Patricia Gómez: «Cuidar del monte debe dejar de ser una carga y convertirse en una actividad reconocida y viable»

Este verano ha vuelto a estar marcado por incendios forestales tan trágicos como el sufrido en julio en los Gallardos (Almería), que se saldó con 14 víctimas mortales, o los que arrasaron con más de 77.000 hectáreas en Madrid, Ávila y Toledo a finales del mismo mes.

Para la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE), que agrupa a los propietarios de montes privados —que suponen el 72% de la superficie forestal de nuestro país— los fuegos evidencian el «fracaso de una política forestal que, durante demasiado tiempo, no ha respondido a la realidad diversa, compleja y cambiante de los montes españoles».

Por ello, desde COSE reclaman un Pacto de Estado por los Bosques que reconozca la gestión forestal sostenible como una prioridad estratégica para España. Uno de los puntos clave de esta demanda es la puesta en marcha de mecanismos de compensación por los servicios ecosistémicos.

Beneficios

Estos servicios ecosistémicos son los beneficios directos e indirectos que aportan los ecosistemas funcionales a los seres humanos como, por ejemplo, la captura de carbono, la regulación del agua o la reducción del riesgo de incendios.

Para los propietarios forestales, el reconocimiento social y económico de los servicios ecosistémicos puede suponer un punto de inflexión tanto en materia de prevención de incendios como para la dinamización económica del mundo rural. De todo ello hablamos en la siguiente entrevista con Patricia Gómez, gerente de COSE.

Externalidades no remuneradas

OKGREEN: Los servicios ecosistémicos benefician a toda la sociedad, pero son posibles gracias al esfuerzo de unos pocos: los gestores forestales. ¿Es consciente la sociedad de la existencia de estas externalidades positivas no remuneradas?

Patricia Gómez: Creemos que todavía existe una enorme desconexión entre la sociedad que disfruta de los servicios que proporcionan los montes y las personas que los mantienen.

Todos damos por hecho que queremos agua de calidad, suelos protegidos frente a la erosión, biodiversidad, paisaje, captura de carbono o montes más resilientes frente a los incendios, pero pocas veces nos preguntamos quién asume el coste de mantener esa infraestructura natural en buenas condiciones.

En los montes privados, una parte importante de ese coste recae directamente sobre el propietario. Hay que hacer tratamientos selvícolas, mantener accesos, controlar densidades, favorecer la regeneración, prevenir plagas o reducir combustible. Sin embargo, muchos de los beneficios que genera esa gestión no tienen precio de mercado y los disfruta gratuitamente el conjunto de la sociedad.

Ahí está la paradoja: el propietario paga por gestionar, mientras que buena parte del valor que produce su monte beneficia a terceros. Por eso COSE lleva años defendiendo que debemos pasar de considerar estos servicios como simples «externalidades positivas» a reconocerlos como verdaderos servicios prestados a la sociedad.

No hablamos de subvencionar la propiedad de un monte: hablamos de remunerar una gestión que produce resultados ambientales verificables de interés general.

Mecanismos de remuneración

P.: ¿Tenéis alguna propuesta concreta para un posible desarrollo de estos mecanismos de remuneración?

R.: Sí. COSE defiende un sistema mixto, estable y verificable. No creemos que exista una única fórmula. El primer pilar debería ser público: un Fondo Forestal que permita remunerar servicios ecosistémicos vinculados a una gestión forestal sostenible y acreditada. De hecho, esta figura ya está contemplada en el Plan Forestal Español 2022-2032.

Esta propuesta no parte de cero ni es una reivindicación nueva del sector forestal. Ya en 2017, la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso aprobó —sin ningún voto en contra— una Proposición no de Ley para crear un Fondo Forestal Nacional destinado, entre otros objetivos, a compensar a los titulares de montes que, mediante una gestión sostenible, generan servicios ambientales que disfruta toda la sociedad.

Lo especialmente relevante es que entonces ya se plantearon fuentes concretas de financiación, como un porcentaje de las subastas de derechos de emisión, aportaciones vinculadas a los servicios que los montes prestan al ciclo del agua y a los combustibles fósiles, además de los Presupuestos Generales del Estado.

Casi una década después, creemos que ha llegado el momento de pasar del reconocimiento político a su aplicación efectiva.

Colaboración público-privada

P.: ¿Y cuál sería el papel del sector privado?

R.: El segundo pilar de esta propuesta debería ser la colaboración público-privada. Empresas, compañías de agua, sector energético, aseguradoras o entidades interesadas en biodiversidad, carbono o conservación del territorio pueden financiar directamente servicios concretos mediante contratos con propietarios y agrupaciones forestales.

También pueden desarrollarse mercados rigurosos de carbono, biodiversidad, regulación hídrica o restauración, siempre con sistemas de medición, certificación y seguimiento que eviten el greenwashing.

Nos parece especialmente interesante la experiencia de Costa Rica, donde se sustituyó la lógica del subsidio por la del reconocimiento económico de los servicios que presta el bosque. Allí se remuneran servicios como fijación de carbono, protección de la biodiversidad, protección del agua y paisaje, mediante un sistema con financiación estable, contratos y seguimiento técnico.

España no tiene que copiar literalmente ese modelo, pero sí aprender de su filosofía: quien produce un servicio ambiental que beneficia al conjunto de la sociedad debe poder percibir una contraprestación por mantenerlo.

