El CNI catalán dio 2.000 millones a empresas ligadas a la familia de Mas y otros dirigentes del PDeCAT

El Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat adjudicó, sin concurso, más de 2.000 millones de euros en contratos a empresas ligadas a dirigentes del PDeCAT.

La Guardia Civil señala en sus informes que este organismo de la Generalitat ha jugado un papel clave en la organización del referéndum ilegal de independencia del 1-O y ha actuado como «embrión» del CNI catalán, los servicios de inteligencia del Ejecutivo autonómico.

El CTTI licitó en 2011 por el procedimiento de «diálogo competitivo» cuatro grandes contratos plurianuales que suman 2.014 millones de euros para la compra de equipos, aplicaciones informáticas e «infraestructuras de proceso de datos» de la Generalitat.

Una de las empresas más beneficiadas por estos contratos públicos, adjudicados en varios lotes, fue Seidor, que había fichado como consultor a Joan Antoni Rakosnik, cuñado del entonces presidente de la Generalitat Artur Mas. Como ha informado OKDIARIO, desde 2010 Seidor ha obtenido contratos de la Generalitat por importe de más de 400 millones de euros.

Sumarroca, Roures y el cuñado de Mas

También se llevó buena parte de los lotes adjudicados el grupo T-Systems, para el que había trabajado como directivo durante dos años Carles Flamerich. Después de que, en enero de 2011, Flamerich se convirtiera en director general de Telecomunicaciones de la Generalitat y miembro del consejo de administración del CTTI, este organismo adjudicó a T-Systems contratos que suman más de 430 millones de euros.

De los cuatro grandes contratos licitados por el CTTI en 2011, un lote de 52,7 millones de euros fue a parar a la empresa Vass, cuya gerente, Eugenia Menéndez Rakosnik, es sobrina de Artur Mas y formaba parte de la sectorial de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) del PDeCAT. Y otro lote de 54,1 millones de euros fue adjudicado a Accenture, cuyo gerente, Marcelo Manta, también era miembro de la sectorial TIC del PDeCAT.

Otro lote de 166,6 millones de euros fue a parar a una UTE participada por la empresa tecnológica Emte de Carles Sumarroca, hijo de uno de los fundadores de Convergencia e imputado por financiar al PDeCAT con la trama del 3%. Y un lote menor, adjudicado por 9,2 millones de euros, fue para Unitecnic, filial del grupo Mediapro del millonario Jaume Roures, quien actuó como anfitrión de la cena en la que Pablo Iglesias y Joan Tardà negociaron el apoyo de Podemos al proceso de independencia de Cataluña.

Varios lotes más fueron a parar a empresas que participan en una fundación creada por el entonces director general de Telecomunicaciones de la Generalitat y responsable de la sectorial TIC del PDeCAT, Carles Flamerich. Como ha informado OKDIARIO, Flamerich se va a sentar ahora en el banquillo, acusado de espiar correos electrónicos de los ex consellers Felip Puig y Ramón Espadaler.

Una catarata de irregularidades

En un informe emitido en 2016, la Sindicatura de Comptes de la Generalitat fiscalizó uno de estos contratos: el expediente CCPP/CTTI/2011/2 para el «aprovisionamiento de puestos de trabajo y apoyo al usuario de la Generalitat». Este contrato tenía una duración de ocho años y fue adjudicado en cuatro lotes que suman 561 millones de euros.

Las irregularidades detectadas en el proceso llenan una decena de páginas. La conclusión que alcanzó la Sindicatura es que la fórmula del «diálogo competitivo» (empleada en los cuatro concursos millonarios) otorga a la Generalitat una gran discrecionalidad a la hora de seleccionar a las empresas adjudicatarias, vulnerando los principios de transparencia e igualdad de oportunidades entre todos los aspirantes.

La Dirección General de Telecomunicaciones que ocupaba Carles Flamerich designó un «equipo de diálogo» que celebró varias rondas de contactos con las empresas aspirantes, para valorar su capacidad y solvencia técnica.

Según la Sindicatura de Comptes, la creación de este «equipo de diálogo» no fue válida, ya que en el expediente no consta el nombramiento de sus miembros, ni de los diez asesores que se reunieron con las empresas, ni de los cuatro grupos de expertos que valoraron las ofertas técnicas.

Espionaje a empresarios

El órgano fiscalizador también señala que no se estableció ningún baremo para valorar los criterios subjetivos de las ofertas (por tanto la puntuación se asignó de una forma completamente discrecional), la fórmula empleada para valorar las ofertas económicas no fue proporcional y se valoraron aspectos que eran totalmente ajenos al contrato y su finalidad. Tampoco se estableció una fórmula objetiva para estipular las bajas temerarias.

Como resultado de ello, ningún lote se adjudicó a la mejor oferta económica, en todos primaron los aspectos técnicos subjetivos. La Sindicatura de Comptes concluye que el procedimiento utilizado para adjudicar estos millonarios a empresas vinculadas a altos cargos del PDeCAT vulneró abiertamente la Ley de Contratos del Sector Público.

Cuando se produjeron estos hechos, el consejo de administración del CTTI estaba presidido por el entonces conseller de Empresa Francesc Xavier Mena López. También formaban parte del consejo de administración los consellers Joana Ortega (que ha sido condenada a dos años de inhabilitación por organizar el referéndum ilegal del 9-N) y Germà Gordó (que está investigado en la causa sobre la financiación ilegal del 3% del PDeCAT).

La Guardia Civil investiga ahora si la Generalitat utilizó el CTTI y la agencia de ciberseguridad CESICAT como embrión para crear su propio «CNI», una suerte de servicios de inteligencia. Según los informes que la Guardia Civil ha remitido al juez, este organismo habría desarrollado actividades como el espionaje a empresarios y cargos públicos, la interceptación de correos electrónicos, el uso del programa Cerberus para pinchar teléfonos móviles y la creación de bases de datos ilegales de particulares.