Los secretos del auto sobre la trama de Mallorca: «gomas», armas, más de un millón en efectivo y toneladas de droga

• Julio Bastida @juliobastidag
• Delegado en Baleares de OKDIARIO
• • 15/09/2026 04:00
  • Actualizado: 15/09/2026 04:00

Lanchas conocidas como «gomas» surcando el Mediterráneo, camiones cargados con miles de kilos de hachís, cocaína transportada a través de rutas marítimas, buques mercantes procedentes del sur de América, más de un millón de euros en efectivo, armas de fuego y silenciadores. Y una investigación que conecta Mallorca, Ibiza y Valencia y que, según el contenido del auto de la Audiencia Nacional, apunta a una estructura con una importante capacidad logística y económica.

El auto de la Audiencia Nacional que mantiene la prisión provisional de Ignacio Gonzalo Márquez, señalado en la investigación como uno de los presuntos responsables del entramado en Mallorca, dibuja un escenario de dimensiones extraordinarias. La Sala describe, a efectos de valorar los indicios y la necesidad de mantener la medida cautelar, una «compleja y muy potente organización criminal de ámbito internacional», una valoración que se enmarca en el análisis de las actuaciones realizadas durante la investigación.

La investigación sitúa al presunto narcoabogado dentro de ese complejo escenario. Según recoge el auto, las vigilancias y las medidas de investigación tecnológicas apuntarían a que sería «uno de los máximos responsables de la organización en Mallorca». Su función estaría relacionada, según el relato indiciario examinado por la Sala, con «la preparación de la logística legal para la introducción de dichas sustancias y el blanqueamiento de los beneficios económicos obtenidos».

Las cifras recogidas en la resolución permiten hacerse una idea de la magnitud de las operaciones investigadas. Entre los datos mencionados aparecen 2.360 kilos de hachís intervenidos en Ibiza, 675 kilos de cocaína incautados en Valencia y una operación frustrada relacionada, según el auto, con otros 3.000 kilos de cocaína. Son cantidades que forman parte de los elementos que la resolución toma en consideración al analizar la dimensión del entramado y los indicios existentes contra los investigados.

A estos datos se suma lo encontrado durante un registro realizado en Binissalem, donde fueron localizados 11 kilos de cocaína, 1.261.000 euros en efectivo, tres armas de fuego y tres silenciadores. La presencia de este dinero y del resto de efectos intervenidos aparece recogida en el conjunto de actuaciones que la Audiencia Nacional valora al pronunciarse sobre la situación procesal del investigado.

El auto describe asimismo una infraestructura logística basada, presuntamente, en embarcaciones neumáticas de gran potencia conocidas como «gomas», camiones, ferrys y conexiones entre Baleares y la península. La investigación dibuja así una operativa que habría utilizado diferentes medios de transporte y distintos puntos del territorio para el movimiento de las sustancias investigadas.

En este contexto aparecen también Mallorca, Ibiza y Valencia como escenarios vinculados a las actuaciones descritas en la resolución. La investigación menciona igualmente sociedades mercantiles relacionadas con el investigado y con otros miembros del entramado, otro de los elementos incorporados al conjunto de indicios analizados por el tribunal.

La Audiencia Nacional tiene en cuenta todo este conjunto de elementos para decidir sobre la prisión provisional de Ignacio Gonzalo Márquez. La medida cautelar se adopta mientras continúa el procedimiento y a partir de la valoración de los indicios y de las circunstancias procesales que recoge la resolución, por lo que el contenido del auto no supone por sí mismo una declaración definitiva sobre la responsabilidad penal del investigado.

El tribunal, de hecho, no está dictando una sentencia de culpabilidad. La condición de presunto narcoabogado responde al contexto de una investigación penal todavía pendiente de resolución definitiva y no equivale a una condena. Los hechos descritos en el auto forman parte de los indicios que están siendo examinados dentro del procedimiento, y será la resolución judicial que corresponda la que determine, en su caso, las responsabilidades penales que finalmente puedan existir.