España es un Estado de Derecho, también dentro del Valle de los Caídos

Los magistrados han considerado, por unanimidad, que la exhumación de los restos del dictador Franco ha de suspenderse cautelarmente hasta que el recurso presentado por la familia tenga resolución definitiva. No cabe sino celebrar la decisión del Tribunal Supremo, porque la instrumentalización del Gobierno de Pedro Sánchez sobre este asunto ha sido tan burda que sobrepasa el calificativo de obscena. Dada su precaria forma de entrar en La Moncloa, a través de una moción de censura, y sabiendo que la fecha de unos próximos comicios estaba próxima, Sánchez era consciente de que necesitaba succionar votos con rapidez a Podemos, su principal rival por la izquierda. De ahí su obstinada y extemporánea decisión de exhumar los restos del dictador.

Decimos extemporánea porque Franco, fallecido en 1975, lleva enterrado en esa basílica pontificia desde entonces.  Y era tanto el ímpetu y las prisas de Sánchez que parecía que desde ese año no hubiera sucedido nada de relevancia política en España. Y sí, entre otras cosas ha sucedido que España es una de las democracias más avanzadas del planeta, que han sido seis los Presidentes del Gobierno -dos de ellos de signo socialista- que han regido el destino de los españoles con el militar ferrolano sepultado todo ese tiempo en el mismo lugar, y que nuestro país, en definitiva, goza de un Estado de Derecho ejemplar, tal y como por cierto ha reconocido la Unión Europea en relación con las delirantes objeciones del señor Puigdemont.

Ni en España ni en ningún lugar del mundo donde impere la ley puede hacerse lo que pretende realizar Sánchez: exhumar por Real Decreto a un individuo sólo porque al Ejecutivo de turno no le gusta dónde yace. Pero lo cierto es que los forcejeos del Gobierno socialista están generando un paradójico efecto bumerán; sirven, por contraposición, para demostrar que Franco está legalmente enterrado en el Valle de los Caídos.  La cada día más evidente derrota de Sánchez en este asunto es signo de la fortaleza de nuestro Estado de Derecho, que queda de relieve con la independencia del poder judicial en su toma de decisiones.

En cualquier caso, si algún día se produjese la exhumación del dictador Franco, y ello sucediera de forma ordenada, de acuerdo con la ley, esta decisión nos alegraría. Con la accidentada Historia que nuestro país ha tenido en la era contemporánea, España, en sus espacios públicos, necesita símbolos de concordia, que tengan -por así decirlo- un valor medicinal, curativo, que fomenten la cultura del encuentro y de la convivencia. Algo nada difícil de lograr por otra parte, dado que, si bien nuestro país, como decíamos hace un momento, en la edad contemporánea ha tenido una Historia escabrosa, con guerras civiles, dictaduras, revueltas y golpes de Estado, cuenta, por otra parte, con siglos de Historia a sus espaldas en los que abundan personajes y sucesos dignos de ser recordados y admirados por todos.

Para avanzar por esta senda, convendría retirar cuanto antes de nuestras calles, plazas y rotondas los nombres de Santiago Carrillo, Francisco Largo Caballero o Dolores Ibárruri, por citar sólo los ejemplos más conocidos. Ellos, y muchos otros, dieron órdenes directas de torturar y asesinar a miles de ciudadanos en base a estrictos criterios de odio ideológico. Muchas mujeres, jóvenes o ancianas, fueron violadas y asesinadas por el hecho de ser católicas o genéricamente de derechas. No pocas de ellas eran de extracción social humilde. Muchos jóvenes, algunos niños, acabaron tirados en una cuneta con un par de tiros en la nuca por cometer el mismo «delito». Los nombres de estos notorios líderes socialistas y comunistas no merecen presidir nada en un país decente. Rescatemos otros ejemplos más felices para fomentar el encuentro en torno a consensos básicos. Nuestra democracia saldrá fortalecida y tenemos baúl histórico de sobra para lograrlo.