Dos nuevas causas judiciales por sueldos ilegales y enchufismo retratan a la Junta de Andalucía del PSOE

• Roberto Pérez @Robertoperezbc
• Periodista y licenciado en Ciencias Políticas. Especialista en sector público, economía política y presupuestaria, e instituciones político-administrativas. Trabajó para Agencia Efe y Cope, ejerció durante más de 20 años en ABC -etapa que incluyó el ejercicio temporal de la corresponsalía de Nueva York- y actualmente es subdirector de OKDIARIO.
• • 13/09/2023 06:49
  • Actualizado: 13/09/2023 11:42

El PSOE sigue sumando causas judiciales por sus manejos cuando gobernó la Junta de Andalucía. Más de cuatro años después de que el PP de Juan Manuel Moreno Bonilla desalojara del poder a la socialista Susana Díaz, dos juzgados del Tribunal de Cuentas están tramitando diligencias tras detectarse casos de enchufismo masivo, sueldos ilegales y contratos adjudicados saltándose la ley, según ha podido saber OKDIARIO.

En solo 48 meses se detectaron sobresueldos ilícitos por 108.000 euros, que se repartieron entre decenas de trabajadores cuya colocación en ese ente también está en entredicho. Así, se comprobó que se contrató irregularmente a 36 trabajadores a los que se convirtió en fijos, y que al menos otros 38 fueron colocados sin que existan expedientes reglados que acrediten que hubo convocatorias públicas y que se respetaron los principios de igualdad, mérito y capacidad. Es decir, hay fundadas sospechas de que fueron contratados a dedo como personal fijo de plantilla.

Una de las causas la está tramitando el departamento primero de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, que dirige la magistrada María del Rosario García Álvarez. El otro caso lo lleva el departamento segundo, a cuyo frente está Elena Hernáez Salguero. Según la información a la que ha tenido acceso este periódico, estas dos nuevas causas se derivan de irregularidades que fueron detectadas en sendos informes de inspección contable realizados en la Junta de Andalucía cuando llegó al poder el PP, en enero de 2019.

Juan Manuel Moreno Bonilla formó gobierno en coalición con Ciudadanos en esa que fue su primera legislatura, y una de las prioridades fue la inmediata revisión del extenso entramado de entes y empresas públicas que el PSOE tejió durante décadas en el Gobierno andaluz, una suerte de administración paralela que le permitió manejar de forma más opaca y discrecional miles de millones de euros. Durante esa primera legislatura de Moreno Bonilla, la Agencia Andaluza del Conocimiento quedó bajo el ámbito de gestión que asumió Ciudadanos.

Gobierno de Susana Díaz

La inspección no tardó en detectar indicios sospechosos tanto en el pago de sobresueldos como en adjudicaciones de contratos mercantiles y en la colocación de personal. Todo ello pilotado por el PSOE en la etapa en la que fue presidenta de la Junta de Andalucía la socialista Susana Díaz, de cuyo gobierno fue parte destacada María Jesús Montero, a la que Pedro Sánchez fichó nada más llegar a La Moncloa para llevar el Ministerio de Hacienda tras su controvertida gestión al frente de las arcas autonómicas andaluzas.

Las indagaciones que han dado lugar a estos dos nuevos casos judiciales han aflorado múltiples irregularidades en la Agencia Andaluza del Conocimiento durante la etapa en la que este ente estuvo bajo el control del consejero socialista Antonio Ramírez de Arellano y, posteriormente, de su sucesora en ese negociado del Gobierno andaluz, la también socialista Lina Gálvez. Ramírez de Arellano decidió abandonar la política y retomar la docencia universitaria en abril de 2022. Por entonces, tras haber concurrido a las elecciones autonómicas como número 2 del PSOE por la provincia de Sevilla, era diputado de la oposición al Gobierno de Moreno Bonilla.

Millonario gasto en personal y servicios

La Agencia Andaluza del Conocimiento se sostenía a base del presupuesto que le transfería la Junta de Andalucía gobernada por el PSOE y, sobre todo, se lo gastaba en sueldos y en servicios externos. Baste como ejemplo el año 2018: consumió 2,99 millones de euros en gastos de personal y 2,47 millones en «otros gastos de explotación», apartado este último que incluyó múltiples y variados contratos, entre ellos el fichaje de decenas de «colaboradores técnicos (externos) para el desarrollo de las actividades de evaluación y acreditación».

Según los estatutos de la Agencia Andaluza del Conocimiento, las remuneraciones de esos evaluadores externos eran aprobadas directamente por orden del consejero de Gobierno al que estaba adscrito aquel ente, previo informe favorable de las consejerías de Hacienda y Administración Pública, lo que supone que el asunto alcanzó también, por tanto, a la actual ministra María Jesús Montero.

Retahíla de irregularidades

Los informes de fiscalización detectaron, entre otras irregularidades, que en junio de 2017 ese ente de la Junta reconoció que había contratado irregularmente como trabajadores eventuales a 36 personas a las que convirtió en personal indefinido. Suponían más del 40% de la plantilla total de la Agencia Andaluza del Conocimiento. Y otro 45%, un total de 38 empleados que estaban en activo en 2018, fueron contratados como personal laboral fijo sin saberse realmente cómo entraron: no consta documentación que acredite que fueron seleccionados con «los correspondientes procedimientos en los que se hayan garantizado la convocatoria pública y los principios de igualdad, mérito y capacidad».

Además, este mismo ente «abonó un importe de 108.144,87 euros de exceso de retribuciones en 2013 y 2014 a 58 trabajadores», según recoge el informe que elaboraron los inspectores y en el que se sustentan las acciones del Tribunal de Cuentas.

Por otra parte, en junio de 2016, la Agencia Andaluza del Conocimiento modificó irregularmente las cantidades abonadas a 39 trabajadores, lo que derivó en junio de 2019, ya con el PP al frente de la Junta, a reclamar las cantidades pagadas indebidamente.

En cuanto a la contratación mercantil, se adjudicaron a dedo los servicios de agencias de viajes, que por ley tenían que haber salido a concurso. A dedo se formalizó también un contrato de patrocinio, saltándose igualmente la Ley de Contratos del Sector Público. También la incumplió cuando, en 2018, no publicó 23 contratos que había adjudicado directamente, mediante la fórmula de la contratación menor.