Las organizaciones ecologistas trasladan a Aagesen los grandes desafíos a los que se enfrenta España

El G5 ecologista español, es decir, las cinco principales organizaciones ambientalistas (Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF), se han reunido esta mañana por primera vez con la ministra para la Transición Ecológica y vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, «para trasladarle sus preocupaciones respecto a la crisis ecológica y social».

En concreto, han trasladado a la ministra un documento con numerosas demandas concretas que han girado en torno a tres ejes. Éstos pueden resumirse en la conservación de la naturaleza, la lucha, protección y adaptación frente a la emergencia climática y, por último, la salvaguarda del territorio y la seguridad de una vida sana y una economía circular.

En el comunicado conjunto, las cinco entidades desgranan una larga lista con «los principales desafíos a los que se enfrenta España», como «la mitigación, la protección y la adaptación frente al cambio climático, el freno de la pérdida de biodiversidad, la lucha contra la contaminación, un sistema alimentario sostenible, la detención de la sobreexplotación del territorio y del agua».

Ecología social

Además, entre los retos que España debe hacer frente también enumeran tema como «la protección de las personas más vulnerables frente a los efectos de la crisis ecológica y la perspectiva de género en todas las políticas».

Para las organizaciones ecologistas, estos desafíos «requieren de la coordinación y colaboración de todos los ministerios. Sin embargo, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico tiene una responsabilidad central en abordar estas cuestiones desde una visión ambiciosa, transversal y de largo plazo».

Conservación de la naturaleza

El primero de los ejes giran en torno a la conservación de la naturaleza «para proteger la vida». Argumentan que ante el grave proceso de pérdida de biodiversidad, «es necesario adoptar medidas extraordinarias para cumplir con el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal, y especialmente las 23 metas orientadas a detener la pérdida de biodiversidad en 2030».

Estas metas son «el frenar la fragmentación de hábitats y consolidar una red coherente de zonas naturales, incrementar la protección de los ecosistemas marinos y costeros y avanzar en las medidas encaminadas a una gestión del territorio forestal».

En especial, solicitan «el establecimiento por parte de las comunidades autónomas de mecanismos y condiciones para incentivar las externalidades positivas de los terrenos que se hallen ubicados en espacios declarados protegidos o en los cuales existan acuerdos de custodia del territorio.»

Emergencia climática

La segunda de las peticiones de los ecologistas a la ministra Aagesen gira en torno a «luchar, protegerse y adaptarse frente a la emergencia climática. La DANA del pasado mes de octubre debe marcar un antes y un después. España debe elevar su ambición climática para cumplir con sus responsabilidades internacionales».

Además, alertan que «la adaptación a los impactos del cambio climático es urgente y debe priorizar a las personas más vulnerables y a las soluciones basadas en la naturaleza».

Sector energético

Reclaman que el sistema energético «debe ser más justo, democrático y sostenible, empoderando a la ciudadanía y reduciendo los abusos del oligopolio eléctrico».

En este segundo apartado de peticiones también se fijan en el despliegue de energías renovables que «debe ser compatible con la biodiversidad, la producción sostenible de alimentos y las necesidades locales, evitando malas prácticas y enfoques descontrolados, y la reducción de la sobre explotación del agua por las principales demandas para garantizar su disponibilidad, calidad y la protección de los ecosistemas acuáticos».

Territorio y economía circular

La tercera pata de las peticiones de los ecologistas españoles a Aagesen, van encaminadas a «salvaguardar el territorio y asegurar una vida sana y una economía circular». Para poder afrontar este reto describen que es necesario actuar en varios frentes:

1. La regulación de la actividad minera debe adaptarse a los estándares más estrictos de sostenibilidad y seguridad
2. Deben implantarse planes de acción que protejan el suelo frente a su uso como receptor de residuos mezclados de la industrial y la agricultura
3. Garantizar el derecho a un aire limpio mediante el cumplimiento de normativas más estrictas y la implementación de medidas locales eficaces
4. Reducir la generación de residuos y su toxicidad es esencial para avanzar hacia una economía circular y sostenible.

«La crisis climática y ecológica está asociada a su vez con una crisis social donde las personas en situación de mayor vulnerabilidad sufren los impactos ambientales con mayor intensidad. Entendemos que sin justicia social no habrá transición ecológica: sólo mediante la acción coordinada y coherente de las distintas políticas sectoriales será posible satisfacer los objetivos que la transición ecológica justa nos demanda en este tiempo crucial», han concluido las organizaciones.