Condenada por hacerse pasar por una falsa protectora de animales para estafar a 31 personas

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado recientemente a una mujer a una pena de seis años y nueve meses de prisión por estafar al menos a 31 personas mediante el comercio ilícito de perros bajo la falsa apariencia de diferentes asociaciones y protectoras de animales que promocionaba en redes sociales.

En concreto, la sentencia impone a la mujer cuatro años y nueve meses de prisión por un delito continuado de estafa y otros 24 meses más de prisión por un delito continuado de maltrato animal ante las «deplorables» condiciones en las que mantenía a los ejemplares, muchos de los cuales estaban enfermos, en un pequeño piso de Roquetas de Mar (Almería).

La resolución, contra la que cabe recurso, obliga a la condenada a abonar unos 63.700 euros a las personas estafadas que se interesaron por adoptar un perro o un gato, a las que cobró cantidades que rondaban los 250 euros por cada animal de compañía.

Estafa de un particular

Desde OKGREEN hemos querido conocer la valoración de estos hechos por parte de Matilde Cubillo, presidenta de la Federación de Asociaciones Protectoras y de Defensa Animal de la Comunidad de Madrid (FAPAM), quien ha recordado que la sentencia explica que «no es una protectora la que ha estafado, sino que se trata de una particular, una estafadora que se hacía pasar por una protectora».

«Esta diferencia tiene que quedar muy clara, sobre todo porque hay muchas entidades que luchan diariamente para salvar a una incontable cantidad de animales, y no deben verse salpicadas de ninguna manera por unos hechos de los que no son responsables», insiste Cubillo.

A través de internet

La estafadora recibía de terceros o criaba en su domicilio, en condiciones insalubres y de hacinamiento, a perros y gatos de distintas especies que luego ofrecía en adopción a través de internet como si estuviera al cargo de una protectora.

Además, solicitaba a las personas que habían mostrado su intención de adoptar cierta cantidad de dinero bajo la excusa de llevar a los animales al veterinario para vacunarlos y poner en regla toda la documentación antes de entregarlos, aunque pedía una cantidad superior a los gastos que podían darse en el veterinario.

En la mayoría de los casos, se quedaba con el dinero sin entregar la mascota a sus destinatarios.

Mejor en persona

«El primer consejo que hay que dar para evitar este tipo de situaciones es que jamás debemos intentar adoptar por internet. Lo que tenemos que hacer es acudir siempre a la protectora o al refugio y conocer en persona al animal y ver cómo está realmente», recomienda la presidenta de FAPAM.

Cubillo señala que este tipo de estafas, aunque no son mayoritarias, se producen con cierta frecuencia, debido en buena medida a la creciente preocupación social por las condiciones en las que viven los animales.

«Hoy la sociedad está más sensibilizada con el sufrimiento animal, por eso aparecen estafas que se aprovechan mostrando en redes a un perrito con cara de pena, y así es cómo atrapan a mucha gente», lamenta la activista, que recomienda denunciar a la policía o a la guardia civil a la mínima sospecha de haber sido víctima de una estafa.

Enfermedades graves

En ocasiones, los perros y gatos sí que eran entregados por la estafadora a sus adoptantes, pero llegaban en pésimas condiciones, presentando enfermedades graves motivadas por las malas condiciones higiénico-sanitarias y la falta de vacunas.

Una buena parte de ellos —al menos ocho— murieron a causa de parvovirus a los pocos días después de su entrega, mientras que otros consiguieron superar la enfermedad con tratamiento veterinario abonado por el adoptante.

Donativos

Recordamos que la estafadora exigía unos 250 euros por ejemplar para supuestos gastos veterinarios que no eran reales. Esta mala práctica no debe ser confundida con los donativos que piden las protectoras como ayuda para cubrir el cuidado de las mascotas.

Como aclara la responsable de FAPAM: «Esas ayudas se emplean para desparasitar, vacunar y esterilizar al perro o al gato, que siempre recibe el adoptante en buen estado de salud, con su cartilla y con todas sus analíticas y sus informes correspondientes».

Además, este donativo es mucho menor que la cantidad que deberían sufragar los futuros dueños si tuvieran que hacer frente por sí solos, sin la ayuda de la protectora, a estos gastos que genera la atención veterinaria de sus mascotas. «La diferencia es que, en esta estafa, se cobraba 250 euros, una cantidad muy elevada, y encima los animales se entregaban enfermos», matiza.

Daños morales

Algunos de los estafados, procedentes de distintas ciudades españolas, se desplazaron cientos de kilómetros hasta Roquetas de Mar para recoger a los animales, o bien contrataban empresas de transporte. Otros afectados se vieron obligados a desinfectar sus viviendas tras la muerte del perro adoptado para prevenir enfermedades.

Para todos ellos, el tribunal reconoce también pagos por los daños morales sufridos, que ascienden hasta los 6.000 euros en algunos casos.

La sentencia sostiene que la mujer se aprovechó de un elevado número de personas que, «de buena voluntad», confiaron en ella al entregarles las cantidades de dinero que pedía pensando que estaban encaminadas a cuidar de sus futuros animales de compañía.

Sin medidas cautelares

Un dato relevante es que en junio del pasado año se llegó a acordar prisión provisional antes del juicio para la condenada, ya que mantenía la actividad pese a haber sido detenida en enero de 2025 por estos hechos. Pese a lo cual, no se llegó a aplicar dicha medida, ni tampoco ninguna otra de carácter cautelar.

«A esta señora se la debería haber impuesto una medida cautelar de inhabilitación que impidiera que pudiera tener animales de compañía, ni ejercer ninguna profesión que esté relacionada con animales hasta que se celebrara el juicio», afirma Cubillo.

Inhabilitación

«En  este país, en el que la justicia es tan lenta, pueden pasar años hasta que sale un juicio. Durante todo ese tiempo, si no hacemos algo para impedirlo, podemos estar permitiendo que alguien siga maltratando a animales», insiste.

Finalmente, la sentencia ha acabado incluyendo una medida muy similar a la exigida de manera preventiva por la responsable de la FAPAM. La misma supone la inhabilitación de la condenada durante cuatro años para tener animales o ejercer profesión, oficio o comercio relacionado con ellos.

Maltrato sin cárcel

Cubillo también recuerda que la condenada podría entrar en la cárcel por el delito de estafa, por el que ha sido sentenciada a cuatro años y nueve meses sin libertad.

Pero no se podría dar este supuesto si sólo se la hubiera condenado por el delito de maltrato animal, por el que nunca se pide más de 24 meses de prisión, que es el mínimo necesario para obligar al cumplimiento de dicha pena.

Por este motivo, nadie acaba encarcelado por maltratar cruelmente a un animal, salvo que tenga antecedentes penales o haya otros delitos de por medio. «En otros países, si tú matas a tu perro o dejas que un animal se muera de hambre, vas a prisión. Esto también debería suceder aquí», concluye la activista por los derechos de los animales.