La Fiscalía investigó en 4 días el contrato de Ayuso pero lleva 7 sin estudiar los de Sánchez y Calviño

Una semana después de que el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, encabezado por la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, presentara una denuncia para investigar siete sociedades relacionadas con el Gobierno de Pedro Sánchez vinculadas con 12 contratos de emergencia por valor de 326 millones de euros, la Fiscalía no ha abierto investigación alguna.

Una demora sorprendente después de que esa misma Fiscalía Anticorrupción tardara apenas cuatro días en abrir diligencias de investigación sobre el contrato de mascarillas vinculado a con el hermano de la presidenta, a pesar de reconocer que los hechos denunciados carecen de «indicios razonablemente verosímiles».

«Las hipótesis se sustentan en una secuencia de hechos que, en estos momentos, no permiten acordar la remisión a la Fiscalía del Tribunal Supremo –en la que está aforada Ayuso–, pues no constituyen indicios razonablemente verosímiles de la realización del hecho investigado, de su carácter delictivo y de la responsabilidad en el mismo de la persona aforada», señalaba el escrito del Ministerio Público al que tuvo acceso OKDIARIO.

Así, aunque la Fiscalía no ve indicios sólidos contra Díaz Ayuso, optó por abrir diligencias por en el marco del «recto y normal funcionamiento de la Administración Pública» y «la indiscutible trascendencia social del contexto en el que tienen lugar los hechos descritos en las denuncias, que se refieren a la, sin duda, necesaria y urgente compra de mascarillas en un momento singularmente difícil para la población madrileña».

Sin embargo, por el momento, no parece que la denuncia que salpica al entorno del presidente, así como del ex ministro de Sanidad, Salvador Illa, y de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, tenga la misma «indiscutible trascendencia social» como para abrir la investigación con tanta celeridad la que tuvieron con Isabel Díaz Ayuso.

La denuncia presentada por el grupo de la presidenta madrileña se dirige contra «todas aquellas autoridades, funcionarios y particulares que puedan aparecer como responsables de los hechos […] por la presunta comisión de posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios y malversación de caudales públicos».

OKDIARIO ha destapado en las últimas semanas algunos de los negocios en tela de juicio del Gobierno de Pedro Sánchez, como el otorgar 701.741,22 euros en once ayudas públicas a Industrias Plásticas Playbol SL, la empresa que gestiona la fábrica de plásticos de los padres del presidente. Unas ayudas que fueron adjudicadas desde los Ministerios de Economía e Industria con el siguiente objeto: “Paliar los efectos del COVID-19”. Gran parte de ellas, otorgadas entre 2018 y 2021, fueron dadas durante el confinamiento que hubo al comienzo de la pandemia.

Además, tal y como adelantó este periódico, el marido de la ministra de Economía y vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, Ignacio Manrique de Lara, es director de marketing de una consultora tecnológica que gestiona el cobro de un paquete de fondos europeos que reparte su esposa desde el Ejecutivo.

La compañía, denominada Beedigital, oferta ocho tarifas que venden “soluciones de digitalización”. Sus precios oscilan entre los 125 y 6.000 euros. Cualquier pequeño y mediano empresario que opte a estas ayudas estatales de Calviño está obligado a contratar previamente una sociedad intermediaria como la de su marido.