718 menores han necesitado atención por abusos en cuatro años estando tutelados por la Conselleria de Oltra

La Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas, que hasta hace unos días era responsabilidad de Mónica Oltra, derivó entre 2016 y 2019 a los Servicios de Atención Psicológica hasta 718 casos de niños, niñas y adolescentes «que han sufrido abuso sexual y/o explotación sexual, así como a personas menores de edad perpetradoras». 

Esos 718 casos  son el resultado de la suma de los derivados a ese servicio en los ejercicios de 2016 (228), 2017 (189), 2018 (171) y 2019 (130). La media que arrojan es demoledora: 179,5 casos en cada uno de esos 4 años.  Todo ello, según consta en la respuesta firmada por la propia Oltra a una petición de información efectuada en las Cortes Valencianas por la síndica adjunta del Partido Popular Elena Bastidas.

Según los datos del segundo semestre de 2021, la Consejería de igualdad y Políticas Inclusivas tiene bajo su tutela poco más de 4.000 menores de 18 años. De ellos, 2.417 se encontraban en acogimiento familiar y poco más de 1.600 en hogares o residencias del sistema público. Por provincias, la de mayor número de menores en acogida es Valencia, con más de 1.300, por encima de Alicante, que tiene en torno a la mitad que Valencia y ya, muy alejada de ambas, Castellón.

En el caso que nos ocupa, la atención citada tenía por objeto «la intervención psicológica de niños, niñas y adolescentes que han sufrido abusos sexuales y explotación sexual y a personas menores de edad perpetradoras de abusos sexuales; siempre que en ambos casos sean niños, niñas y adolescentes que formen parte del sistema de protección de menores»

El documento, al que ha tenido acceso OKDIARIO, agrega los datos correspondientes al ejercicio de 2015 (157), pero se da la circunstancia de que en la primavera de ese año fue cuando se celebraron las elecciones autonómicas que llevaron al tripartito de izquierdas (PSOE, Compromís y Unidas Podemos) al Gobierno de la Generalitat, por lo que corresponde a la gestión de Oltra más de la mitad de ese ejercicio. No su totalidad.

En síntesis, los datos más relevantes que ofrece el documento son 3. El primero, el enorme número de menores y adolescentes que necesitaron de atención psicológica por casos relacionados con abusos sexuales. En total, los 718 descritos.

El segundo, los protocolos que la citada Consejería ponía en marcha en estos casos. Oltra dice en la respuesta que ella misma firma, en este caso en mayo de 2020, que «cuando los centros de atención residencial a la Infancia y la Adolescencia tienen conocimiento de alguna circunstancia recogida en los preceptos legales expuestos en la normativa vigente, el director o la directora del centro han de comunicar inmediatamente al Ministerio Fiscal esa situación, sin perjuicio de lo que se dispone en la legislación procesal penal, que decidirá si existen indicios de delito».

La tercera cuestión es la personación de la Abogacía de la Generalitat, o no personación, que no se produjo en el caso de los abusos del marido, entonces, de la vicepresidenta valenciana Mónica Oltra a una menor tutelada. Oltra sostiene en el documento que el Ministerio Fiscal, «siempre actúa en los procedimientos judiciales «cumpliendo así con todas las garantías legales necesarias» y añade que «no obstante, las personas «menores de edad que están bajo la tutela de la Generalitat serán representadas y defendidas en juicio, sin perjuicio de las competencias que le puedan corresponder al Ministerio Fiscal, «por la Abogacía de la Generalitat».

Y añade que los órganos que los órganos que ejerzan la tutela pondrán «no obstante, encomendar esta representación y defensa en juicio a otras personas que cuenten con la experiencia y competencia necesaria, cuando el interés de la persona tutelada así lo aconseje».

De esta manera, según agrega el citado escrito, «se amplían las garantías judiciales de las personas menores de edad bajo la tutela de la Administración Pública valenciana» como un complemento legal «de las actuaciones encomiables realizadas en todo momento por el Ministerio Fiscal».

Sin embargo, tal como informó OKDIARIO en febrero de 2020, esta última premisa no se cumplió en el caso de la menor abusada por el marido, entonces, de Mónica Oltra: tuvo que comparecer en el juicio sin esa asistencia letrada de la Abogacía de la Generalitat Valenciana y fue la Fiscalía la que le prestó esa asistencia jurídica gratuita, según confirma esa propia información.