La DGT adjudicó los Pegasus a Eliance pese a conocer las sanciones de 2,5 millones por incumplir su servicio

La Dirección General de Tráfico (DGT) adjudicó por 51 millones de euros al Grupo Eliance un contrato de operación en 2025, mantenimiento y modernización de los helicópteros Pegasus, con una duración inicial de 38 meses. Un año después, la compañía se ha declarado en preconcurso de acreedores, provocando una grave crisis en el servicio de vigilancia aérea, con sólo cuatro helicópteros operativos. Sin embargo, los problemas no eran nuevos y, antes de firmar con el organismo que dirige Pere Navarro, Eliance ya acumulaba sanciones por valor de 2,5 millones de euros por incumplimientos en servicios públicos de otras administraciones.

Así lo han confirmado fuentes cercanas a la situación, en conversaciones con OKDIARIO, que han explicado que los problemas de Eliance con diferentes administraciones públicas surgieron antes de ganar el contrato de Tráfico. En marzo de 2025, seis meses antes de la adjudicación, la Generalitat de Cataluña había informado de sanciones acumuladas por aproximadamente 2,5 millones de euros vinculadas a incumplimientos en el servicio de helicópteros medicalizados.

Los Pegasus tienen multas de 2,5 millones

Asimismo, antes de la firma con Navarro, el 21 de marzo de 2025, la Xunta de Galicia comunicó el fin del contrato de los helicópteros sanitarios del 061 con Eliance por incumplimientos reiterados. La empresa acumulaba 77 expedientes por incidencias en el servicio, de los cuales 16 habían concluido con penalizaciones por unos 145.000 euros.

Los problemas no eran aislados y se repitieron en otras comunidades autónomas, entre las que destacan Baleares, Madrid y Extremadura. Todos estos antecedentes se produjeron antes de septiembre de 2025, fecha en la que la DGT firma el contrato con Eliance. Pese a ello, el organismo público confió a Eliance uno de los principales servicios de vigilancia aérea de las carreteras españolas, cuya gestión atraviesa ahora una grave crisis.

En este caso, Navarro no cometió ninguna irregularidad al adjudicar a Eliance este contrato, ya que la existencia de incumplimientos anteriores no supone necesariamente una prohibición legal de adjudicar un servicio, pero sí plantea preguntas sobre la valoración del riesgo empresarial y operativo realizada por la Administración.

Un concurso desierto y una oferta alternativa excluida

El procedimiento inicial de contratación, publicado en abril de 2025, quedó desierto al no presentarse ninguna oferta. La DGT recurrió posteriormente a un procedimiento negociado sin publicidad, invitando a tres empresas del sector aeronáutico. Finalmente, se presentaron dos ofertas: una de la UTE formada por Bigas Grup Helicopters y Sky Helicópteros; y la UTE de Eliance.

La versión oficial de la DGT, recogida en la resolución de adjudicación, establece que Bigas y Sky fueron excluidas porque su propuesta introducía condiciones que modificaban los requisitos de los pliegos. Mientras, el expediente acredita que Eliance presentó documentación complementaria para corregir aspectos de su oferta técnica que, según la propia licitadora, habían sido interpretados erróneamente, pero el ente público admitió dicha documentación.

Finalmente, Eliance quedó como única oferta válida y recibió la adjudicación sin efectuar ninguna rebaja sobre el presupuesto previsto, a pesar de que la empresa no ha sido capaz de cumplir con los requisitos del contrato.

La situación actual del servicio resulta preocupante. Las patrullas de Málaga, Sevilla y Santiago de Compostela han dejado de volar como consecuencia de la crisis de la empresa. Según la información operativa más reciente facilitada para esta publicación, actualmente solo cuatro helicópteros estarían operativos y únicamente dos cámaras conservarían capacidad funcional para la detección de velocidad mediante Pegasus.

La situación financiera de la adjudicataria añade un nuevo factor de preocupación. La eventual presentación de un concurso de acreedores con solicitud de liquidación supondría un nuevo escenario para la Administración, que tendría que garantizar la continuidad de la vigilancia aérea y determinar las consecuencias jurídicas y económicas sobre el contrato.