Moncloa niega al Congreso el informe revelado por OKDIARIO que alertó de las rebajas de pena a violadores

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.
• • 26/03/2023 06:52
  • Actualizado: 26/03/2023 10:33

El Gobierno oculta al Congreso de los Diputados el informe clave en el que el Ministerio de la Presidencia alertó a Igualdad sobre la rebaja de penas de la conocida como Ley del sólo sí es sí. El documento, revelado en exclusiva por OKDIARIO, demuestra que Moncloa era consciente del riesgo judicial de la norma estrella de Irene Montero. Aun así, Pedro Sánchez le dio su visto bueno en el Consejo de Ministros del 6 de julio de 2021, permitiendo que la ley iniciase su andadura parlamentaria.

En una respuesta por escrito en el Congreso de los Diputados, a la que ha tenido acceso este periódico, el Gobierno afirma que se remitieron a las Cortes Generales «los informes recabados a lo largo de la tramitación» de la ley. Una afirmación que es falsa, pues entre la documentación enviada al Congreso no figuran informes de ministerios, organizaciones, expertos y comunidades autónomas, como informó OKDIARIO. En consecuencia, el Ejecutivo sigue ocultando al Parlamento esa documentación relevante.

«¿Es cierto, como se apunta en las informaciones publicadas, que se ocultó al Congreso la existencia de un informe del Ministerio de Presidencia sobre los riesgos de revisión de condenas a la baja, a partir de la entrada en vigor de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual?», fue la pregunta que se trasladó a Moncloa.

Informe

En el informe, al que tuvo acceso este periódico, Presidencia incide en la principal novedad de la ley -la eliminación de la distinción entre agresión y abuso sexual- y se muestra en desacuerdo con el nuevo marco penológico.

Moncloa advierte que las penas para el delito de violación, tanto básico como agravado, «quedan sustancialmente reducidas». Cabe recordar que, antes de la reforma del Gobierno, la violación implicaba penas de prisión de 6 a 12 años y que, con la ley del sólo sí es sí, la pena mínima se vio rebajada a los 4 años.

La ley modifica además las penas con agravantes, pasando por ejemplo la pena mínima de la agresión sexual con penetración agravada de los 12 años a los 7. Una modificación sustancial que está fundamentando la mayoría de las rebajas de penas a delincuentes sexuales. Aunque durante la tramitación de la ley sí se elevaron las penas máximas, las mínimas se mantuvieron rebajadas, lo que ha derivado en las revisiones de condena ahora conocidas.

«Con ello, pese al fin que persigue la ley de considerar agresión sexual todas las acciones que atenten contra la libertad sexual cuando no haya consentimiento de la víctima, con independencia de que haya o no violencia o intimidación, el resultado conseguido es que el reproche penal es notablemente inferior al actualmente previsto para las agresiones sexuales, que son los comportamientos más graves», señala el informe de Presidencia, que concluye: «No parece estar justificado, a la vista del objeto del anteproyecto, ni un incremento, ni una atenuación penológica de estas figuras, por lo que sería necesario revisar esta cuestión en el anteproyecto, de forma que las penas se mantengan de forma equivalente a su regulación actual».

Confesión

Este informe revela que en Moncloa eran críticos con la rebaja de las penas y conscientes, inevitablemente, de sus riesgos en caso de revisión de condenas. Aun así, se optó por dar autonomía a Irene Montero para sacar adelante su reforma, con las consecuencias ahora conocidas. El Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez aprobó el anteproyecto y permitió que iniciase su andadura parlamentaria hasta su aprobación definitiva, en agosto del año pasado.

Durante más de dos años, Sánchez ha ocultado la existencia de este informe y sus críticas a la rebaja de penas. Es más, el presidente socialista no ha dudado en mostrar públicamente su respaldo a la ley, de la que se ha declarado «orgulloso».