La ley de ‘Memoria’ de Sánchez blanquea crímenes marxistas: el horror de la familia Palacios en Posadas

La mal llamada Ley de Memoria Democrática impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez para reemplazar la norma de Zapatero de 2007, establece que «se reconoce y declara el carácter ilegal y radicalmente nulo de todas las condenas y sanciones producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra Civil».

De igual modo, el polémico proyecto de ley, actualmente en tramitación parlamentaria, impone «la nulidad de las condenas y sanciones y la ilegalidad e ilegitimidad del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Orden Público, así como los Tribunales de Responsabilidades Políticas y Consejos de Guerra».

Tales preceptos sirven así al Ejecutivo socialcomunista y sus aliados separatistas para blanquear las condenas que guardaron relación con horrendos crímenes marxistas y que no siempre fueron penas de muerte. Así, hubo quienes fueron sentenciados a reclusión perpetua y luego acabaron en libertad, por ejemplo, mediante indulto, pese a su participación en hechos luctuosos.

Es el caso de Esteban González Izquierdo, alias Lunares, que formó parte de la banda de milicianos que rodearon y asaltaron la casa de la familia Palacios en Posadas (Córdoba), donde murieron tiroteados Pedro y Manuel, tras sacarlos a la calle, delante de su madre, sus hermanas y su hermano Juan, de 15 años.

Los sesos del primero, al que descerrajaron un disparo en un ojo, acabaron en el empedrado y la sangre llegó hasta una sobrina de 5 años, en las inmediaciones. El segundo, Manuel, con impacto de escopeta, falleció «veintidós horas después». Estos dos asesinatos fueron las primeras muertes en este municipio cordobés aquel fatídico julio de 1936.

El encartado Esteban González Izquierdo fue identificado por la Guardia Civil (informe del teniente Antonio Valderrama Arroyo) y por vecinos del pueblo como uno de los asaltantes. Es más, en el Consejo de Guerra que se le aplicó -consultado por OKDIARIO- figura que «derribó la puerta (de la casa de los Palacios) con un hacha», a partir de la declaración de uno de los testigos.

En este contexto, el Tribunal Militar no pudo probar que él apretara el gatillo contra los hermanos Palacios, de ahí que no fuera condenado a pena de muerte, frente a lo que le ocurrió a Antonio y Miguel Pavón Fernández (fusilados), sino a «reclusión perpetua» (conmutada por 20 años de prisión) como «autor del delito de adhesión a la rebelión militar», según sentencia del 1 de junio de 1943. Seis años después, González Izquierdo recibió el indulto.

Ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez quiere anular tales condenas, tratando de negar la participación de este izquierdista en aquella ignominia. Borrando su pasado más negro. A ello se une la colaboración de adeptos cronistas y asociaciones afines que se autodenominan memorialistas. Tanto es así que los nombres que aparecen en los Consejos de Guerra con una participación mayor o menor en el asedio, asalto y crimen de los Palacios se han mantenido bastante al margen. Hasta se ha llegado a victimizar a algunos milicianos marxistas enfatizando que «sufrieron un desmayo» cuando vieron tanta sangre en aquella calle de Posadas.

Es más, estos memorialistas de corte socialista incluso confunden a Pedro Palacios, que fue juez, con su hermano Manuel, estudiante de Medicina en Granada, o dicen que ambos fueron tildados como «los verdugos del pueblo por haber disparado» contra los milicianos. En realidad, los dos hermanos, militantes de Acción Popular, entregaron las armas tras una resistencia inicial y únicamente Pedro fue llamado así por haber sido juez del municipio, según consta en los Consejos de Guerra y boletines oficiales consultados por este periódico. No obstante, otros elementos sobre semejante ensañamiento con esta familia de derechas todavía están por conocerse.

Escopetas

OKDIARIO reproduce aquí los nombres de quienes «se encontraban allí tomando parte directa o indirectamente en los hechos» que derivaron en el asesinato de los hermanos Palacios el 22 de julio de 1936, según consta en los Consejos de Guerra analizados, con declaraciones de detenidos y testigos. Tales izquierdistas, la mayoría de ellos armados con escopetas, pistolas y hachas, fueron Antonio y Miguel Pavón Fernández; Esteban González Izquierdo Lunares; los Carmona, alias los Gilenos; Manuel Fernández, el Carnicero; Pedro Berenguer Díaz; o Antonio Haba Rodríguez y Matencio El Menor, que «eran los que dirigían el grupo diciendo donde debía colocarse cada uno».

También aparecen Francisco Ojeda Roque, Juan López Guisado, Fernando y Manuel Aguirre Valverde; Luis Bocero Urbano, Papa Luis, Francisco Arroyo Bernete, el Arroyo; Antonio Díaz Campoy; José Sebaquevas Martínez; Rafael Campos Fernández, Diente de Oro; Manuel Martín Moreno, el Colón, y Francisco Valle Alonso, el Cojo Coquina, entre otros. Este último fue condenado por el asesinato de las Seis Laicas de Posadas, violadas y arrojadas a un pozo. Desde el año pasado, son Beatas de la Iglesia Católica, como se hizo eco este periódico. Tres de ellas, Antonia Durán Palacios (26 años), Julia Durán Palacios (31 años) y su madre, Antonia Palacios Bonilla (59 años), eran familiares de Pedro y Manuel Palacios.

De otro lado, cabe reseñar que en la relación de izquierdistas vinculados al trágico final de los hermanos Palacios figuran varios jefes de las escuadras de escopeteros, que según consta en los consejos de guerra estaban a las órdenes directas del Comité Revolucionario. De hecho, uno de esos cabos, el ya mencionado José Sebaquevas Martínez, era a su vez miembro del Comité que presidía el alcalde republicano José Martínez Santiago, el Mellizo (luego enrolado en el PSOE). En este órgano también destacaba el socialista Virgilio Ferri Vidal, autodenominado «Ministro de la Gobernación», como subalterno del primero.

«Jefes de los rojos»

En un Consejo de Guerra donde testifica María Palacios, madre de los asesinados, relata cómo Martínez Santiago y Ferri eran los «principales dirigentes» del grupo de individuos que, procedentes del campo y previa parada en el Ateneo, sede del Comité Revolucionario, se dirigieron en «forma tumultuosa y provistos de armas de fuego» al registro de casas del pueblo, incluida la suya, donde se congregaron alrededor de 200 personas.

Otros testigos también calificaron al alcalde y a su mano derecha como los «verdaderos jefes de los rojos» y los situaron detrás de otras masacres en esta villa por parte de los milicianos, como el asesinato de una docena de guardias civiles en el Salón de Plenos del Ayuntamiento o el de medio centenar de vecinos en el Centro Antipalúdico.

En esta clínica también murieron José y Francisco Uceda Palacios, Pedro Palacios Bonilla y Andrés Durán Palacios, todos ellos parientes de los hermanos Pedro y Manuel y de tres Laicas. En total, nueve ejecuciones en una misma familia por parte de la canalla marxista, la misma que Pedro Sánchez trata de ocultar a golpe de revisionismo histórico.