La UCO calcula en más de 323.000 € el botín de Cerdán y su familia procedentes de la trama a través de Servinabar

La UCO de la Guardia Civil ha cuantificado en 323.178,41 euros los beneficios que Santos Cerdán y varios miembros de su entorno familiar habrían disfrutado entre 2015 y 2024, según el informe económico patrimonial entregado al juez esta semana y al que ha tenido acceso OKDIARIO.

El documento policial atribuye ese dinero principalmente a la mercantil Servinabar 2000, administrada por Antxón Alonso, socio de Cerdán en dicha empresa.

Los agentes han identificado varios beneficiarios dentro del círculo cercano al ex secretario de Organización del PSOE. Entre ellos figuran su mujer, Francisca Muñoz Cano alias Paqui; su hermana, Belén Cerdán León; y su cuñado, Antonio Muñoz Cano.

El informe recuerda que Cerdán adquirió el 45% de Servinabar el 1 de junio de 2016, mediante la compra de 1.300 participaciones valoradas en 6.000 euros. Los investigadores han constatado que «no ha sido localizado el pago de los 6.000 euros a Antxon» en las cuentas bancarias analizadas.

Francisca Muñoz fue contratada por la cooperativa Noran S. Coop. –cooperativa que desveló OKDIARIO– entre marzo y julio de 2018, percibiendo 9.500 euros, mientras que la propia mercantil era, según el documento, la principal fuente de financiación de dicha cooperativa.

La hermana de Cerdán, María Belén, recibió de Servinabar 22.324 euros entre febrero y junio de 2020, y posteriormente pasó a ser empleada de la cooperativa Erkolan, que llegó a abonar un total de 367.290 euros a la propia mercantil entre junio de 2020 y mayo de 2025.

Vivienda en alquiler

Uno de los capítulos más detallados del informe es el del alquiler de las viviendas donde residió Cerdán en Madrid. Servinabar asumió el pago de un inmueble en la calle Cardenal Cisneros entre noviembre de 2017 y julio de 2018, por 7.200 euros.

Posteriormente, la sociedad se hizo cargo del alquiler de la vivienda de la calle Hilarión Eslava, donde Cerdán y su familia residieron entre agosto de 2018 y noviembre de 2019, por un importe de 44.645 euros, además de mobiliario valorado en, «al menos, 7.849,00€».

Los agentes han sumado a ello el uso de una tarjeta bancaria de la mercantil, con la que se han identificado 40 pagos «atribuibles a Santos Cerdán» por valor de 3.560 euros entre 2022 y 2024, en restaurantes, gasolineras y establecimientos próximos tanto a su domicilio madrileño como a su localidad natal, Milagro (Navarra).

Tentativa fallida

El documento recoge también un intento de compra de un piso de casi un millón de euros que finalmente no se consumó. La operación se refiere a una vivienda situada en la calle Santa Cruz de Marcenado, en Madrid, visitada por Cerdán y su mujer el 6 de septiembre de 2021.

Según una conversación de WhatsApp entre Alonso y su esposa fechada el 9 de septiembre de 2021, la pareja había manifestado su interés por un inmueble valorado en «950.000€» al que pretendían hacer una reforma de «350.000€». El propio Alonso se quejaba en ese chat del nivel de gasto de los Cerdán: «Gastar y gastar», «Y encima no son nada discretos».

Servinabar llegó a abonar una señal de 9.000 euros el 21 de septiembre de 2021 y a negociar un contrato de arras por un precio final de 985.000 euros, según el borrador fechado ese mismo mes de octubre. La operación se frustró finalmente por discrepancias en los plazos de entrega, y la inmobiliaria devolvió la señal el 27 de enero de 2022.

Origen empresarial

El grueso de los fondos manejados por Servinabar procede, según la UCO, de su relación comercial con la constructora Acciona. El informe calcula que el 87,04% de los ingresos de la mercantil entre 2015 y 2025 —7.518.299,91 euros— tiene su origen en esa empresa o en proyectos vinculados a ella, como la Variante de Logroño o el túnel de Belate.

Un 2,48% adicional procede de sociedades investigadas en el caso de las cloacas del PSOE instruido por el juez Santiago Pedraz. El resto se reparte entre préstamos, la cooperativa Noran y personas vinculadas al propio Alonso Egurrola, como su hermano —a través de la empresa Softlan— o el empresario Juan Sumelzo Jordán.

Los peritos de la UCO subrayan que ese reparto porcentual alcanza su cénit —es decir, su punto más alto— precisamente durante la llamada «etapa ministerial» de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes, entre 2018 y 2021, cuando Acciona resultó adjudicataria de varios contratos públicos hoy bajo sospecha.

El informe concluye que esa «plena disposición» de los fondos de Servinabar por parte de Cerdán, unida a la tentativa de compra del piso madrileño, revela un patrón que va más allá de las nóminas o los alquileres puntuales: una familia entera instalada, durante casi una década, en el ecosistema económico de una empresa que vivía, casi en exclusiva, de los contratos de una sola constructora.