Mayorga: «Jueces y notarios soportamos presiones muy fuertes, el que abre la boca no sale en la foto»

• Rafael Sánchez
• Redactor de Nacional de OKDIARIO. Graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. rafael.sanchez@okdiario.com
• • 13/11/2026 18:38
  • Actualizado: 13/11/2026 18:38

El notariado, una institución acostumbrada a la discreción, ha alzado la voz en las III Jornadas Jurídicas de OKDIARIO contra el proyecto de Ley de Integridad Pública del Gobierno. En la mesa «La función del notariado», moderada por el periodista de tribunales de este diario Fernán González, el decano del Colegio Notarial de Castilla-La Mancha, Luis Mayorga; la delegada económica del Consejo General del Notariado, Carmen Boulet; y el director del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP), Pedro Galindo, han advertido de que la reforma pone en riesgo la principal herramienta de los investigadores contra la corrupción y el blanqueo.

Mayorga ha abierto la mesa con un mensaje de apoyo a los jueces en nombre del Consejo General del Notariado: “Queremos mostrar nuestro respeto, admiración y solidaridad con todos los miembros del Poder Judicial. Sabemos que lo están pasando mal y estamos aquí para ayudarles”. Y ha reivindicado el papel del notario como “el protagonista de los hechos íntimos más relevantes de la persona, de la familia y de la empresa”, desde la constitución de una sociedad hasta los poderes preventivos, que ha considerado “quizás el documento más importante que hacemos”: “Todos somos potenciales discapacitados. Es una cuestión de tiempo”.

“La segunda mayor base de datos de España”

Pedro Galindo, abogado del Estado en excedencia, ha desvelado la parte menos conocida del trabajo notarial: el “back office brutal” que convierte cada escritura en datos para el Índice Único Informatizado Notarial. “Es la segunda mayor base de datos de España”, ha explicado. Contiene información de “casi 49 millones de personas físicas” y más de 3,5 millones de personas jurídicas, con más de 180 millones de documentos desde 2004. “Se puede blanquear o financiar terrorismo con cualquier estructura jurídica: una fundación, un partido político, una asociación o un sindicato. No hay ningún tipo de exclusión”.

Desde 2006, el OCP ha contestado “390.000 requerimientos de información en menos de cinco minutos cada uno”, procedentes de “la UCO, la UDEF, el Servicio de Información de la Guardia Civil y, por supuesto, servicios de inteligencia”. “Se nos ha preguntado por 1.100.000 personas físicas o jurídicas, solo en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo”, ha detallado. “Fiscalía Anticorrupción, Antidroga, jueces centrales de instrucción… Todo lo que ustedes ven en la prensa bebe de esa base de datos”. Además, el órgano ha comunicado al Sepblac unas 11.100 operaciones sospechosas, de las que “en torno al 80% han acabado delante de un juez”.

Galindo ha revelado también que en España hay “27.004 políticos en activo”, según la Ley de Blanqueo, relacionados con otras 72.000 personas. “Cuando un fiscal anticorrupción busca qué ha ocurrido con el dinero de la corrupción, no mira al político, mira lo que rodea al político”. Y ha ilustrado cómo detecta un notario a un testaferro con el caso de una mujer de 63 años a la que unos narcos “recogieron en la puerta de una iglesia, la ducharon, la vistieron” y llevaron a una notaría para constituir seis sociedades en un mismo día. “Al notario le bastaron dos preguntas. ¿A qué se dedica usted? Mis labores. ¿Sabe que en todas se nombra administradora única? En ese momento se demudó, miró hacia la puerta y dijo: a mí no me han dicho eso. Eso es un testaferro de libro”.

El responsable antiblanqueo no ha dejado pasar la actualidad: “Cuando alguien sabe blanquear, la operación jurídicamente es perfecta siempre. No la vulgaridad que estamos viendo en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que es de primero de primaria de blanqueo”.

“Para mí se llama corrupción”

Galindo ha advertido de que “una de las iniciativas legislativas del Gobierno lo que pretendía era cegar totalmente la información que podía llegar desde el mundo notarial”. Mayorga ha ido más allá al relatar una conversación con un presidente autonómico: “Me dijo: Luis, ¿sabe lo que pretenden con eso? Simplemente cegar a la UCO y que la UCO no informe a la Audiencia Nacional”. “Pónganle ustedes el adjetivo que quieran. Para mí se llama corrupción. Se llama erosionar el Estado de Derecho. Se llama no fomentar la separación de poderes, sino aunar los poderes en manos de una sola persona. Y esa persona se llama presidente del Gobierno”.

