Maduro ordena ocupar fábricas, arrestar empresarios y sacar el ejército a la calle

La crisis en Venezuela se retroalimenta y crece exponencialmente entre lo económico y lo institucional. La dictadura se impone a la democracia y hunde las expectativas de remontar la recesión, y la galopante inflación, que el FMI ya calcula superior al 2.000% para el año 2017. Y este sábado, el gobernante Nicolás Maduro se ha amparado en la «emergencia económica» para ordenar tomar las fábricas paralizadas y encarcelar empresarios contrarios a su régimen.

El ‘hijo de Chávez’ ha lanzado ejercicios militares como una de las primeras medidas de un estado de excepción que, según los analistas, busca desarticular protestas de la oposición ante la dilación del proceso previsto en la Constitución para convocar un referéndum revocatorio contra él como presidente.

Entretanto, la oposición ha alertado sobre un estallido social en caso de que el Gobierno o el Consejo Nacional Electoral (CNE) bloqueen la consulta que abriría el camino a nuevas elecciones.

«En el marco de ese decreto vigente [de emergencia económica], tomemos todas las acciones para recuperar el aparato productivo que está siendo paralizado por la burguesía […] y quien se quiera parar para sabotear el país que se vaya, y el que lo haga hay que ponerle los ganchos y ponerlo preso», ha espetado el dictador Maduro ante miles de partidarios en el centro de Caracas.

La medida implica la toma de cuatro plantas cerveceras de Polar, la mayor productora de alimentos y bebidas del país, que están paralizadas desde el 30 de abril por la falta de acceso a divisas para importar cebada, dentro del severo control de cambios impuesto en 2003.

Maduro sacará también el ejército a la calle en una semana, excusándolo en ejercicios militares para afrontar lo que denunció como una amenaza externa, en la que justifica el estado de excepción.

Marcha de la oposición

Mientras, en una concentración que reunió a unas mil personas, la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha advertido sobre el riesgo de un bloqueo al referendo.

«Si ustedes trancan la vía democrática, nosotros no sabemos qué puede pasar en este país. Venezuela es un bomba que en cualquier momento puede explotar. Y por lo tanto convocamos a todo el pueblo para que se movilice por el revocatorio», ha afirmado el dirigente Henrique Capriles.

La oposición, que controla el Parlamento, ha exigido que el CNE cumpla los plazos legales y realice el referendo este año.

Las movilizaciones se iniciaron después de que este viernes Maduro firmara un decreto de «estado de excepción y de emergencia económica» contra la «agresión externa» que, aseguró, se cierne sobre su país. Un texto que, sin embargo, aún no ha sido publicado oficialmente.

El dictador denunció que «se están activando medidas desde Washington, pedidas y promovidas por factores de la derecha fascista venezolana, envalentonados por el golpe de Estado de Brasil» contra Dilma Rousseff. En su estrategia, Maduro acusa a Estados Unidos de urdir esas maniobras para «acabar con las corrientes progresistas en América Latina».

Maduro ampliaba así los alcances de un decreto de emergencia económica vigente desde enero y que expiraba este sábado.

Enorme crisis económica

El presidente enfrenta una severa crisis económica, reflejada en una inflación voraz (180,9% en 2015) y severa escasez de bienes básicos, a lo que se suman racionamientos de agua y electricidad. Maduro ha asegurado que el decreto se extenderá durante 2016 y 2017, y ayudará a recuperar la producción.

Maduro, cuya gestión reprueba un 78% de los venezolanos según la última encuesta de Datanálisis, no ha detallado si el decreto de excepción restringirá derechos civiles.

Según el periódico The Washington Post, funcionarios del servicio de inteligencia estadounidense estiman que el Gobierno de Venezuela podría ser derrocado este año por una insurrección popular.

«Maduro ha interpretado que la movilización de la gente en la calle va a obligar a la realización del referendo en 2016, así que desmovilizándola puede maniobrar para posponerlo hasta 2017», ha apuntado a la AFP la analista y experta en temas de seguridad Rocío Sanmiguel.

Añadió que Maduro podría optar por el «estado de conmoción interna y externa», una de las formas más radicales del estado de excepción, lo que limitaría el derecho de protesta y reunión y autorizaría detenciones preventivas y allanamientos sin orden judicial.

La MUD está a la espera que el CNE, al que acusa de servir al Gobierno, valide las firmas que entregó el 2 de mayo para pedir la activación del revocatorio. Si la auditoría es exitosa, la MUD debería recaudar luego cuatro millones de firmas para que se convoque el referendo.

La oposición quiere realizar la consulta este año, pues si se la hace después del 10 de enero de 2017, cuando se cumplen cuatro años del período presidencial, y Maduro pierde, los dos años restantes los completaría el vicepresidente, designado por el jefe de Estado.