Un casero que admita mascotas: piden que el decreto Maricarmen proteja a los que conviven con animales
FAADA pide incluir a las familias con mascotas en el acuerdo del decreto de vivienda
La entidad llevó al Congreso el debate sobre el alquiler con animales dos semanas antes del decreto
Más de 15 millones de animales de compañía conviven en hogares españoles, según el Ministerio
Convivir con un animal de compañía puede cerrar la puerta de un piso de alquiler antes incluso de que se abra una negociación. Mientras el debate público se centra en los precios y los desahucios, millones de familias enfrentan una barrera adicional que apenas aparece en la agenda política: las prohibiciones generalizadas a las mascotas en la oferta de arrendamiento.
FAADA (Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales), promotora de la campaña Mi Casa es Tu Casa, reclama que el nuevo real decreto-ley de vivienda —conocido como «decreto Maricarmen»— tenga en cuenta a las personas y familias que conviven con animales. La entidad pide aprovechar la negociación abierta para avanzar hacia un modelo de alquiler en el que tener un animal no constituya, por sí solo, una barrera de acceso a la vivienda.
La petición llega en plena negociación contrarreloj entre el PSOE, Sumar y el resto de socios parlamentarios para sacar adelante el decreto que el Gobierno prevé aprobar este martes en el Consejo de Ministros. El desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años expulsada de su casa en Madrid, ha espoleado la presión social y política para cerrar un acuerdo.
Millones de animales en hogares españoles
El problema que denuncia FAADA no es menor en cifras. El 53 % de los hogares españoles convive ya con al menos un animal de compañía, según el III Barómetro de Petparents en España 2026 elaborado por Hamilton, Aedpac e Iberzoo. Es un punto porcentual más que en 2025, y la tendencia no hace sino crecer.
El dato del Ministerio de Derechos Sociales es aún más contundente: España alberga más de 15 millones de animales de compañía, de los cuales 7,5 millones son perros y casi 5,6 millones son gatos. La cifra supera con creces a la población infantil menor de 14 años, que ronda los seis millones.
Desde 2021, el número de animales de compañía registrados ha aumentado un 14 %, consolidando una tendencia que se aceleró tras la pandemia y que refleja el peso creciente de las mascotas en la vida cotidiana. Las prohibiciones generales a los animales en los contratos de alquiler pueden reducir de forma significativa las opciones disponibles para quienes ya conviven con ellos.
Un debate que llegó al Congreso
FAADA no lanza esta reclamación de cero. El pasado 14 de septiembre, la entidad organizó en el Congreso de los Diputados la jornada «Hacia un alquiler más inclusivo: diálogo entre instituciones, empresas y ciudadanía», en el marco de la campaña Mi Casa es Tu Casa, con el apoyo de Fundación Affinity y Fundación Sr. Perro Colega.
El encuentro reunió a representantes institucionales, del sector inmobiliario y asegurador, organizaciones sociales y especialistas. Entre los participantes figuraron la diputada Etna Estrems Fayos (ERC), portavoz de la Comisión de Vivienda del Congreso; el diputado Alberto Ibáñez Mezquita (Sumar); la diputada Carmen Andrés Añón (PSC-PSOE); el director general de Derechos de los Animales, José Ramón Becerra, y representantes del sector privado.
La jornada puso de manifiesto la posibilidad de avanzar hacia soluciones que compatibilicen el acceso a la vivienda, la seguridad de los propietarios y la convivencia responsable con animales. Se habló de posibles medidas como limitar las cláusulas generales de prohibición, recurrir a la mediación y estudiar garantías y productos aseguradores adaptados.
La vivienda pública como punto de partida
Uno de los puntos destacados del debate fue la propuesta de utilizar la vivienda pública como campo de pruebas para impulsar cambios graduales. La idea plantea que las administraciones lideren con el ejemplo antes de extender las medidas al mercado privado.
FAADA también celebró la disposición de ASVAL (Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler) para trabajar en un código de buenas prácticas. La entidad considera que entre permitir siempre y prohibir siempre existen alternativas: valorar cada situación, justificar las posibles negativas y establecer garantías proporcionadas frente a riesgos reales.
La fundación reclama, además, más datos objetivos y representativos que permitan dimensionar el problema y plantear soluciones alejadas de ideas preconcebidas. «Cuando hablamos de una crisis de acceso a la vivienda, no podemos fijarnos únicamente en cuántas viviendas hay o cuánto cuestan. También tenemos que preguntarnos quién encuentra barreras adicionales para acceder a ellas», afirma FAADA.
Revisar las barreras existentes
La entidad subraya que el actual debate sobre el decreto de vivienda representa una oportunidad para empezar a abordar una cuestión que durante años ha quedado en un segundo plano. «Convivir con un animal no debería significar automáticamente tener menos posibilidades de encontrar un hogar», reclama la fundación.
A partir de la jornada en el Congreso, FAADA plantea abrir una línea de actuación más amplia que permita revisar las barreras existentes, generar mejores datos sobre su alcance y promover compromisos entre las administraciones y el sector privado. El objetivo es abordar los cambios necesarios para avanzar hacia un mercado del alquiler más inclusivo.
La fundación pide que la convivencia con animales se incorpore de manera estable a la agenda de las políticas de vivienda, tanto en las medidas que puedan adoptarse a corto plazo como en el debate sobre la evolución futura del mercado privado de alquiler. «La crisis de vivienda también obliga a preguntarnos quién se queda fuera», concluye FAADA.
Un decreto que sigue en el aire
El Gobierno prevé aprobar este martes en Consejo de Ministros el real decreto-ley de vivienda, bautizado por el Sindicato de Inquilinas como «decreto Maricarmen». El texto contempla una prórroga reforzada de alquileres, un escudo antidesahucios para población vulnerable y la regulación de los pisos turísticos y de temporada, entre otras medidas.
Sin embargo, el acuerdo con los socios parlamentarios sigue abierto. Sumar ha advertido de que todavía está «lejos» de respaldar el texto y exige la renovación automática de los contratos de alquiler y la regulación de las viviendas de temporada. El decreto deberá convalidarse en el Congreso en un plazo máximo de 30 días.
FAADA confía en que la negociación que se está produciendo estos días permita ampliar la mirada sobre el acceso a la vivienda y tenga en cuenta a las familias multiespecie. «Acceder a una vivienda no debería obligar a nadie a romper su familia», sentencia la entidad.
