Debate zanjado: el dictamen de la Corte Internacional de Justicia de cambio climático no es vinculante

El miércoles 23 de julio, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, emitió un histórico dictamen en el que se hace un inequívoco llamamiento a todos los países a actuar de forma decidida contra el cambio climático, tal y como exige el derecho internacional.

La CIJ deja claro en esta opinión consultiva que el calentamiento global es un «riesgo universal» existencial, causado «inequívocamente» por la actividad humana. Como consecuencia, los Estados miembro tienen que adoptar medidas para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados, como pide el Acuerdo de París.

Esta opinión consultiva, solicitada por la Asamblea General de la ONU en abril de 2023, también concluye que el derecho internacional establece que los Estados tienen «el deber de prevenir daños significativos al medioambiente actuando con la debida diligencia» y de «utilizar todos los medios a su alcance» para impedir que las actividades realizadas bajo su jurisdicción o control causen «daños significativos» al sistema climático.

Opinión histórica

Para António Guterres, secretario general de la ONU, esta es una opinión «histórica» que implica que todos los Estados están obligados por el derecho internacional a proteger el clima global. Según el mandatario, se trata de «una victoria para nuestro planeta, para la justicia climática y para el poder de los jóvenes para marcar la diferencia».

Guterres recuerda que la idea de presentar esta consulta ante la CIJ partió de un grupo de jóvenes estudiantes de derecho de Vanuatu, isla del Pacífico situada en una de las zonas más afectadas por el cambio climático, hasta el punto de que este país insular podría desaparecer en el futuro debido a la subida del nivel del mar, las fuertes tormentas y la erosión costera.

«Los jóvenes de las islas del Pacífico iniciaron este llamamiento por la humanidad al mundo y el mundo debe responder», insiste el secretario general de Naciones Unidas. Dicho deber no se deriva únicamente de los tratados internacionales, sino que también forma parte del derecho internacional y, por lo tanto, son aplicables a todos los Estados, sean o no partes en los principales acuerdos climáticos.

Todos los medios a su alcance

El derecho internacional también impone a las naciones el deber de cooperar de buena fe para prevenir daños importantes al sistema climático, mediante formas sostenidas y continuas de colaboración, según el alto tribunal.

La Corte vincula igualmente la actuación contra el cambio climático con el respeto a los derechos humanos, que exige, por tanto, tomar las medidas que sean necesarias para proteger el clima y el medioambiente.

Responsabilidad del Estado infractor

La violación de cualquier obligación mencionada «constituye un hecho internacionalmente ilícito que acarrea la responsabilidad del Estado infractor, quien debe continuar cumpliendo la obligación incumplida», afirma la CIJ.

Las consecuencias jurídicas pueden incluir el deber, para Estados y empresas, de proporcionar reparaciones plenas, que abarcan tanto el cese inmediato de las actividades perjudiciales como compensaciones económicas por las pérdidas y daños ocasionados.

Estas pueden ir desde la restauración de los daños sufridos hasta la interrupción inmediata de emisiones de gases de efecto invernadero que superen los umbrales científicos de seguridad.

Debate abierto

La rotundidad con la que se expresa la Corte Internacional de Justicia en esta opinión consultiva ha abierto el debate sobre las obligaciones que se derivan de este dictamen para los países miembro. Según la interpretación de Greenpeace, se trata de un dictamen vinculante para los sistemas judiciales.

En palabras de Lorena Ruiz-Huerta, abogada de Greenpeace España: «Los Estados ya no pueden seguir eludiendo sus obligaciones climáticas, y los contaminadores deben pagar por los daños que han causado. A partir de este momento, los tribunales nacionales deben aplicar esta doctrina internacional, haciendo que tanto Gobiernos como empresas rindan cuentas».

Según la organización ecologista, la Corte también impone la obligación de acabar con cualquier tipo de subvención a los combustibles fósiles, así como la prohibición de nuevas licencias de exploración y prospección.

No son vinculantes

A pesar del indiscutible valor de la declaración de la CIJ, lo cierto es que sus opiniones consultivas no obligan a los países. Como explica el propio organismo desde su página oficial: «Las opiniones consultivas de la Corte no son vinculantes. El órgano, organismo u organización solicitante tiene la libertad de decidir, según lo considere oportuno, el curso que dará a estas opiniones».

«A pesar de no tener fuerza vinculante, las opiniones consultivas de la Corte poseen gran peso jurídico y autoridad moral. Con frecuencia son un instrumento de diplomacia preventiva y contribuyen al mantenimiento de la paz. A su manera, las opiniones consultivas también contribuyen al esclarecimiento y desarrollo del derecho internacional y, por consiguiente, al fortalecimiento de las relaciones pacíficas entre los Estados», añade la CIJ.

En definitiva, la citada información oficial cierra todo debate, dejando claro que la opinión consultiva no es vinculante. Pero lo que sí que nos vincula a toda la comunidad internacional es el cambio climático, un desafío al que debemos dar respuesta cuanto antes, sin ningún género de dudas, por una mera cuestión de supervivencia, como bien saben en Vanuatu.