El Supremo investiga una denuncia por falsedad documental contra el ministro Félix Bolaños
Investigado por coacciones el candidato de Bolaños para sustituir a un alcalde socialista crítico
El candidato de Bolaños para sustituir a un alcalde díscolo: «Cuando te coja en el campo te voy a matar»
Una denuncia por falsedad documental contra Félix Bolaños evita la purga de un alcalde crítico del PSOE
El Tribunal Supremo tendrá que incoar diligencias para averiguar si el actual ministro socialista de la Presidencia, Félix Bolaños, cometió falsedad documental en el intento de expulsión del PSOE un alcalde díscolo de la localidad zaragozana de Tosos, José Luis Ansón, cuando Bolaños era Secretario de la Comisión Federal de Ética y Garantías del PSOE. Tras dar muchas vueltas la Audiencia Provincial de Madrid se declara incompetente para dirimir la denuncia y la devolvió al Juzgado el pasado 22 de abril para que la remita «al Órgano competente para su incoación y resolución», porque Bolaños pasó a ser aforado en julio de 2021 tras su nombramiento como ministro y por tanto el Tribunal Supremo es el órgano responsable de resolver cualquier denuncia contra Bolaños.
José Luis Ansón, alcalde de un pequeño pueblo de Aragón y presidente de la Comarca del Campo de Cariñena, denunció en julio de 2019 «las profusas irregularidades del anterior presidente de la comarca de Campo de Cariñena, Sergio Ortiz, perteneciente al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) por presunta prevaricación y malversación de fondos (…)». A partir de ese momento, varios consejeros socialistas de la Comarca le retiraron su apoyo, a pesar de que obtuvo la presidencia con el apoyo de los mismos, compañeros de partido, y le pidieron que retirase la denuncia contra Ortiz.
Como Ansón se resistió, el PSOE inició un procedimiento disciplinario que le fue notificado el 10 de mayo de 2021 en el que se resumía que el PSOE había acordado «expulsar del Partido Socialista Obrero Español a D. José Luis Ansón Gómez, militante de la Agupación (…)». La expulsión fue recurrida por Ansón en fecha de 21 de mayo. El problema es que Félix Bolaños, certificó que la resolución había «devenido firme y definitiva» mediante un escrito del 7 de mayo de ese mismo año, sin esperar el recurso de Ansón y tres días antes de que el afectado tuviese conocimiento del mismo. El día 13 de mayo, Óscar Santos, entonces responsable del Departamento de Atención a la Militancia y la Ciudadanía del PSOE, emitía un certificado de expulsión.
Por todo ello Ansón comenzó una larga lucha en varios frentes, primero evitar la moción de censura impulsada por sus propios compañeros de partido, algo que logró finalmente evitar, aunque tuvo que pasar al Grupo Mixto de la Comarca de Campo de Cariñena en septiembre de 2021.
Hasta su ascenso, Félix Bolaños fue, entre otros cargos, profesor del Instituto de Empresa y experto en Derecho Laboral en un gran bufete de abogados hasta que en 2014 fue nombrado secretario de la Comisión Federal de Ética y Garantías del PSOE y, por tanto, el encargado de investigar y decidir las expulsiones del partido. Pero en este caso, a Bolaños «le pudieron las prisas, porque después de comunicarme la expulsión yo tengo derecho a presentar alegaciones durante tres meses y no puede ser efectiva esa expulsión, de hecho, tardaron cuatro meses en comunicármelo», explicaba hace unos meses el propio alcalde José Luis Ansón a OKDIARIO, que especificaba que la denuncia a Bolaños «es porque mandó un documento falso a la administración».
Ansón explica que desde que denunció a su predecesor Sergio Ortiz, actual alcalde del pueblo (no de la comarca) de Cariñena y diputado autonómico socialista en las Cortes de Aragón, «empecé a sufrir presiones por parte de múltiples cargos del Partido Socialista Obrero Español, con la finalidad de que retirase las denuncias formuladas, habida cuenta de que las mismas ponían de manifiesto supuestas conductas antijurídicas penalmente reprochables que podían perturbar los resultados electorales de dicho partido político» en las elecciones autonómicas de 2019.
Finalmente, la denuncia de Ansón cayó por turno en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, que se declaró sin competencia, puesto que «uno de los denunciados está aforado ante el Tribunal Supremo», ya que es ministro del Gobierno, cargo que comenzó a ocupar el 13 de julio de 2021. El juzgado se declaró no competente y por eso, Ansón ha recurrido en reforma y apelación para que el juzgado promueva un «incidente de nulidad de actuaciones por falta de competencia» y se inhiba en favor de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Como el Juzgado no mandaba la causa al Supremo contra Félix Bolaños, sino que pidió archivarla, la defensa de Ansón recurrió en apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, que el 8 de abril remitió un auto al Juzgado Instructor para que mandase la causa al Tribunal Supremo.
José Luis Ansón ha sido como un verso suelto en el PSOE de Aragón. Cuando llegó a la presidencia del Campo de Cariñena como alcalde de Tosos, un pequeño pueblo de Zaragoza, lo primero que hizo en julio de 2019 fue revisar las cuentas y descubrir que había previsto una subida de sueldos de trabajadores de este organismo para 2020 del 23 por ciento en algunos casos. Todo ello en contra de un informe de la Secretaría de la Comarca, que agrupa a 19 municipios aragoneses y que habría supuesto un deterioro de las arcas públicas de unos 150.000 euros, en contra de la Ley 6/2018 de 3 de julio de Presupuestos Generales del Estado, que impedía una subida de sueldo superior al 1,5 por ciento para los funcionarios. La Comarca de Cariñena es un organismo que maneja un presupuesto anual de unos 3,5 millones de euros.
Será la segunda vez que el nombre de Félix Bolaños esté en el Tribunal Supremo, que declarará ilegal el reparto de los cargos directivos de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) pactados por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el ex secretario general del PP Teodoro García-Egea. Así lo ha acordado la Sala de lo Contencioso-Administrativo que, según ha podido saber OKDIARIO, ya tiene redactada la sentencia en la que se estima la demanda interpuesta por Leonardo Cervera, uno de los candidatos perjudicados por el acuerdo al que llegaron PSOE y PP saltándose la normativa.
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