Greenpeace suspende a España pese al impulso renovable: la alarmante razón detrás de la crisis energética que nadie te había contado

Greenpeace sitúa a España entre los países con peor respuesta ante la crisis energética, al considerar que las medidas adoptadas para hacer frente al impacto del conflicto en Oriente Medio mantienen una fuerte dependencia de los combustibles fósiles. El informe, que analiza las políticas aplicadas por siete países europeos, concluye que una parte importante de los recursos públicos movilizados durante la crisis se ha dirigido a medidas de apoyo al consumo energético tradicional.

Según Greenpeace, esta estrategia puede dificultar la transformación del sistema energético y aumentar la exposición de los países ante nuevas tensiones geopolíticas, fluctuaciones de precios y futuras crisis internacionales. El estudio estima que las medidas aprobadas por los siete países europeos analizados alcanzan un valor global de 9.900 millones de euros. Según Greenpeace, la mayor parte de estos recursos, concretamente el 86%

El suspenso de Greenpeace a España

«Tras escalada de precios impulsada por el choque energético derivado de la guerra ilegal en Irán, que se inició a finales de febrero, España asignó un presupuesto considerable para el paquete de medidas destinado a proteger la economía frente a los impactos del conflicto. Según el análisis del laboratorio de ideas (think tank) Bruegel, los gobiernos europeos habían comprometido hasta ese momento más de 11.826 millones de euros en medidas fiscales destinadas a reducir el impacto de la guerra sobre las facturas energéticas. Según esta institución, el 86% de los fondos destinados incentivaban el consumo de combustibles fósiles en lugar de favorecer el ahorro energético o la inversión en alternativas más sostenibles. Además, el 54% de estas ayudas se basaba en medidas universales, sin una orientación específica hacia los colectivos más afectados. Por tanto, la naturaleza contradictoria del plan español también se reflejaba en las decisiones adoptadas por otros países europeos», detalla Greenpeace en su informe.

El análisis metodológico elaborado por Greenpeace17 pone de manifiesto una importante contradicción en la forma en la que los países de la Unión Europea evaluados han respondido a la crisis energética provocada por la guerra de Irán. Ninguno de los Estados analizados presenta una estrategia plenamente coherente con los objetivos de transición energética y, en cambio, una parte significativa de los recursos se ha destinado a medidas de «rescate fósil». De hecho, únicamente Países Bajos, España y Suecia incluyen actuaciones consideradas compatibles con el proceso de descarbonización.

La evaluación global sitúa a Países Bajos como el único país que supera el análisis, al encabezar la clasificación con una puntuación positiva de +120, correspondiente al nivel «verde bajo». En la situación contraria aparece España, que pese a contar con el segundo paquete de medidas de transición mejor valorado, registra el resultado más desfavorable del conjunto estudiado, con una puntuación de -380 y una clasificación de riesgo «medio» por dependencia de los combustibles fósiles. Según el informe, la principal causa de este resultado es el elevado volumen de ayudas generales de «rescate fósil», que en el caso español supera ampliamente las de Alemania e Irlanda.

En una posición intermedia se encuentran Alemania (-320), Grecia (-330), Irlanda (-370) y Portugal (-270), países que permanecen en un escenario de riesgo “medio” de consolidación de la dependencia fósil. En estos casos predominan las medidas orientadas a determinados colectivos vulnerables, aunque siguen teniendo un peso relevante las ayudas vinculadas al mantenimiento del consumo energético tradicional.

Medidas

Existen medidas de transición ecológica capaces de reducir al mismo tiempo el impacto económico sobre la ciudadanía y la presión ambiental sobre el planeta. Estas soluciones permiten responder a las vulnerabilidades actuales mientras se construye una mayor capacidad de adaptación frente a los desafíos futuros. Para lograrlo, Greenpeace considera necesario impulsar una inversión pública más responsable y eficiente, además de avanzar cualitativamente en las medidas de transición ya adoptadas.

El informe señala que es imprescindible centrar las políticas en las personas más afectadas por la inestabilidad de los combustibles fósiles y por los efectos del cambio climático. También reclama reforzar la regulación sobre los mercados especulativos, reducir de manera estructural la dependencia de los combustibles fósiles importados y acelerar el cambio hacia un modelo energético más sostenible. Según la organización, existen alternativas viables para abandonar la dependencia del petróleo, el gas, los agroquímicos y otros sectores dominados por grandes intereses corporativos.

Dentro de su propuesta de «Escudo Social Verde 22», Greenpeace propone crear un impuesto específico a los vuelos privados VIP23 y eliminar aquellas conexiones aéreas innecesarias que cuenten con alternativas de transporte sostenible. Además, plantea establecer un abono único de transporte público, universal, asequible y permanente en todo el territorio, con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes, disminuir la dependencia del vehículo privado y favorecer modelos de conciliación laboral como el teletrabajo.

Greenpeace apuesta por impulsar las comunidades energéticas locales mediante la redistribución de los recursos actualmente destinados a subvencionar los combustibles fósiles. También defiende una planificación del despliegue de energías renovables que garantice criterios sociales y ambientales. Entre sus propuestas destaca la creación de una Reserva Estratégica de Almacenamiento Verde que sustituya a las antiguas reservas de petróleo y gas.