El Poder Judicial condena por unanimidad los ataques de Bolaños a la juez del hermano de Sánchez

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado por unanimidad una declaración institucional que censura las críticas del Gobierno a los jueces y, en particular, según fuentes del órgano consultadas por OKDIARIO, las palabras gruesas del ministro Félix Bolaños contra la magistrada Beatriz Biedma por enviar a juicio al hermano del presidente del Gobierno.

El órgano de gobierno de los jueces apela a la «responsabilidad institucional» tras las descalificaciones gubernamentales a las resoluciones judiciales y defiende que los políticos deben «compatibilizar su legítimo derecho a la crítica con la preservación de la confianza de la ciudadanía en las instituciones».

El pasado viernes 23 de mayo, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes calificó de «sorprendente» la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz de abrir juicio oral contra David Sánchez y otros diez investigados. Bolaños criticó las supuestas «prisas» de la magistrada por no esperar «al criterio de la Audiencia Provincial» antes de procesar a los acusados.

«La resolución es sorprendente porque no es nada habitual que se intente abrir juicio oral sin esperar al criterio de la Audiencia Provincial. Las prisas no son buenas consejeras», declaró el ministro a los medios de comunicación en los pasillos del Senado.

La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, arreció en las descalificaciones al denunciar que «a raíz de una mentira, un bulo impulsado por la ultraderecha», existen «todos los días» tanto «pseudoinformaciones» como «pseudoinvestigaciones» que «pretenden atacar al entorno del presidente» del Gobierno.

La declaración institucional del CGPJ, aprobada este martes, subraya que «la libertad de expresión ampara la crítica de las resoluciones judiciales». Sin embargo, recuerda la «responsabilidad de los representantes políticos» cuando «discrepan de una resolución judicial».

El texto, que reproduce literalmente las palabras de la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial en anteriores pronunciamientos, establece la necesidad de «compatibilizar su legítimo derecho a la crítica con la preservación de la confianza de la ciudadanía en las instituciones».

La Comisión Permanente hace un llamamiento expreso «al respeto a la independencia judicial en el ejercicio de la función jurisdiccional», en una velada respuesta a las declaraciones gubernamentales que han puesto en tela de juicio la actuación de la jueza Biedma.

Esta no es la primera vez que el órgano de gobierno de los jueces se pronuncia sobre las críticas políticas a las resoluciones judiciales. El Pleno ya aprobó el pasado 1 de abril una declaración institucional en términos similares, que ahora ha servido de referencia para el nuevo pronunciamiento.

La escalada de tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial se ha recrudecido con el procesamiento del hermano del presidente por prevaricación y tráfico de influencias en la adjudicación irregular de un puesto en la Diputación de Badajoz.

Aforamiento controvertido

El caso ha adquirido mayor complejidad tras la decisión de Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE extremeño y también procesado, de forzar su entrada como diputado autonómico el pasado miércoles. Esta maniobra le otorga el aforamiento, trasladando su causa al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

Bolaños defendió que el aforamiento de Gallardo «no implica ninguna impunidad» y es «simplemente que otro tribunal es el competente para juzgar una causa». No obstante, persisten las dudas jurídicas sobre si la prerrogativa es efectiva antes de que el político preste juramento del cargo en el pleno autonómico.

Por su parte, en línea con el ministro de Justicia, la defensa de David Sánchez ha cuestionado mediante un escrito el «cambio radical» de criterio de la magistrada, quien había mostrado anteriormente una posición más cautelosa en sus resoluciones.

La fricción entre poderes del Estado se ha intensificado en las últimas semanas, con el Gobierno mostrando su disconformidad de manera cada vez más explícita con las decisiones judiciales que afectan al entorno presidencial.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, llegó a afirmar que si David Sánchez no fuera hermano del presidente «no habría caso», mientras recordaba que los hechos investigados ocurrieron cuando Pedro Sánchez «ni siquiera era presidente del Gobierno».

Esta pugna institucional refleja la creciente polarización política que permea incluso las relaciones entre los diferentes poderes del Estado, creando un clima de crispación que el CGPJ considera perjudicial para la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.

La unanimidad alcanzada en la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial envía una señal inequívoca de que el órgano de gobierno de los jueces no tolerará injerencias en la labor jurisdiccional, por mucho que provengan de las más altas instancias del Ejecutivo.