosa que Sánchez hizo) a pesar de que la empresa asturiana no la había cobrado… ni la ha cobrado nunca.

Completemos el círculo. Los ex ministros socialistas Valeriano Gómez (responsable de Trabajo con Zapatero) y Jordi Sevilla -titular de Administraciones Públicas y posteriormente presidente de Red Eléctrica- se sentaban en el consejo de Duro Felguera cuando se concedió esa ayuda. Por último, la SEPI dependía y sigue dependiendo del Ministerio de Hacienda de la histriónica María Jesús Montero, esa cuyo número dos también está pringado en la trama (presuntamente).

Por tanto, incumplimiento de la ley y participación de varios miembros de la trama. No puede oler peor. Pero encima, la SEPI puso como consejero delegado a Jaime Argüelles, un tipo proveniente de Ence que, en vez de acometer una dura reestructuración como mandan los cánones cuando te salvas de la quiebra, se ha limitado a fundirse los 120 millones (más otros 6 que le concedió graciosamente Adrián Barbón, el presidente asturiano).

El hundimiento

Y entonces llegó la esperanza: dos grupos mexicanos (Prodi y Mota-Engil) estaban dispuestos a jugarse 90 millones en la empresa. A cambio, exigían la mayoría del capital, como es lógico. Pero ni sustituyeron a Argüelles ni si quiera se reunieron con los bancos acreedores a pesar de que anunciaron un plan que requería 350 millones en avales (cuando Duro Felguera sólo valía 85 millones en Bolsa), nada menos, y entre 50 y 60 millones de crédito. Resultado: también se han fundido esos 90 millones mexicanos.

El golpe de gracia ha sido una reclamación de un cliente de Argelia de más de 400 millones, que por mucho que la empresa espere ganarla (en un tribunal argelino, qué podría salir mal), la CNMV le ha obligado a provisionar 99. Lo cual ha disparado sus pérdidas y, sobre todo, su patrimonio neto negativo hasta 254,8 millones. Una situación insostenible que le ha obligado a solicitar el preconcurso de acreedores.

Y ahora viene el problema para el Gobierno, que no quiere dejarla quebrar porque supondría reconocer que aquel rescate no se ajustó a la ley: si el problema era el covid, ¿por qué está así tres años después? Con el añadido de que tanto los ministros implicados como los propios técnicos de la SEPI temen acabar en los tribunales. Basta que los trabajadores o accionistas cabreados les demanden.

Así que huida hacia delante: segundo rescate mediante las conversión de 100 de los 120 millones, que se concedieron como un crédito participativo, en acciones, con la pérdida total (o casi) de su dinero para los mexicanos y los accionistas minoritarios. ¿Suficiente? Probablemente no. Y el Gobierno estaría dispuesto a poner más dinero público -ese que no es de nadie- para perderlo, pero ahora sí sería ayuda de Estado. Aunque bueno, ahora quien decidirá en Bruselas qué es ayuda de Estado es Teresa Ribera, así que cualquiera sabe.