Begoña Gómez también irá a juicio con jurado por los otros 4 delitos de corrupción

El juez Juan Carlos Peinado ha abierto un segundo juicio con jurado contra la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. Así consta en un auto fechado este jueves al que ha tenido acceso OKDIARIO. De esta manera, la mujer del presidente del Gobierno irá a otro juicio con tribunal del jurado por los cuatro delitos restantes por los que se encuentra imputada.

El pasado 24 de septiembre, Juan Carlos Peinado ya propuso enviar a juicio ante un jurado popular a Begoña Gómez por un presunto delito de malversación de caudales públicos por el nombramiento de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez. El juez planteó lo mismo para Álvarez y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

Ahora, el instructor ha hecho lo propio con un segundo juicio con tribunal del jurado para los otros cuatro delitos por los que se investiga a la pentaimputada mujer del presidente del Gobierno.

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha acordado «la incoación de procedimiento para el juicio ante el Tribunal del Jurado, figurando como investigado/s D. Juan Carlos Barrabés Cónsul, Dña. María Begoña Gómez Fernández y Dña. María Cristina Álvarez Rodríguez por un presunto delito de corrupción en el sector privado, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo».

El auto también detalla que el juez convoca a comparecencia a los investigados, al Ministerio Fiscal y, en su caso, a las demás partes personadas para el próximo 6 de octubre a las 17:30 horas. «Cítese a los investigados en debida forma, haciéndole saber que deberán comparecer necesariamente asistidos de su Letrado», remarca el instructor.

Esta literalidad de lo ordenado por el instructor no es baladí, teniendo en cuenta que el pasado sábado Begoña Gómez no se presentó en los Juzgados de Plaza de Castilla -sí lo hizo su abogado, el ex ministro Antonio Camacho-, alegando que le eximía de dicha citación una circular de la Fiscalía del 29 de diciembre de 1995.

«La presencia del investigado no suele ser habitual en este tipo de actos. Ninguna irregularidad, no se pretendía ni tomarle declaración ni realizar ningún tipo de diligencia», declaró el pasado sábado el letrado de Begoña Gómez.

Esta decisión del juez Peinado de mandar a juicio con tribunal del jurado a Begoña Gómez, su socio Juan Carlos Barrabés y su asesora en Moncloa se produce apenas unos días después de conocerse un informe pericial de la Intervención General de la Administración del Estado (IAGE) que ha destapado cómo Red.es, empresa pública del Gobierno de Sánchez, cometió múltiples irregularidades en varios contratos de formación que fueron adjudicados al grupo empresarial de Barrabés.

Valoración «ilógica»

A partir de dicho informe del citado organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, OKDIARIO publica este jueves que Red.es modificó las puntuaciones de varios licitadores durante la adjudicación de tales contratos a Barrabés. Y es que la otra de las empresas candidatas, Altia, habría ganado un contrato de 2,5 millones si Red.es no le hubiera hurtado un punto tras una valoración «ilógica», a ojos del perito.

La investigación, solicitada por la Fiscalía Europea en un expediente abierto en 2024, revela un patrón sistemático de irregularidades en tres contratos adjudicados en 2021 a la UTE vinculada al empresario de Begoña Gómez. El importe total supera los 8,4 millones de euros.

En el expediente «14/20 ED Lote 1», por un importe inicial de 3,3 millones de euros, la empresa Altia Consultores habría resultado adjudicataria si se hubiera mantenido su puntuación en diferentes lotes del contrato –cada lote recogía formar a ciudadanos en diferentes comunidades autónomas–.

Red.es valoró la plataforma tecnológica de Altia con 9 puntos en un lote, pero sólo con 8 en los otros dos lotes, pese a tratarse de la misma plataforma. Esta incongruencia carece de explicación en el expediente.

El informe dice: «En el caso de Altia, el valorador designado para el criterio 2 de la oferta reflejó distintas puntuaciones en los contratos analizados (9 puntos en un lote y 8 puntos en otros dos lotes), lo cual es ilógico porque lo que se valora es lo mismo, la aplicación informática». El valorador fue una «licenciada en Ciencias Físicas», nada que ver con contratación pública.

«Si en vez de aplicar 8 puntos, se aplican 9 puntos, la nota final de este licitador pasa de 8,67 puntos a 8,82 puntos. Esta puntuación la habría situado en la primera posición de las notas finales en vez de la UTE de Barrabés», especifican por añadidura.