¿Víctimas de primera y víctimas de segunda?

Pese a que las pulseras antimaltrato han presentado fallos recurrentes, como su desconexión de forma intermitente y los frecuentes errores de lectura de datos, el Ministerio de Igualdad ha decidido no cambiar de dispositivo a quienes lo siguen utilizando en la actualidad, pues los nuevos modelos sólo serán para los nuevos usuarios. En suma, que habrá dos modelos diferentes, pues el Gobierno insiste en que las pulseras no han fallado y que las deficiencias se han producido como consecuencia de la migración de datos, cuando se cambió de operador.

Algo no cuadra: si las pulseras, según el departamento de la ministra Ana Redondo, funcionaban a la perfección, ¿por qué se ha licitado un nuevo contrato de 71 millones de euros, 12 millones sólo para las nuevas pulseras que utilizarán quienes se incorporen a partir de ahora al sistema de protección?

OKDIARIO fue el primer medio de comunicación que denunció que el problema no estaba sólo en la migración de datos al cambiar de operador, sino que el Ministerio de Igualdad cambió de modelo de pulseras, sustituyendo las que funcionaban por otras considerablemente más baratas que terminaron dando numerosos problemas, como denunciaron las mujeres víctimas, el CGPJ y la Fiscalía. Es más, no pocos maltratadores se fueron de rositas en los procesos judiciales al no poder probarse que habían violado las órdenes de alojamiento, al no poder corroborarse por problemas técnicos las denuncias presentadas.

Igualdad lo negó todo, pero en el nuevo contrato las pulseras serán distintas, si bien sólo de aplicación para los nuevos usuarios. Algo no encaja: si las pulseras funcionaban perfectamente —como defiende el Ministerio de Igualdad—, ¿qué razón hay para cambiarlas por otras? ¿Y si se cambian los dispositivos por otros bajo el argumento de que son mejores, por qué seguir un gran número de usuarios con el modelo anterior, siendo objetivamente peores? ¿No sería más lógico y práctico unificar todos los modelos y dejarse de experimentos?