Un año de prisión y 20.000 euros de multa por matar en España una de las aves más amenazadas del mundo

El Juzgado de lo Penal número 2 de Badajoz ha dictado una sentencia ejemplar contra un vecino de Montemolín por matar a tiros cuatro ibis eremitas (Geronticus eremita), una de las aves más amenazadas del planeta.

Se trata de una buena noticia tras un suceso lamentable que atenta contra la biodiversidad y una especie en peligro de extinción. El condenado deberá cumplir un año de prisión, pagar 20.000 euros de indemnización a la Junta de Andalucía y no podrá cazar ni pescar durante 35 meses.

La resolución judicial reconoce la gravedad de la caza ilegal de especies protegidas y establece un precedente importante para la conservación de la biodiversidad en España.

Disparos con una carabina

Los hechos ocurrieron en agosto de 2019, cuando cinco ibis eremitas juveniles realizaban un vuelo de dispersión desde Vejer de la Frontera, en Cádiz, hasta el municipio extremeño de Montemolín.

Los ejemplares habían nacido en el marco del Proyecto de Reintroducción del Ibis Eremita, una iniciativa conjunta de la Junta de Andalucía y el Zoobotánico de Jerez.

El acusado, propietario de la vivienda y la parcela desde donde se efectuaron los disparos, abatió a las aves con una carabina de aire comprimido. La investigación del Seprona de la Guardia Civil y de los agentes de Medio Ambiente permitió localizar los cadáveres de las aves y determinar que al menos cuatro habían muerto por los disparos.

Sentencia ejemplar

La sentencia, calificada de ejemplar por entidades conservacionistas, supone un importante avance en la protección de una especie que rozó la extinción total hace apenas unas décadas.

El ibis eremita es un ave de aspecto peculiar, con su característico plumaje negro iridiscente, cabeza calva rojiza y largo pico curvado. Durante siglos habitó las costas y montañas del sur de Europa, norte de África y Oriente Medio, pero la caza, la pérdida de hábitat y el uso de pesticidas llevaron a la especie al borde de la desaparición. En la actualidad, sólo existe una población silvestre viable en Marruecos, con menos de 200 parejas reproductoras y unos 700 ejemplares totales.

Esfuerzos para reintroducir el ibis eremita en España

En España, el ibis eremita se extinguió en el siglo XVII, pero desde 2004 se desarrolla un ambicioso proyecto de reintroducción en Andalucía. En el momento de los hechos juzgados, la población española contaba con apenas 21 parejas en libertad, lo que convierte la pérdida de estos cuatro juveniles en un grave revés para el programa de conservación.

Cada ejemplar representa años de trabajo y miles de euros de inversión en conservación, pero sobre todo, una pieza fundamental para recuperar la diversidad genética de una especie al límite.

SEO/BirdLife, que ha ejercido la acusación popular en el proceso, valora muy positivamente la resolución judicial. David de la Bodega Zugasti, del Área de Gobernanza Ambiental de la organización, destaca que «la condena por la muerte de cuatro ibis eremitas es un paso imprescindible para garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental y la protección de la biodiversidad».

Biodiversidad y salud pública

La ONG ambientalista considera fundamental la persecución penal de estos delitos para disuadir futuras agresiones y concienciar a la sociedad sobre el valor de las especies amenazadas.

La organización ecologista subraya que las leyes medioambientales establecen un marco vital de convivencia entre la naturaleza y el ser humano. Su cumplimiento no sólo preserva la biodiversidad, sino que garantiza la salud pública y un progreso sostenible.

Costes sanitarios y ambientales

En la Unión Europea, los costes derivados de no aplicar correctamente la legislación ambiental se estiman en unos 50.000 millones de euros anuales, incluyendo costes sanitarios y daños directos al medioambiente. SEO/BirdLife espera que esta sentencia sirva como advertencia clara sobre las consecuencias legales de la caza ilegal.

La organización ha impulsado numerosas sentencias favorables para la conservación que han contribuido a reducir el envenenamiento de fauna, el uso del parany (trampa), la captura ilegal de fringílidos y otros delitos contra el patrimonio natural. Con estas acciones legales, las ONG defienden un patrimonio que pertenece a todos los españoles y que se perdería irremediablemente sin la intervención de la justicia.