A ello añadiríamos incentivos fiscales. La fiscalidad puede reconocer económicamente la gestión mediante deducciones por inversiones en conservación y mejora del monte, favorecer las agrupaciones de propietarios y reconocer la gestión forestal sostenible como actividad de interés general.

Valor de los montes

P.: ¿Existe algún cálculo sobre cuánto podrían aumentar estos servicios ambientales si fueran correctamente remunerados?

R.: No existe actualmente una estimación nacional suficientemente rigurosa. Precisamente necesitamos desarrollar indicadores y metodologías que permitan medir cómo evoluciona cada servicio en función de la gestión realizada.

Lo que sí sabemos es que el valor económico de los montes es muchísimo mayor que el que aparece reflejado en el mercado. Una valoración realizada en el marco del Tercer Inventario Forestal Nacional estimó el valor económico total de la superficie forestal española en más de 200.000 millones de euros. Una parte muy importante correspondía precisamente a valores ambientales y recreativos que no generan una renta directa para el propietario.

La pregunta, por tanto, no debería ser únicamente cuánto aumentarían los servicios ecosistémicos, sino cuánto podríamos mejorar la gestión de millones de hectáreas si una pequeña parte del valor que esos montes generan para la sociedad retornara a quienes los mantienen.

Prevención de incendios

P.: ¿El reconocimiento social y económico de los servicios ecosistémicos podría contribuir también a la prevención de incendios?

R.: Absolutamente. Para COSE esta es probablemente una de las conexiones más importantes. Uno de los grandes problemas de nuestros montes es que muchas actuaciones preventivas cuestan dinero, pero no generan suficiente retorno económico. Si incorporamos la reducción del riesgo de incendios y la mejora de la resiliencia como servicios ecosistémicos verificables, podemos transformar completamente la lógica económica de la prevención.

En lugar de esperar a que el monte sea rentable únicamente mediante una corta que quizá llegue dentro de treinta, cuarenta o cincuenta años, el propietario podría recibir ingresos periódicos por mantener durante todo ese tiempo una estructura forestal que presta servicios a la sociedad.

Eso favorecería algo que para nosotros es fundamental: que haya propietarios activos y montes gestionados durante todo el año. Un mecanismo de pago por servicios ecosistémicos no sustituiría a la política pública de prevención, pero podría multiplicar su eficacia movilizando inversión privada y haciendo económicamente viable la gestión preventiva.

Economía de la conservación

P.: Se habla mucho de lo necesario que es fortalecer la prevención de incendios, pero no terminamos de coger el toro por los cuernos.

R.: Hay una cuestión de fondo que nos parece esencial: España debe decidir si quiere seguir pagando casi exclusivamente cuando el servicio ecosistémico ya se ha perdido o empezar a pagar para conservarlo.

Después de un gran incendio gastamos recursos públicos en extinción, restauración, reparación de infraestructuras, ayudas a los afectados y recuperación ambiental. Sin embargo, antes del incendio seguimos teniendo enormes dificultades para financiar al propietario que quiere mantener gestionado su monte.

Tenemos que invertir esa lógica. El objetivo último no es crear una nueva ayuda: es crear una economía de la conservación y de la gestión forestal que permita que cuidar un monte deje de ser una carga económica y se convierta en una actividad reconocida y viable.

Abandono y despoblación

P.: ¿De qué manera esta valoración de los servicios ecosistémicos podría contribuir a frenar el abandono y la despoblación del mundo rural, que es precisamente una de las causas de los incendios?

R.: La remuneración de los servicios ecosistémicos puede ser una herramienta muy importante para combatir el abandono rural, pero debemos ser rigurosos: por sí sola no va a revertir la despoblación. Tiene que formar parte de una verdadera economía forestal que permita vivir y trabajar en el territorio.

En gran parte de España, la baja rentabilidad del monte ha provocado el abandono progresivo de aprovechamientos forestales, ganadería extensiva y otros usos tradicionales que durante generaciones mantenían el territorio gestionado.

Si un propietario recibe una renta estable por mantener carbono almacenado, mejorar la biodiversidad, proteger una cuenca hidrográfica, conservar el suelo o mantener un monte más resiliente frente al fuego, esa renta complementaria puede hacer viable una gestión que hoy económicamente no lo es.

Y lo importante es que ese dinero no se queda necesariamente en el propietario: genera actividad alrededor del monte. Hay que contratar cuadrillas, empresas forestales, pastores, técnicos, maquinaria, viveros, transportistas o aprovechamientos de madera y biomasa.

Esto genera además un círculo virtuoso frente a los incendios: más actividad económica significa más aprovechamiento de biomasa, más tratamientos selvícolas, más ganadería extensiva, más caminos mantenidos y, sobre todo, un territorio habitado y gestionado durante los doce meses del año.

El resultado no es un monte que «no pueda arder» —eso científicamente no sería correcto—, sino un paisaje con menor carga y continuidad de combustible, más resiliente y donde existen mayores oportunidades para que los medios de extinción puedan trabajar con seguridad y eficacia.

Si conseguimos que una parte del valor que los territorios rurales generan para toda la sociedad retorne a quienes los gestionan, estaremos financiando simultáneamente conservación, prevención de incendios, actividad económica y permanencia de población en nuestros pueblos.