Ningún banco quiere abrirle al Gobierno una cuenta para los gastos de las futuras elecciones

La Dirección General de Política Interior, dependiente del Ministerio del Interior, abrió en septiembre una licitación para contratar la apertura de una nueva cuenta corriente para pagar a los partidos políticos gastos electorales. Las elecciones generales pueden adelantarse ante la inestabilidad del Gobierno de coalición y la maquinaria electoral tiene que estar lista. También son posibles adelantos electoral en Andalucía, Castilla y León y Valencia y para esas votaciones también se requiere una cuenta a nivel estatal. No obstante, el Ejecutivo se ha topado con un contratiempo: ningún banco se ha propuesto para esta tarea y el Estado ha tenido que declarar «desierta» la contratación prevista.

Todo arranca porque el Banco Sabadell, que era el encargado hasta ahora, ha trasladado que ya no quiere seguir prestando este servicio al Estado. «El 30 de septiembre de 2020, Luis Miguel Burillo, director de Administraciones Públicas de la Dirección Territorial Centro, en representación del Banco Sabadell S.A., remitió un correo electrónico en el que manifestó la voluntad de la entidad de no proceder a la prórroga del contrato finalizando este, por tanto, el 18 de diciembre de 2020», se apunta en documentación oficial.

Tras eso, el Ministerio del Interior ha tenido que poner en marcha un concurso abierto para elegir un nuevo banco. Se da la circunstancia de que el Banco de España no sirve para este propósito al no tener sede electrónica con la que operar y hacer los pagos a las formaciones políticas. «No dispone de servicio de banca electrónica ni posibilidad de realizar operaciones en tiempo real», resumen.

Tras 9 meses con el contrato caducado con Sabadell, finalmente el departamento gubernamental liderado por Fernando Grande-Marlaska abrió la licitación titulada «Contratación del servicio de gestión de la cuenta corriente de ‘Gastos electorales. Servicios Centrales’ de Ministerio del Interior».

Contrato de 107.272 €

Se buscaba a una entidad bancaria para que prestara servicios por «3 años prorrogable por dos años más por mutuo acuerdo de las partes». Se habían reservado 107.272 euros en total, incluyendo impuestos, para este encargo. Se pretendía abrir una «cuenta que se nutrirá de fondos procedentes de los libramientos efectuados por el Tesoro para realizar pagos de gastos ocasionados por la celebración de procesos electorales», según consta en los pliegos consultados por OKDIARIO.

No obstante, en octubre se declaró «desierta» la licitación por falta de ofrecimientos de los bancos. «Finalizado el plazo de presentación de ofertas, no se han recibido proposiciones para participar en el proceso de licitación respecto a lo cual, la Mesa de Contratación, en reunión de 26 de octubre de 2021, levantó la correspondiente acta», se explica en una resolución firmada por la directora general de Política Interior. Se dio el plazo de un mes para recabar las propuestas, pero ningún banco se ha ofrecido. 

El acta de la Mesa de Contratación convocada para valorar las diferentes ofertas, en el mismo sentido, reconoce: «Al proceder al inicio de la sesión, la Mesa toma conocimiento de que ninguna empresa ha presentado oferta, por lo que se declara desierto el expediente de contratación y se da por concluido el acto».

Servicios requeridos

Los requisitos eran que fuera posible «el pago de cheques, transferencias bancarias, compensación de cheques y cualquier otra operación del tráfico bancario». También se pedía facilidades para el «intercambio de información y realización de operaciones en tiempo real, a través de Internet, con los máximos requisitos de seguridad, cubriendo todas las necesidades de gestión e información de la Dirección General de Política Interior, con la finalidad de ahorrar tiempo y costes, incluyendo la solución de incidencias vía telefónica o correo electrónico». Por último, también debía contemplarse «la gestión de pago de seguros sociales e impuestos».

«La entidad adjudicataria se compromete a realizar todas las operaciones antes mencionadas, en las siguientes condiciones: Será responsable de las transferencias que, por error, se efectúen por importe distinto o a cuenta diferente de la designada en la orden de transferencia, excepto que el error se detecte en la gestión realizada por el Ministerio. En las operaciones a realizar a través de banca electrónica/internet garantizará en la conexión, la autenticidad mediante certificados electrónicos. Cualquiera que sea la forma de pago, garantizará que las cantidades transferidas o a pagar, se encuentren situadas en la entidad destinataria como muy tarde dos fechas inmediatamente posteriores a su emisión», se detallaba.

Se fijaban dos criterios para elegir a la entidad bancaria a contratar en el caso de haber varias ofertas. Por un lado, el precio ofertado (que aportaba una puntuación de hasta 90 puntos) y, por otro, mejoras propuestas para el intercambio de documentación (ponderado en otros 10 puntos adicionales como máximo).