El decano ha asegurado haber consultado a responsables de la UDEF sobre qué ocurriría si desapareciera el índice: “La responsable de la lucha contra el terrorismo me dijo: no hay alternativa y el daño es irreparable. La responsable de crimen financiero organizado me dijo que todas sus investigaciones empiezan por nuestros documentos”. “Un Gobierno que quiere quitar el índice único en materia societaria, ¿qué estará persiguiendo cuando es capaz de prescindir del elemento fundamental de la lucha contra la delincuencia organizada?”.

Mayorga ha recordado que el proyecto ha seguido adelante con informes en contra de la Comisión General de Codificación, el Consejo de Estado, fiscales, jueces y el Notariado: “Tengo 62 años y creo que es la única ley de la democracia que he visto convertirse en proyecto con todos esos dictámenes en contra”. A su juicio, permitir la transmisión de participaciones sociales mediante documento privado con firma cualificada es “abrir una autopista al fraude”: “Sabemos que una persona ha utilizado la firma, pero no sabemos si tenía capacidad, si fue informada, si el contrato es legal”. Y ha cargado contra los registradores, beneficiarios de la reforma, que “a cambio de 30 monedas de plata y una inscripción” contribuyen, ha dicho, a “poner la primera piedra de la demolición de la institución del Registro”.

“Sería suicida a nivel económico”

Carmen Boulet ha aportado la perspectiva económica. Gracias a la seguridad jurídica preventiva, ha explicado, el coste del dinero en España es “de los más bajos del mundo”, con una diferencia de “tres o cuatro puntos” para las empresas respecto a Estados Unidos. Comprar un inmueble en España cuesta “apenas un 1%” sin contar impuestos, frente a “entre el 8 y el 15%” en Estados Unidos, donde es necesario contratar abogado, inmobiliaria y un seguro de títulos. “Apostar por el documento privado sería suicida a nivel económico”, ha advertido. “Habría muchísimo más fraude”, con casos como Servinabar o Forestalia, en los que “tengo un documento privado metido en una caja fuerte y creo la incógnita de quién era el dueño”.

Boulet ha considerado “una paradoja” que la norma se llame de integridad pública: “Es más bien de la desintegración. Creo que están buscando debilitar a la UCO, a la UDEF y demás, que les están haciendo mucho daño, dejándoles sin instrumentos para perseguir la corrupción. Aunque sea duro decirlo, esa es la finalidad”. Y ha recordado un dicho de los abogados estadounidenses: “Si quieres arruinar a alguien, ponle un pleito”.

La ley de nietos: “Chapó por la Sala Tercera”

La mesa ha abordado también la ley de nietos. Galindo ha calificado de “verdaderamente sorprendente” que “una instrucción modifique una ley”, y ha aplaudido al Supremo: “Chapó por esa Sala Tercera, que tomó esas medidas cautelares en un momento extremadamente complicado. Y doble chapó, porque ante el incumplimiento de un mandato judicial tuvo que reiterarlo en términos muy contundentes”. Ha advertido de los riesgos en materia de blanqueo: “Quien esgrime un pasaporte español puede actuar de una manera infinitamente más simple. Ya hemos visto en otros procesos cómo personas de la antigua Unión Soviética cambiaban los apellidos, se nacionalizaban y estaban vinculadas a esquemas de financiación del terrorismo”.

Mayorga ha enmarcado la cuestión en “una deriva legislativa” que vulnera el artículo 9.3 de la Constitución: “¿Dónde está la jerarquía normativa? ¿Dónde está el principio de legalidad? ¿Dónde está la interdicción de la arbitrariedad?”. Y ha cerrado con una frase que ha resumido el ambiente de las jornadas: “Tanto los jueces como nosotros estamos soportando presiones muy fuertes. Y el que abre la boca no sale en la foto”. El decano ha anunciado además que el pleno del Consejo General del Notariado se reunirá en Ceuta en febrero y ha despedido la mesa con un deseo: “Con este Gobierno entran en las instituciones. Espero que con el próximo salgan y entremos los notarios, que creo que podemos aportar algo más de seguridad jurídica y de dignidad”.