El abogado general del Estado tumbó un acuerdo que exoneraba al novio de Ayuso de falsedad documental

Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, se ha presentado este lunes ante la jueza de Instrucción número 19 de Madrid para declarar por dos supuestos delitos contra la Hacienda Pública y otro de falsedad documental después de que la primera comparecencia, el pasado 20 de mayo, fuera suspendida. La defensa de González Amador asistía con la esperanza de firmar el pacto de conformidad al que había llegado el pasado lunes 17 de junio con el fiscal Diego Lucas y la Abogacía del Estado –representante de la Agencia Tributaria– y que era más beneficioso para González Amador al eliminar el delito de falsedad documental. Su decepción no ha podido ser mayor: el acuerdo fue paralizado por el recién nombrado abogado general del Estado, David Vilas Álvarez, y ahora el nuevo texto no sólo recoge ese delito, sino que impone «otro relato», según fuentes de la negociación consultadas por OKDIARIO.

Para lograr una rebaja de la pena es imprescindible que González Amador llegue a un acuerdo también con el abogado del Estado. La defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso se esperaba una jugarreta de este tipo desde el pasado jueves, cuando se desarrolló una reunión entre el abogado del Estado asignado al caso y su nuevo jefe, David Vilas Álvarez, quien habría ordenado «paralizar el acuerdo». Al día siguiente, el viernes 21 de junio, el fiscal propuso un texto nuevo que echaba atrás el acuerdo al que habían llegado y que, esta vez sí, incluía el delito de falsedad documental. El abogado del Estado del caso no tuvo otra opción que acatar órdenes y retirar su escrito.

La sospecha en el equipo jurídico del novio de Ayuso es que las presiones del PSOE sobre la Abogacía General del Estado fueron determinantes para tumbar ese acuerdo. Prueba de ello es que este lunes la jueza ha aplazado la declaración del novio de Ayuso para estudiar si hay nuevos indicios, por exigencia del PSOE y Más Madrid. Ambas formaciones, que constituyen la acusación popular, pidieron que se pospusiera la declaración fijada para este lunes para que se investiguen nuevos delitos, como el de administración desleal y corrupción en los negocios.

Además, según ha podido saber OKDIARIO, el pasado 20 de mayo el fiscal Diego Lucas Álvarez manifestó a Carlos Neira, abogado de González Amador, en tono chulesco «a ver qué hago porque su cliente está querellado contra nosotros», en referencia a la denuncia de la pareja de la presidenta regional contra la Fiscalía por revelación de secretos. Una situación insólita que no hacía más que poner en duda la imparcialidad de la Fiscalía.

En este misma conversación, el fiscal trasladó a Neira su decisión de hacer partícipe a la acusación popular en el acuerdo de conformidad, ya que él «tiene buena relación con el abogado del PSOE», les dijo. La defensa de Amador le respondió que eso «era absurdo» y que «no era necesaria aprobación del PSOE para llegar a un acuerdo». El fiscal vuelve a admitir que la querella presentada por el novio de Ayuso por revelación de secretos ha generado «un profundo malestar».

Delitos fiscales

La investigación se centra en los supuestos indicios delictivos sobre hechos relativos al Impuesto de Sociedades correspondientes a los ejercicios 2020 y 2021 y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportados con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer.

En el auto de apertura de diligencias, la jueza razonaba que supuestamente y «como consecuencia de estas conductas defraudatorias, el contribuyente ha dejado de ingresar a la Hacienda Pública estatal por el Impuesto de Sociedades de 2020 una cuota de 155.000 euros y por el impuesto de sociedades de 2021, una cuota de 195.951 euros».

Esgrimía que dichas conductas están tipificadas con «delitos penados en el artículo 305.1 del Código Penal en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil, del artículo 392.1 en relación con el artículo 390 del Código Penal».

La pareja de la dirigente madrileña declara así después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) haya admitido a trámite la querella que interpuso contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal Julián Salto, por un delito de revelación de secretos en relación a la nota difundida por la Fiscalía de Madrid en la que aclaraba el cruce de correos entre el abogado del novio de Ayuso y el fiscal del caso que ahora enturbia el abogado del Estado jefe.

«Gastos ficticios»

En cuanto a la causa relativa a la pareja de la jefa del Gobierno autonómico, la Fiscalía investigó los hechos a raíz de un informe de la Agencia Tributaria que advertía de un presunto fraude fiscal al detectarse durante una investigación «unos gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades».

«Gastos que no se corresponden con servicios realmente prestados y todo ello con la finalidad de ingresar en el erario público menor cantidad de la que le correspondía abonar por el Impuesto de Sociedades de los Ejercicios 2020 y 2021», recoge la denuncia del fiscal.

El pasado 22 de enero, la Fiscalía recibió de la de la Agencia Tributaria un informe referido a la entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente del que se deduce «determinados datos e indicios sobre hechos relativos al Impuesto Sobre Sociedades correspondiente a los ejercicios del año 2020 y 2021 que pudieran resultar constitutivos de delito».

El informe hablaba de dos delitos contra la Hacienda Pública al resultar «un fraude tributario cuantificado por la Inspección de Hacienda en cuantía superior a 120.000 euros y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportadas con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer».

Diligencias de investigación

A raíz de este informe, la Fiscalía acordó el pasado 23 de enero abrir diligencias de investigación, lo que derivó en la presentación de la denuncia en los juzgados de instrucción de Madrid. Según el fiscal, la dirección de la sociedad en el periodo comprobado corría a cargo de un administrador único, el novio de Ayuso. Por parte de la Agencia Tributaria se iniciaron actuaciones de comprobación el día 12 de mayo de 2022.

En el curso de dichas actuaciones de comprobación para el Impuesto Sobre Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021 de la citada sociedad, según la denuncia, «se ha detectado que dicha sociedad, con la finalidad de eludir su tributación, ante el incremento del volumen de negocios que había experimentado en esos ejercicios, llevó a cabo determinadas conductas, con la única finalidad de reducir dicha tributación».