Koldo García pide al Constitucional que suspenda su condena a 19 años de cárcel por las comisiones de las mascarillas

El ex asesor ministerial Koldo García ha acudido al Tribunal Constitucional para que suspenda cautelarmente su condena de 19 años y ocho meses de cárcel por corrupción en los contratos de mascarillas, como ya ha hecho el exministro José Luis Ábalos. Lo ha pedido en un recurso de amparo en el que reclama, además, la anulación de la sentencia del Tribunal Supremo por vulnerar sus derechos fundamentales.

La petición de suspensión se mantendría mientras el Constitucional estudia el fondo del recurso. Koldo García sigue así la misma estrategia que Ábalos, quien fuese su superior en el Ministerio de Transportes durante años y que ya ha presentado un recurso de amparo ante la corte de garantías.

El principal argumento del ex asesor es la vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley. Su defensa sostiene, con la pertinaz insistencia que ha mantenido desde el principio, que el Supremo no era el órgano competente para juzgar los hechos.

Según su tesis, Ábalos renunció a su acta de diputado, y con ella a su aforamiento, en enero de 2026, por lo que el caso debería haberse trasladado a la Audiencia Nacional.

Por ello, solicita al Constitucional que ordene retrotraer el procedimiento para que la causa respecto a Koldo García “se remita al órgano judicial competente”.

De forma subsidiaria, pide que se anule el auto en el que el Supremo rechazó el incidente de nulidad presentado por la defensa contra la sentencia y que se dicte uno nuevo.

Recurso de amparo

El escrito lleva la firma de la abogada Leticia de la Hoz, aunque la letrada ha decidido finalmente renunciar a la defensa de Koldo García.

En él, carga contra lo que considera una “conformidad parcial” del comisionista Víctor de Aldama con la Fiscalía, “que la ley no admite”.

Aldama ha sido el único acusado que no ha entrado en prisión. Obtuvo dos grados de rebaja y la suspensión de su condena de cuatro años y medio de cárcel por colaborar.

La defensa cuestiona que “el acuerdo” no constase “por escrito”, de manera que “la defensa no pudo conocer su gestación”.

Al inicio del juicio, ante las dudas planteadas por las defensas, la Fiscalía Anticorrupción subrayó que “no hay ningún tipo de acuerdo con el acusado Víctor de Aldama”. Al terminar la vista oral mantuvo su petición de siete años de cárcel, aunque el Supremo lo condenó finalmente a cuatro años y medio.

El recurso insiste también en que la Audiencia Nacional sigue investigando a Koldo García “por los mismos ingresos y la misma operativa juzgada”, en la parte del caso que se quedó ese tribunal por no estar directamente relacionada con Ábalos. Recientemente, la Fiscalía ha solicitado su procesamiento junto al de su ex mujer y hermano.

A juicio de la defensa, esa situación abre la puerta a “una segunda condena”, ya que la sentencia del Supremo sirve de material para ese procedimiento.

El escrito recuerda, además, que el Congreso concedió el suplicatorio para proceder contra Ábalos, cuando aún era parlamentario, por los contratos de material sanitario y determinados alquileres.

Sin embargo, según la defensa, la condena se ha extendido a otros hechos, como el enchufe de su amante en dos empresas públicas.

Con todo, la abogada denuncia ante el Constitucional la vulneración de los derechos a la igualdad, la tutela judicial efectiva, la defensa y la presunción de inocencia, entre muchos otros.

Comisiones de contratos sanitarios

El Supremo ha condenado a Koldo García junto con Ábalos, a quien ha impuesto una pena de 24 años de prisión, por los delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación. Ambos fueron absueltos, en cambio, de prevaricación, uso de información privilegiada y falsedad.

En la pieza que continúa abierta en la Audiencia Nacional, el ex asesor está investigado por la contratación de una ex pareja de Ábalos en empresas públicas y por presuntos amaños de obras públicas.

En esa causa, De la Hoz ha comunicado su renuncia al juez instructor, Ismael Moreno. “Por razones profesionales, cuyo contenido queda amparado por el secreto profesional, renuncio a continuar ejerciendo la defensa de Koldo García Izaguirre en esta causa”, ha señalado en su escrito.

La letrada asegura que informó a su cliente “con antelación suficiente para que pueda proveer a su defensa”. Hasta que tenga un nuevo abogado, de libre elección o de oficio, atenderá los trámites “que resulten inaplazables”, “con el fin de no causar indefensión”.

La abogada está imputada, a su vez, en el caso Leire Díez, en el que el juez Santiago Pedraz investiga una presunta trama para desbaratar causas judiciales que afectan al PSOE, al Gobierno y a familiares de Sánchez.

Según la declaración de la empresaria Carmen Pano ante la UCO el 27 de abril, De la Hoz les habría ofrecido dinero a ella y a su chófer, Álvaro Gallego, para que cambiasen su versión sobre los 90.000 euros que dijo haber llevado a la sede del PSOE. Siempre según Pano, la letrada le dijo que se trataba de “gente del PSOE” y que “era para salvar el culo a Ábalos y Koldo”.

De la Hoz ha negado ante el juez haber cobrado del PSOE y ha calificado de venganza la acusación de la empresaria.

Mientras tanto, la pelota está ahora en el tejado del Constitucional, que deberá decidir si Koldo García y Ábalos siguen en prisión mientras se resuelven sus recursos. El ex asesor espera esa respuesta con un recurso firmado por una abogada que ya no estará a su lado cuando llegue.