Garrido (CEIM): «Tenemos un Gobierno que trabaja para que sus empresas ganen menos, no para que ganen más»
El presidente de CEIM y vicepresidente primero de la CEOE, Miguel Garrido de la Cierva, ha cargado contra la política económica del Gobierno en el cierre del encuentro “Alcobendas, un ecosistema para crecer”, organizado por OKDIARIO en el Centro de Arte de la ciudad en colaboración con el Ayuntamiento. Garrido ha presentado Alcobendas como “uno de los mejores ejemplos del modelo económico que ha triunfado en la Comunidad de Madrid” y ha reclamado que “España también lo entienda”.
El líder de los empresarios madrileños ha defendido que “nada es casual” y que unas políticas acertadas convierten un lugar en atractivo para la inversión, lo que se traduce en “mayor riqueza, mayor bienestar y mayor recaudación, ampliando las bases impositivas y no la presión fiscal”. Sobre Alcobendas, ha citado “más de 16.000 empresas” y “más de 500 multinacionales”, y la ha situado entre “las primeras ciudades de España por facturación empresarial”. Pocas ciudades, ha dicho, representan tan bien “la diversidad y la fortaleza de nuestro tejido productivo”. Ha elogiado una Administración que ha entendido que su papel es “abrir caminos en vez de poner obstáculos” y ha destacado el papel de los centros de datos, que hoy son “tan estratégicos como en otro momento fueron las carreteras, el ferrocarril o los aeropuertos”.
“Un Gobierno que trabaja para que sus empresas ganen menos”
Garrido ha criticado que “hoy solo piensan y solo hablan de repartir una riqueza que nadie ha creado y que nadie se preocupa por crear”. “La riqueza que crean las empresas siempre se redistribuye, pero hay que crearla”, ha afirmado. Y ha añadido: “Tenemos un Gobierno que trabaja para que sus empresas ganen menos, no para que ganen más. Es algo absolutamente inexplicable y desde luego inédito en el mundo occidental”.
Ha advertido de que las empresas operan en un marco nacional que les hace “cada vez más difícil hacer empresa”, con una regulación “excesiva, cambiante y de peor calidad” que genera inseguridad jurídica. “Lo que una empresa dedica a la burocracia no puede dedicarlo a invertir, innovar, contratar o crecer”, ha señalado.
Absentismo: “50.000 millones al año”
Garrido ha situado el absentismo laboral como uno de sus principales motivos de preocupación. Según ha dicho, tiene un coste directo de 33.000 millones de euros para empresas y administraciones, y de unos 50.000 millones al año si se suma lo que cuesta en facturación. Ha reaccionado además a las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que, según ha contado, advirtió este fin de semana de que “las derechas” recortarían las bajas laborales: “Al presidente le preocupa que se recorte, en vez de trabajar con medidas serias”.
Ha reconocido que “no es que mayoritariamente los trabajadores utilicen el fraude”, pero ha sostenido que “el fraude existe” y que hay que tomar medidas, y ha dicho que se han adoptado “las contrarias”, lo que ha disparado los costes.
Cinco prioridades
El presidente de CEIM ha resumido su agenda en cinco puntos: seguridad jurídica y estabilidad regulatoria, porque “nadie invierte a largo plazo con reglas que cambian constantemente”; una fiscalidad que favorezca la inversión, sin nuevos impuestos, con un impuesto de sociedades competitivo y un IRPF deflactado; respeto a la autonomía fiscal y rechazo a la “armonización al alza” que, según él, pretende el Gobierno; simplificación administrativa, con “menos trámites, menos duplicidades y menos burocracia”; y un “diálogo social de verdad”, de modo que las decisiones se tomen “contando con las empresas, no a espaldas ni en contra de ellas”.
Ha insistido en que las pymes son las que “más sufren cada nueva carga” y ha reclamado que se deje de penalizar su crecimiento: “No podemos pedir a las empresas que ganen tamaño y responder con más cargas y obligaciones cada vez que lo consiguen”. Y ha resumido la petición del sector: “No pedimos privilegios para las empresas, pedimos confianza en las empresas: que las dejen trabajar, competir y crecer”.
“Una huelga de carácter político”
Antes de concluir, Garrido se ha referido a la huelga general anunciada, que ha calificado de “carácter político” y que, a su juicio, “no debe hacerse recaer sobre las empresas y los trabajadores”. Ha defendido el derecho de huelga, pero también “el derecho a trabajar”: “Cada persona debe poder decidir libremente, sin presiones, coacciones ni amenazas, si secunda o no los paros”. Y ha añadido: “No podemos normalizar la violencia ni la coacción para imponer una decisión a los demás”.
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