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España inicia el procedimiento para elaborar un nuevo censo sobre la situación del lobo ibérico

El grado de protección de la especie se determinará tras la recopilación de los datos que deberán ser validados por Bruselas

Lobo peligro
Lobo peligro
Antonio Quilis Sanz
  • Antonio Quilis Sanz
  • Periodista especializado en información medioambiental desde hace más de 20 años y ahora responsable de OKGREEN en OKDIARIO. Antiguo director de El Mundo Ecológico y colaborador en temas de medioambiente, ecología y sostenibilidad en Cadena Ser.

El Ministerio para la Transición Ecológica español ha iniciado el procedimiento para elaborar un nuevo censo del lobo ibérico (Canis lupus) y determinar posteriormente cómo se reflejará su grado de protección.

El último censo se elaboró en 2014 y determinó que el lobo estaba en una situación «desfavorable» y se puso en marcha el procedimiento para su inclusión en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especia (LESPRE).

La Estrategia Nacional de Conservación y Gestión del lobo, aprobada en 2005 por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, recomienda actualizar dicho censo, al menos cada 10 años, por lo que el próximo año tendría que estar realizado.

Nuevo informe a Bruselas

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha explicado en declaraciones a la prensa en Torrelavega, que ahora hay que remitir un nuevo informe sexenal a Bruselas, el último fue en el año 2019, por lo que el Ministerio debe iniciar el nuevo procedimiento para elaborar un nuevo censo.

Morán ha puesto énfasis en que ahora es «imprescindible» la colaboración de las comunidades autónomas, de forma que se determine, en función de los datos, si la situación «es igual, mejor o peor» que en 2014, por lo que «sería conveniente que las comunidades autónomas incorporen lo antes posible los datos».

Sobre una posible rebaja en la protección, ha precisado que, una vez que se constata la situación de la especie, cualquier institución, organismo o colectivo, mediante aportación de un informe científico motivado, puede solicitar su «reclasificación», un resultado que dependerá de si «ha mejorado, empeorado o se mantiene igual» y que se remite a Bruselas para que lo valide.

Procedimiento homogéneo

Ha reiterado que, en función de los datos actualizados que aporten las comunidades autónomas, se ajustará el grado de protección de esta especie y ha solicitado que el procedimiento tiene que ser «homogéneo» en todo el país y las comunidades deben asumir el criterio que se marca a nivel estatal.

El secretario de Estado ha abordado este asunto con las organizaciones agrarias cántabras, para trasladarles información «transparente, vez y accesible» sobre un tema que les «preocupa», ha dicho, y sobre el que hay «bastante desinformación, mucha confusión e incertidumbre».

Aumento del lobo ibérico

En agosto de este año la Fundación Artemisan dio a conocer el informe El lobo ibérico en España: poblaciones y efectos en la ganadería realizado a tenor de la revisión del estado de conservación de la especie, un informe que se ha enviado a la Unión Europea y que la propia Comisión europea ha reclamado a las partes implicadas de los distintos estados.

El documento reflejaba que la población de lobo ibérico en España «ha experimentado un crecimiento del 26 % desde el último censo nacional realizado entre los años 2012 y 2014.

Artemisan expresaba en el informe que «actualmente se puede hablar de la presencia unas 400 manadas compartidas entre comunidades autónomas y unas 380 exclusivas, lo que supone media de unos 2.800 ejemplares en nuestro país».

Desafíos por el regreso del lobo

El pasado 5 de septiembre la Comisión anunció el inicio de una nueva fase en su trabajo para abordar los desafíos relacionados con el regreso de los lobos y la población de lobo en el continente.

En septiembre, la presidenta Úrsula von der Leyen declaró que «la concentración de manadas de lobos en algunas regiones europeas se ha convertido en un peligro real para el ganado y potencialmente también para los humanos. Insto a las autoridades locales y nacionales a tomar medidas cuando sea necesario. De hecho, la legislación actual de la UE ya les permite hacerlo».