Podemos elige conservar sus sueldos de hasta 119.566 €: «El Gobierno no peligra por el ‘sí es sí’»

• Luz Sela
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• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.
• • 31/01/2023 13:49
  • Actualizado: 01/02/2023 01:09

La reforma de la Ley del sólo sí es sí ha abierto una nueva grieta en el Gobierno de coalición, pero su continuidad no está en riesgo. La desautorización por parte del PSOE a Podemos con su propuesta para elevar las penas de la norma estrella de Irene Montero ha tensionado a los dos socios, pero el portavoz podemita en el Congreso, Pablo Echenique, ha descartado este martes que su formación se vaya del Gobierno. Ello, pese a que la ley, que ha provocado una cascada de rebajas de condena a agresores sexuales y excarcelaciones, es una de las banderas de Podemos.

Tras varios meses descartando una reforma, Echenique se ha mostrado abierto a llegar a un acuerdo para cambiar esta norma en lo que se refiere a su escala penológica y en el contexto de «proteger la unidad del Gobierno de coalición». Aunque existen discrepancias -los morados exigen que el «consentimiento» siga en el centro de la ley, en lugar de la «violencia o intimidación»-, Podemos prefiere cargar contra «la derecha mediática, política y judicial» que, en su opinión, «presiona» al Gobierno, que contra sus propios socios.

Sueldos

La intención de Unidas Podemos es preservar su cuota en el Gobierno de coalición y su influencia, cada vez más mermada. Actualmente, la formación cuenta con cinco asientos -Yolanda Díaz (Trabajo), Ione Belarra (Derechos Sociales), Irene Montero (Igualdad), Alberto Garzón (Consumo) y Joan Subirats (Universidades)-, si bien tanto Díaz como Garzón se han posicionado en más de una ocasión más próximos a la parte socialista.

Por su cargo, cada ministro cobra 79.415,16 euros brutos anuales -un sueldo mensual de 6.617,93 euros-, cada secretario de Estado, 77.891 euros, y cada director general, 59.047 euros. Aunque estos últimos ven aumentados su salario a través de distintos complementos. Así, por ejemplo, la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, cobra anualmente 119.566 euros brutos, según el Portal de Transparencia. O, lo que es lo mismo, 8.540,43 euros brutos al mes.

Hasta ahora, Podemos ha aceptado subir las penas mínimas de la Ley del sólo sí es sí, aunque rechaza la propuesta del PSOE. La propia Pam Rodríguez admitió este lunes que el Ministerio de Igualdad está dispuesto a llevar a cabo un «retoque» del Código Penal, siempre y cuando se «blinde» el modelo basado en el consentimiento, que considera «el corazón» de la ley.

La secretaria de Estado de Igualdad -que se tomó a risa hasta en dos oportunidades la excarcelación de violadores, como destapó OKDIARIO- afirmó también que el Ministerio va a hacer «todo lo posible por llegar a un acuerdo» y aseguró que «comparte la preocupación social» ante las rebajas de penas a raíz de la aprobación de la norma, que «no es un efecto deseado».

La aplicación de la Ley del sólo sí es sí ha provocado, hasta el momento, 322 rebajas de penas a agresores sexuales, y 31 excarcelaciones.

La reforma, no obstante, no evitará que hasta 3.600 delincuentes sexuales hoy en prisión vean rebajadas sus penas, ya que siempre podrán acogerse a la ley más favorable publicada tras sus condenas. Sólo afectará a las nuevas condenas.

El borrador elaborado por el Ministerio de Justicia, en el que se basará la proposición de ley del PSOE, propone castigar con entre 1 y 5 años de cárcel las agresiones sexuales cuando exista violencia, intimidación o se haya anulado la voluntad de la víctima, pero las penas serán de entre 6 y 12 años cuando exista además penetración.

En casos de agravantes, la horquilla que se propone va de los 5 a los 10 años cuando no haya penetración y entre 12 y 15 cuando sí la haya. Esas mismas penas están recogidas también en la propuesta del Partido Popular, que fue registrada en el Congreso de los Diputados el pasado 16 de diciembre.