Velasco amplía el secreto del sumario en la Púnica a la espera de caza mayor en el PP de Madrid

La pieza número 14 de la trama Púnica donde se investiga la posible financiación irregular del PP madrileño seguirá bajo secreto de sumario.

OKDIARIO ha tenido acceso al auto de dos páginas emitido por el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, donde aprueba prorrogar por un mes más el secreto de las actuaciones sobre esta pieza judicial hasta el próximo 7 de diciembre.

Según el auto judicial, esta nueva prórroga «sigue siendo necesaria para garantizar la eficacia de la investigación así como para evitar la destrucción de pruebas». «El secreto de la presente Pieza Separada abierta, es esencial para poder asegurar la investigación de los hechos que han sido puestos de manifiesto en la causa, que han obligado a este Juzgado a abrir nuevas vías de investigación», añade el escrito.

Fuentes judiciales consultadas por este diario aseguran que cuando se levante el secreto de sumario de dicha pieza habrá «sorpresas» muy desagradables para el Gobierno regional de Esperanza Aguirre, durante los años en los que trama Púnica extendió sus tentáculos por la Comunidad de Madrid. Las acusaciones podrían extenderse no sólo a ex consejeros, sino a miembros de la dirección del entonces PP madrileño.

En los últimos meses, la UCO ha trasladado al titular del Juzgado de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional varios informes apuntando nombres concretos de varios dirigentes del Ejecutivo regional de Aguirre, entre ellos, el de la ex consejera de Educación, Lucía Figar. Antes, ya se relacionó con esta trama al que fuera mano derecha de Ignacio González en su ejecutivo regional, Salvador Victoria.

En el marco de esta pieza secreta, el juez Velasco ya ordenó registros en la sede de los populares para buscar pruebas de pagos del empresario Javier López Madrid al PP de Madrid. De hecho, los agentes de la UCO llegaron a registrar el despacho del ex gerente de la formación, Beltrán Gutiérrez.

Más recientemente, a finales de septiembre, agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se presentaban en la sede de la Asamblea de Madrid para recabar expedientes de contratación. Al parecer, el propósito era reunir contratos del ex presidente de la patronal madrileña, CEIM, Arturo Fernández.

La UCO también intervino expedientes de contratación en varios departamentos del Ayuntamiento de Madrid durante la época de Ana Botella y Alberto Ruiz Gallardón como alcaldes de Madrid.

La instrucción sobre la posible financiación ilegal del PP de Madrid en este caso seguirá en secreto casi 3 años después de que comenzara la investigación en enero de 2014. En octubre de dicho año el escándalo salió a la luz tras la detención del ex dirigente del PP de Madrid, Francisco Granados y el empresario, David Marjaliza.