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«Sin datos, sin dirección y sin pasaporte»: denuncian la llegada de enfermos desde los aeropuertos a las Urgencias

No se trata únicamente de una discusión sobre la solidaridad o el derecho a la atención médica, sino de quién paga esos tratamientos y qué controles existen

«En mi hospital vienen a diario muchas personas muy ancianas y muy enfermas en silla de ruedas, recién bajadas del avión, sin datos, sin dirección, sin pasaporte…, nada. Entran por Urgencias y, por supuesto, colapsan todo el sistema». El mensaje, publicado en X por un usuario que asegura trabajar en un hospital, Pelayo Melania, pone palabras a una preocupación que empieza a aparecer también en las denuncias de profesionales sanitarios: la llegada a España de pacientes extranjeros que, tras ser diagnosticados de enfermedades graves en sus países de origen, viajan directamente a hospitales españoles para recibir asistencia.

No se trata únicamente de una discusión sobre la solidaridad o el derecho a la atención médica, sino de quién paga esos tratamientos, qué controles existen y hasta dónde puede llegar la responsabilidad de un sistema sanitario financiado con los impuestos de los ciudadanos.

El testimonio no es aislado en el debate público. El pediatra de Urgencias David Andina ha denunciado en X que en los hospitales se reciben pacientes procedentes de distintos países latinoamericanos, algunos de ellos con patologías complejas, que llegan directamente desde el aeropuerto. Andina menciona procedencias como Perú, Venezuela, Bolivia, Panamá, Colombia y Guatemala, y advierte de la posible existencia de intermediarios que facilitan estos desplazamientos. Su denuncia apunta, además, a una evolución del fenómeno: de los menores con cáncer que protagonizaron anteriores informaciones, se habría pasado también a pacientes adultos con enfermedades graves.

La polémica coincide con la campaña que el Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, lanzó el pasado 5 de noviembre para informar a los inmigrantes de que pueden acceder a la sanidad pública española con independencia de su situación administrativa. El vídeo, difundido en varios idiomas y con un coste superior a los 140.000 euros, insiste en que quienes viven en España tienen derecho a una atención sanitaria completa y les invita a acudir a su centro de salud. Sin embargo, este vídeo ha sido utilizado para atacar a las comunidades autónomas y buscar el voto extranjero.

El Real Decreto-ley 7/2018 estableció el acceso a la asistencia sanitaria de los extranjeros sin residencia legal, pero también fijó condiciones para que esa atención corra a cargo de fondos públicos: que no exista obligación de acreditar cobertura por otra vía, que no puedan exportar el derecho sanitario desde su país de origen y que no haya un tercero obligado al pago.

A esa regulación se suma el Real Decreto 180/2026, aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez el pasado marzo, que desarrolla el procedimiento para reconocer ese derecho. La norma permite que, una vez presentada la solicitud, se entregue un documento provisional que facilita el acceso a la asistencia mientras se tramita el expediente.

La cuestión, por tanto, no es cuestionar que un hospital atienda a una persona que llega en una situación de gravedad. La obligación médica de prestar asistencia urgente no está en discusión. El interrogante es qué sucede después: quién comprueba la situación administrativa y sanitaria, quién identifica al responsable del pago, qué mecanismos existen para reclamar el coste al país de origen o a una aseguradora y qué ocurre cuando el paciente necesita un ingreso prolongado, una intervención quirúrgica o un tratamiento oncológico de cientos de miles de euros.