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'Caso Koldo'

El juez cita como investigado al enviado de Koldo a Baleares para cerrar contratos Covid con Armengol

Nacho Díaz deberá declarar por los contratos conseguidos a dedo de los gobiernos de Baleares y Canarias

Díaz negoció los contratos con Patricia Gómez, ex consejera de Salud, después de que Koldo contactara con Armengol

Armengol y Gómez mostraron desde el primer momento una sumisión total a las pretensiones de la 'trama Koldo'

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado como investigado a Nacho Díaz Tapia, el empresario enviado por Koldo García a Baleares para cerrar un contrato millonario con el Govern de Francina Armengol para realizar PCR en el aeropuerto. Nacho Díaz negoció, y consiguió, contratos similares con el Gobierno de Canarias que presidía el hoy ministro Ángel Víctor Torres. Baleares y Canarias fueron las únicas comunidades que realizaron test masivos en sus aeropuertos a sugerencia de la trama Koldo.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó recientemente al juez Ismael Moreno, que investiga el caso Koldo, que citara como imputado a Nacho Díaz por los contratos de pruebas PCR firmados con los Ejecutivos de Canarias y Baleares. Ahora Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, ha dictado la providencia en la que cita como investigado a Nacho Díaz y a otras cuatro personas vinculadas a la trama Koldo y que son Luis Alberto Escolano, Javier Serrano, César Moreno García y María Piedad Losada. Todos ellos están implicados en los contratos Covid de la trama Koldo con los gobiernos de Baleares y Canarias.

Las citaciones de los cinco acusados derivan de la investigación realizada por la UCO. En su informe, la Guardia Civil aportaba una conversación entre Francina Armengol y Koldo García en la que éste se despedía con un «vale cariño, te mantengo informada», cuando le propuso que contratara a las empresas de Víctor de Aldama para las pruebas de detección del Covid en los aeropuertos de Baleares.

Tanto Armengol como su persona de máxima confianza, Patricia Gómez, entonces consellera de Salud, mostraron una sumisión total a las ofertas de la contratos Covid por parte de la trama Koldo.  Tal es así, que tras su conversación con Koldo, Armengol le facilitó de inmediato el teléfono de Patricia Gómez y ésta, aun estando de vacaciones, aceptó, también de inmediato, la reunión en Palma con Nacho García para negociar el contrato de las pruebas PCR.

La UCO sostiene que De Aldama y sus socios se lucraron con los test de Covid, aprovechando «la ventana de oportunidad que proporcionaba la relación privilegiada de De Aldama con las altas instancias» del Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos. Utilizaron para ello la empresa Fertinvest Consulting, contando con su socio Eurofins Megalab.

El Govern de Armengol firmó el primer contrato de emergencia con la empresa Eurofins Megalab en enero de 2021 por un importe de 464.064 euros y, el segundo, en mayo del mismo año, por 660.576 euros.

Los dos contratos  se adjudicaron de forma directa abusando de la vía de urgencia en lugar de convocar un concurso público. En aquellas fechas quedaba lejos el estado de alarma y nada justificaba que se firmaran contratos por vía de urgencia. De hecho, el informe realizado por la Oficina Anticorrupción de Baleares, ahora extinta, recriminaba al Govern de Armengol el abuso de los contratos de emergencia.

Tal y como revelan las conversaciones intervenidas por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la trama Koldo mantuvo conversaciones con Patricia Gómez y altos cargos del Servicio de Salud (IB-Salut) como Juli Fuster y Manuel Palomino y el entonces conseller de Transportes, Marc Pons, hoy diputado socialista en el Parlament.

«La Consejería de Salud está en el centro de la ciudad, Plaza de España 9. Os espero a partir de 09.30 horas no tengo agenda, por tanto no os preocupéis», escribió Patricia Gómez a Nacho Díaz para concertar la cita.

«Voy a intentar cambiar la reunión del viernes al jueves para poder estar el viernes por la mañana pronto allí y de esa manera no quitarte tiempo en tu día libre», respondió Nacho Díaz a la consellera de Salud, que acabó citándole en su despacho a primera hora del viernes 21 de agosto de 2020.

Según el informe de la UCO, el día de la reunión con Patricia Gómez, Nacho Díaz estuvo en contacto permanente con Víctor de Aldama, a quien informó de sus movimientos y del éxito del encuentro. «Como sigamos así, el chino no va a parar de hacer máquinas», le dijo Díaz en una conversación intervenida por la UCO. En ella hacía alusión al proveedor asiático del que se abastecía la trama. Aldama le contestó: «Que no pare, que no pare».

11 millones para la ‘trama koldo’

Los contratos adjudicados por el Gobierno autonómico de Francina Armengol suman 11 millones de pelotazo gracias a negocios durante la pandemia. Las sociedades que los socios de Aldama utilizaron para lucrarse fueron Soluciones de Gestión, Eurofins Megalab e Injoo Technology. Soluciones de Gestión aportó mascarillas defectuosas que no protegían y que costaron millones de euros públicos.

Injoo Technology, por su parte, se vio beneficiada con una adjudicación directa y sin convocatoria de concurso, por un valor de 6,1 de millones de euros. Detrás de esta sociedad aparece un empresario chino que aprovechó la crisis sanitaria para cambiar su objetivo social y, a través de los contactos que mantenía la trama de Aldama, logró adjudicarse un importante encargo de material de protección individual frente al virus, así como test de análisis del coronavirus. Todos estos contratos están bajo investigación judicial en la Audiencia Nacional a raíz de una querella interpuesta por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

El actual Govern balear que preside Marga Prohens (PP)  ha anunciado que auditará los dos primeros contratos con Eurofins. La auditoría de estos dos expedientes (que se suman al resto de contratos de emergencia suscritos durante la pandemia de la Covid) se realiza precisamente a raíz de la publicación de un demoledor informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil donde se hace referencia a la contratación de servicios a la empresa Eurofins Megalab, SA.