Los jueces denuncian la injerencia del Constitucional: “Es un órgano político, sus sentencias se saben antes de dictarse”

• Rafael Sánchez
• Redactor de Nacional de OKDIARIO. Graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. rafael.sanchez@okdiario.com
• • 14/11/2026 09:50
  • Actualizado: 14/11/2026 09:50

“Al título de esta mesa le falta un signo de interrogación y le sobran tres letras: no son equilibrios, son desequilibrios”. Con esa enmienda ha abierto el magistrado del Tribunal Supremo y expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Celso Rodríguez Padrón la mesa «El equilibrio de poderes en la justicia: del tribunal de instancia al Tribunal Constitucional», moderada por la periodista de OKDIARIO Irene Tabera en las III Jornadas Jurídicas del periódico. Junto a él han participado Javier Gómez Bermúdez, juez en excedencia de la Audiencia Nacional, que presidió el tribunal del 11-M y hoy ejerce como abogado, y Luis Ángel Garrido Bengoechea, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Rodríguez Padrón ha descrito “una lucha que dura ya demasiados años: la lucha por el dominio de la justicia”, en la que existen “auténticas desigualdades”. Y ha ido más allá al cuestionar que pueda hablarse siquiera de un sistema: “Un sistema es un conjunto de estructuras que funciona de manera armónica hacia un fin homogéneo. Las estructuras que se aglutinan bajo el concepto de justicia no responden ni a la misma finalidad, ni a los mismos criterios y, casi me atrevería a decir, ni siquiera a los mismos principios”.

“Gratuitos insultos” al Supremo

El magistrado del Supremo ha cargado contra las invasiones de competencias del Tribunal Constitucional: “No debería convertirse en un órgano ni de casación ni de apelación de las sentencias firmes del Tribunal Supremo. Cualquier invasión de competencias sobre la interpretación de la legalidad que lleva a cabo el Supremo es una anomalía”. Ha citado las sentencias de julio de 2024 sobre los ERE de Andalucía, en las que el TC “dio la vuelta a la interpretación que sobre la legalidad había llevado a cabo el Tribunal Supremo”, y la reciente sentencia sobre la aplicación de la amnistía a la malversación del procés, en la que, según ha relatado, el Constitucional acusó a la Sala Segunda de una “aplicación imprevisible de la ley”.

“Acusar al Tribunal Supremo, nada menos, de llevar a cabo aplicaciones imprevisibles de la ley es estar casi, casi de modo subliminal acusándole de otra cosa”, ha advertido. Y ha aplaudido la “respuesta firme, excelente” de la Sala Segunda, que en su auto de octubre, aun aplicando la amnistía, “no pudo dejar de reprochar al Tribunal Constitucional sus gratuitos insultos”. “Esta situación es insólita. Esto no es de recibo en un Estado de derecho serio. Es tremendamente lamentable”.

“Las casas de apuestas ni las aceptan”

Garrido ha ironizado sobre esa supuesta imprevisibilidad: “Si estuviera en el Tribunal Constitucional, a lo mejor diría que mi grado de previsibilidad es altísimo. Prácticamente se sabe la sentencia antes de que se dicte. No hay más que contar los votos”. “Las casas de apuestas ni las aceptan”, ha añadido entre risas del público.

El presidente de la Sala de lo Contencioso vasco ha denunciado también la doctrina del TC sobre los decretos ley: “Se dictó una sentencia que decía que podía utilizarse el real decreto ley siempre que el Gobierno creyera que había razones de urgencia, aunque no las hubiera. Pues ya lo podemos usar casi para todo. De hecho, se está usando casi para todo”. Y, en referencia a la instrucción de la ley de nietos que se criticó en la mesa de los notarios, ha revelado una práctica habitual en la Administración: “Menos mal que esa instrucción se publicó. Muchas instrucciones de las direcciones generales se mandan con un correo electrónico. En extranjería, según quién sea el director general, se dan más o menos autorizaciones de residencia. Y eso es incontrolable desde el punto de vista jurisdiccional”.

“Un órgano netamente político”

Gómez Bermúdez ha sido el más contundente: “La injerencia del Tribunal Constitucional en las competencias de la jurisdicción ordinaria es constante, es tremenda y está provocando una disfunción muy grave”. El exjuez de la Audiencia Nacional ha recordado lo que el TC no puede hacer nunca: “Valorar los hechos, revalorar la prueba, interpretar las leyes”. Y ha marcado la diferencia con los jueces: “Un juez tiene ideología, pero sus resoluciones no pueden depender de ella. Un magistrado del Constitucional sí, porque el Tribunal Constitucional es un órgano netamente político. Cuestión distinta es que su interpretación llegue al extremo de la obediencia debida, que es lo que está ocurriendo con cierta frecuencia”.

