El PP de Madrid también se financió en B con Las Ventas, el Palacio de Deportes, el Metro y los JJOO

Los agentes de la UCO de la Guardia Civil han identificado hasta 4 vías claves de financiación ilegal del PP de Madrid durante los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González. Según la investigación, y entre otras actividades, el PP de Madrid durante aquellos años aprovechó la gestión de la plaza de Las Ventas, los contratos de algunos toreros, el Palacio de Deportes y las contrataciones de conciertos y eventos para financiarse en B.

Según ha podido saber OKDIARIO, los investigadores sostienen que el Partido Popular se habría financiado ilegalmente a través de cuatro ejes principales: la construcción de infraestructuras, la Consejería de Deportes, la Consejería de Cultura y las aportaciones de empresarios.

El titular del Juzgado de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, trasladará en los próximos días a las partes los 56 tomos de la pieza 14 de la trama Púnica sobre la financiación ilegal del PP de Madrid y levantará el secreto de sumario de la ‘Operación Lezo’, que ha llevado a prisión a Ignacio González por la expansión internacional del Canal de Isabel II.

En paralelo, el titular del Juzgado de Instrucción nº 5, José de la Mata, investiga otra parte de la presunta financiación ilegal del partido en el marco de la causa de la llamada «caja B» del Partido Popular, reabierta tras la declaración del presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, durante el juicio de la primera época de esta trama corrupta.

La primera vía de financiación ilegal investigada es la construcción de infraestructuras, que abarca desde los hospitales y centros de salud hasta los colegios, sin olvidar otros grandes proyectos como el ‘Campus de la Justicia’ o la ampliación del Metro en Madrid.

Fuentes del caso consultadas por este diario aseguran que el futuro de la ‘Operación Lezo’ y de la ‘trama Púnica’ «podrían darse la mano» durante la instrucción, ya que las irregularidades investigadas en el Canal de Isabel II enlazan «dos pilares centrales de la presunta financiación ilegal del PP, las Consejerías de Cultura y Deportes».

Estas mismas fuentes explican que la empresa pública del agua «es uno de los nexos entre ambas líneas de investigación», prueba de ello, los teatros del Canal de Isabel II o los campos de Golf de la misma empresa pública en Madrid.

Otras instituciones investigadas como posibles sufragadoras de los gastos electorales del PP serían el Palacio de los Deportes o el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid. En el Palacio de los Deportes las pesquisas estarían dirigidas a las recaudaciones de los conciertos, la contratación de equipos extranjeros para partidos de exhibición, así como la adjudicación de ciertos servicios del pabellón como el catering o el nuevo vídeo-marcardor.

Por su parte, el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid es un órgano de gestión dependiente de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno regional. En este organismo, se investigarían los festejos taurinos así como las remuneraciones de algunos de los toreros.

En este mismo apartado, se situarían las frustradas candidaturas olímpicas de Madrid 2012, 2016 y 2020 donde se «destinó una gran cantidad de recursos económicos públicos» desde el Ayuntamiento de Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella, así como desde el Gobierno regional. Unas cifras que podrían alcanzar cerca de los 8.000 millones de euros entre construcciones de infraestructuras y prmoción.

El papel de los empresarios

La cuarta vía escudriñada por los investigadores en el marco de la presunta financiación ilegal del PP de Madrid es la empresarial, que ha sido vinculada con la actividad de algunos integrantes y directivos de la patronal madrileña CEIM.

En marzo de este año, su presidente actual, Juan Pablo Lázaro, ordenaba una investigación interna y una auditoría externa para aclarar si CEIM destinó fondos a financiar campañas del Partido Popular en el 2007. Esta campaña electoral del PP en la Comunidad de Madrid fue dirigida por el propio Ignacio González.

Mientras, se investiga si la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, Fundescam, vinculada al PP madrileño, fue «la receptora de fondos destinados para financiar al PP». Según la propia CEIM, durante la presidencia de Gerardo Díaz Ferrán en 2007 se realizó «una aportación sin justificar de 100.000 euros a Fundescam».

Parte de la financiación ilegal del PP de Madrid «se invertía en la organización de actos» con las empresas vinculadas a Francisco Correa. Esta vía se lleva investigando desde hace años en el marco del caso Gürtel.

Por último, los investigadores han puesto la lupa en la organización de cursos de formación fraudulentos. En este contexto, ya está en poder del juez De la Mata el expediente de contratación de organización e impartición de 972 cursos de formación profesional ocupacional de los ejercicios 2007 y 2008. Dicho expediente era remitido recientemente al magistrado por su compañero, Eloy Velasco.