Ayuso denunciará al delegado del Gobierno por permitir en Sol lo que evitó en Ferraz y La Moncloa

• Pablo Romero-Salazar
• Periodista. Cubriendo la Comunidad de Madrid. Te leo en pablo.romero-salazar@okdiario.com
• • 30/09/2026 05:50
  • Actualizado: 30/09/2026 13:34

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha rechazado el ultimátum de la Comunidad para desalojar Sol en 48 horas escudándose en el «derecho fundamental de reunión». Es el mismo derecho que limitó en Ferraz en 2023 y 2024, donde vio riesgos de seguridad y frenó las protestas contra Pedro Sánchez. Frente a la Real Casa de Correos, despacho de Isabel Díaz Ayuso, no ve esos mismos riesgos. Sobre esa contradicción construirá el Gobierno regional la ofensiva judicial anunciada este martes.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, fue quien remitió el requerimiento al delegado. Tras su rechazo, la Comunidad presentará un recurso contencioso-administrativo con petición de medidas cautelares y emprenderá acciones judiciales contra Martín, sin descartar las penales.

La Delegación ha confirmado que ha recibido el requerimiento, pero la Policía Nacional no entrará en Sol. Martín ha exigido al Ejecutivo regional «respeto al derecho fundamental de reunión» de los acampados y se ha limitado a comprometerse a velar por la seguridad ciudadana. También ha pedido a Ayuso que contribuya a convalidar los decretos de vivienda aprobados hoy por el Consejo de Ministros.

Recortó ese mismo derecho en Ferraz

El recorte de este derecho empezó en noviembre de 2023, con las concentraciones diarias contra Sánchez y la amnistía frente a la sede del PSOE. Bajo el mando de Martín, los antidisturbios cargaron contra los manifestantes y llegaron a emplear gases lacrimógenos, una actuación por la que un juzgado abrió una investigación sobre el delegado. Aquellas protestas se saldaron con 84 detenidos y 367 sanciones.

Meses después, Martín volvió a restringir ese mismo derecho de reunión que ahora invoca. El 16 de febrero de 2024 firmó una resolución que desviaba una concentración contra el Gobierno comunicada frente a los números 70 a 74 de Ferraz, justo ante la sede socialista. La alejó más de 150 metros alegando que «en ningún caso los participantes en las concentraciones podrían invadir las calzadas de la calle Ferraz y del Marqués de Urquijo» por riesgos de seguridad.

Enmendado por el TJSM

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) revocó esa decisión precisamente por vulnerar el derecho de reunión. Los magistrados recordaron que el lugar y el itinerario de una protesta son «elementos objetivos configuradores» de ese derecho y que la Constitución sólo permite restringirlo cuando existen razones fundadas de alteración del orden público. Concluyeron que la Delegación no las había acreditado y que el único informe policial aportado, «cuya fecha y autoría no consta», era un análisis genérico. La propia Fiscalía se puso del lado del manifestante.

No fue un caso aislado. En febrero de 2024, el tribunal ya había tumbado otra resolución en la que el delegado declaraba la sede del PSOE «área de especial protección» para desviar una marcha. En noviembre de 2025 volvió a corregirle tras prohibir una manifestación que terminaba en Ferraz, a la que la Delegación señalaba como el punto de mayor vulnerabilidad. El TSJM le recordó que «limitar el derecho de reunión exige razones fundadas, objetivas y proporcionadas», no riesgos hipotéticos.

Esa misma sensibilidad por la seguridad del Ejecutivo se ha visto en Moncloa. En la Marcha por la Dignidad del pasado 23 de mayo, la Delegación fijó el final del recorrido en el Arco de la Victoria. Cuando varias decenas de asistentes intentaron avanzar hacia el palacio, la Policía cargó y les cortó el paso, con tres detenidos y siete agentes heridos leves.

Tiendas frente al despacho de Ayuso

En Sol, en cambio, los acampados pasan hoy su tercera noche con tiendas de campaña ocupando la plaza. El consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid ha denunciado pintadas, basura y orines en la fachada de la Real Casa de Correos, Bien de Interés Cultural. También ha trasladado el temor de los comerciantes a pérdidas como las del 15M, que ha cifrado en más de 90 millones de euros. El Ayuntamiento, a través de la vicealcaldesa, Inma Sanz, ha enviado su propio requerimiento al delegado.

Es la contradicción que la Comunidad llevará ante los tribunales. El delegado que alejó 150 metros a los manifestantes de Ferraz por el riesgo de que pisaran la calzada no ve peligro en una acampada que ocupa Sol desde el sábado. Ese doble criterio será el eje del recurso con el que el Gobierno regional pretende forzar el desalojo.

La acampada arrancó el sábado tras una manifestación por el desahucio de Maricarmen, de 87 años, inquilina durante siete décadas en el barrio del Retiro. La convocó el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid para exigir el llamado «decreto Maricarmen». Maricarmen volverá a su casa tras un acuerdo entre Urbagestión y la Empresa Municipal de la Vivienda, pero el sindicato ha avisado de que la movilización no terminará necesariamente con ese acuerdo.