Solo 14 personas secundan la protesta de la ANC dentro de la sede de la Comisión Europea en Barcelona

En declaraciones a Europa Press este sábado por la mañana, la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, ha explicado que los activistas «han pasado la noche bien», que están firmes y tranquilos.

Además, ha explicado que prevén terminar a las 11 horas la acción en este punto de Barcelona, en el paseo de Gràcia.

Una cincuentena de personas también estaba la mañana de este sábado en la puerta de la sede de la CE y llevaban pancartas con el lema ‘Self-determination is a right, not a crime. Make a move’ –‘La autodeterminación es un derecho, no un crimen. Moveos’–.

La protesta comenzó la noche del viernes después de entregar una carta a la CE dirigida a su presidente, Jean-Claude Juncker, en la que le pedían aplicar el artículo 7 del Tratado de Lisboa para suspender los «derechos electorales» de España en las instituciones comunitarias.

El Govern niega privilegios a golpistas

Este mismo sábado, la consellera de Justicia de la Generalitat, Ester Capella, ha negado que los líderes independentistas en prisión tuviesen despacho ni salas de trabajo durante su encarcelamiento en centros catalanes.

Así lo ha asegurado en sendas respuestas a una batería de preguntas parlamentarias del PP, recogidas por Europa Press, en las que Capella explica que todos los internos en prisiones catalanas «reciben un trato que tiene en cuenta todas sus circunstancias personales» cumpliendo siempre con la legislación independientemente de su condición.

Los populares también pedían al Govern que revelase las visitas no personales que han recibido los presos, así como las de autoridades, pero la Generalitat se ha negado a hacerlo público aludiendo al reglamento penitenciario.

La Conselleria de Justicia ya rehusó en noviembre informar a Cs sobre la relación de visitas que han recibido los líderes soberanistas encarcelados esgrimiendo que la normativa penitenciaria llama a respetar «al máximo la intimidad» de las comunicaciones de los internos, argumento que han repetido ante la petición del PP.

La Generalitat sostiene que la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno permite a las administraciones denegar el acceso a información pública si conlleva un perjuicio a la intimidad «y los otros derechos privados legítimos».

No obstante, señala en la respuesta parlamentaria que las visitas realizadas en cualquier centro penitenciario de la Generalitat «se ajusta a la legalidad aplicable».