“Por prudencia, mis compañeros que están en activo no han querido decir algo absolutamente obvio”, ha continuado. “Desde que se introdujo el criterio de la especial trascendencia constitucional, el Tribunal Constitucional solo escoge los recursos que le gustan. Esta mañana hemos tenido un ejemplo: hay una cuestión de inconstitucionalidad que lleva cuatro años pendiente y, sin embargo, se han resuelto en 30 días otras muy relevantes”. En su opinión, la designación de los magistrados del TC “por bloques totales” es “contraria a la Constitución”.

Como “ventana de esperanza”, Gómez Bermúdez ha señalado a Europa: “El Tribunal Constitucional va diluyéndose conforme crecen las normas de la Unión Europea”. Garrido le ha dado la razón con un dato: “Si alguien mira el BOE, hay muchas más cuestiones prejudiciales ante el TJUE que cuestiones de inconstitucionalidad. Muchas veces, antes de ir al Constitucional, intentas aferrarte a una norma comunitaria”.

“La amortización del juez”

Gómez Bermúdez, que ha estado 20 años en la Audiencia Nacional, ha hablado también de las presiones: “Cuanto más se acerca la justicia al poder, más tiende a la injusticia. He sufrido de todo. ETA es lo que menos me preocupaba, porque al fin y al cabo, si tienes la mala suerte de que te matan, eres una víctima más. La amortización del juez es la mayor de las presiones, y se produce continuamente”.

“Gallinas ponedoras”

Garrido ha alertado de una erosión menos visible del Poder Judicial: la nueva oficina judicial y la ley de eficiencia. “Lo decimos coloquialmente cuando tomamos café: nos han convertido en gallinas ponedoras. Te llega el asunto tramitado por una oficina de la que no controlas nada. Prácticamente tienes que pedir permiso al letrado coordinador para decir que un asunto es importante. Si te llevas bien, va bien. Si te llevas mal, tenemos un conflicto”. Y quien nombra a esos coordinadores, ha recordado, es la comunidad autónoma o el Ministerio: “Con estas pequeñas piedrecitas se acaba minando el Poder Judicial como verdadero poder”.

Rodríguez Padrón ha rematado la crítica con dos detalles de la ley. El primero, su título: “Eficiencia, según la RAE, es conseguir los mejores resultados con los menores recursos. Para un juez, ese planteamiento es inaceptable. Siempre lucharemos por los mayores recursos”. El segundo, un artículo que permite a los jueces pedir información a la oficina judicial sobre sus asuntos: “Menos mal. La ley me da permiso para preguntar por el asunto cuya sentencia tengo encomendada. Oiga, perdone, ¿podría decirme qué hay de lo mío?”.

7 millones de asuntos para 5.400 jueces

El magistrado del Supremo ha aportado el dato que mejor resume el colapso: “En los últimos seis años no bajan de 7 millones los asuntos que ingresan cada año en los juzgados, para una planta de 5.400 jueces”. Y ha abierto un debate “endiablado”: si todo debe ser recurrible. “La tutela judicial efectiva garantiza una respuesta motivada en derecho, no cinco: primera instancia, Audiencia, Supremo, Constitucional y, después, Europa. Si el legislador quiere que todo sea recurrible, necesitaremos el doble de jueces. Pero ojo, seleccionados con mérito y capacidad, no mediante atajos que se han esbozado en alguna norma reciente”. “No podemos tener un Supremo cuyas salas dictan miles de sentencias al año. Eso no es un Tribunal Supremo”.

“El indulto es una anomalía democrática”

En el cierre, a propósito del posible indulto al exfiscal general, Gómez Bermúdez ha sido tajante: “El indulto es una anomalía democrática. Es la potestad que tenía el rey absoluto. Hay muchos indultos inmotivados, absolutamente arbitrarios. A Pepe el de la zapatería no lo indultan, pero a Pepe el otro sí”. Garrido ha puesto la nota de humor recordando a la cofradía malagueña de Jesús el Rico, que libera a un preso en Semana Santa: “Ahora se dice que hay alguien con una condena muy corta que tal vez en las próximas semanas sea indultado. Podía haberlo sido por la cofradía”.

Rodríguez Padrón ha querido despedirse con la fórmula del juramento que prestan los jueces al ingresar en la carrera: “La sociedad española puede tener la absoluta confianza en que los jueces seremos siempre fieles a ese juramento. Sean cuales sean las dificultades que tengamos que vencer, administraremos recta e imparcial justicia frente a todos”.