El PP carga contra la «soberbia» de Sánchez y García: «Han llevado a los médicos a la huelga indefinida»
Para los populares, el anuncio de la huelga indefinida demuestra que el conflicto "está completamente enquistado"
El Partido Popular eleva el tono contra el Gobierno tras el anuncio de una huelga indefinida de médicos en toda España a partir del próximo 28 de octubre. Los populares consideran que la escalada del conflicto en torno al Estatuto Marco es consecuencia directa de la «soberbia», la «imposición» y la falta de diálogo del Ejecutivo de Pedro Sánchez y, especialmente, de la ministra de Sanidad, Mónica García.
Fuentes de Génova sostienen que el Gobierno «ha decidido ignorar durante meses las reivindicaciones de los médicos» y que ahora se encuentra ante las consecuencias de haber llevado adelante una reforma que, a juicio del PP, «no cuenta con el respaldo de quienes tendrán que aplicarla cada día en hospitales y centros de salud».
Para los populares, el anuncio de la huelga indefinida demuestra que el conflicto «está completamente enquistado». Los sindicatos médicos han fijado el 28 de octubre como fecha de inicio de un paro indefinido para reclamar una negociación real y un Estatuto Médico y Facultativo propio que reconozca las particularidades de la profesión.
Desde Génova recuerdan que el PP lleva meses reclamando la retirada del proyecto de Estatuto Marco impulsado por Mónica García y denunciando que la reforma se ha planteado «de espaldas a los médicos y a las comunidades autónomas». El partido ya registró en el Congreso una iniciativa para exigir al presidente del Gobierno la retirada de la reforma.
«Sánchez y su ministra han conseguido lo que parecía imposible: poner de acuerdo a los médicos en una huelga indefinida», señalan fuentes populares, que consideran que el Ejecutivo «ha preferido proteger a Mónica García antes que resolver un problema que afecta directamente a millones de pacientes».
Viabilidad económica
El PP pone además el foco en la viabilidad económica y organizativa de la reforma. Los populares cuestionan que el Ministerio haya explicado con claridad cuánto costará aplicar las nuevas condiciones laborales y, sobre todo, de dónde saldrán los recursos necesarios para aumentar las plantillas y reorganizar la actividad asistencial.
Para Génova, este es precisamente uno de los principales problemas de la reforma: «No se puede aprobar una norma que obliga a cambiar la organización de los hospitales sin decir cuántos médicos hacen falta, cuánto va a costar y quién va a pagar la factura», sostienen fuentes del PP.
Consideran además que el Gobierno está trasladando a las comunidades autónomas una responsabilidad que no puede limitarse a ellas. El Sistema Nacional de Salud está descentralizado y son las autonomías las que gestionan los servicios sanitarios, las plantillas y buena parte de las condiciones laborales. De hecho, varias comunidades gobernadas por el PP ya han mostrado sus discrepancias con determinados aspectos del proyecto.
«Mónica García ha creado un problema donde tenía que haber buscado un acuerdo», denuncian desde el PP. Y añaden que Pedro Sánchez «no puede mirar hacia otro lado» porque, aunque la gestión sanitaria esté transferida, el Estatuto Marco es una iniciativa del Gobierno central.
Huelga contra Pedro Sánchez
La crítica de los populares apunta directamente al presidente. «Esta huelga también es una huelga contra Pedro Sánchez», sostienen fuentes de Génova, que consideran que el jefe del Ejecutivo «ha respaldado personalmente» la estrategia de su ministra y, por tanto, «tendrá que asumir las consecuencias políticas y sanitarias».
El PP advierte además de que los principales perjudicados serán los ciudadanos. Una huelga médica indefinida en un sistema que ya arrastra problemas de listas de espera, déficit de profesionales y sobrecarga asistencial «sólo puede traducirse en más retrasos, más consultas aplazadas y más intervenciones que tendrán que ser reprogramadas», apuntan los populares.
Los propios sindicatos médicos reconocen que la huelga tendrá impacto asistencial, aunque defienden que la protesta pretende precisamente forzar una negociación que permita mejorar las condiciones de los facultativos y, con ello, la atención a los pacientes.
«La Sanidad pública no necesita una batalla política del Gobierno contra sus propios médicos», sostienen. «Necesita profesionales, recursos, planificación y diálogo».
El 28 de octubre será, por tanto, una fecha clave. Los médicos han pasado de las movilizaciones puntuales a una huelga indefinida y el Estatuto Marco entra ahora en su fase parlamentaria. El Gobierno tendrá que decidir si mantiene el pulso o si intenta recuperar una negociación que los facultativos consideran rota.
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