El juez Peinado ordena a la UCO investigar si Begoña Gómez tiene más cuentas bancarias

El Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigue todas las cuentas bancarias de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, en el marco de una causa por presuntos delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias. En una providencia firmada el 12 de diciembre, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, el magistrado Juan Carlos Peinado García solicita a la UCO que verifique en el Fichero de Titularidades Financieras a la vista de que, tal como reconoce la propia imputada, existen más cuentas además de las ya identificadas que sólo tenían un total de 40 euros.

Para las cuentas ya localizadas, el juez ha emitido un mandamiento judicial a las entidades bancarias para que faciliten toda la información, movimientos y saldos durante el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2019 y el 18 de noviembre de 2024. La documentación deberá ser remitida directamente a la UCO en formato digital, según establece la Norma-43 del Banco de España. Los investigadores están autorizados a solicitar aclaraciones y documentación complementaria sobre cualquier operación relacionada con estas cuentas.

En la causa ejercen la acción popular varias organizaciones como Hazte Oír, VOX, el Sindicato Manos Limpias e Iustitia Europa, entre otros. Además de Begoña Gómez, también figuran como investigados Joaquín Goyache, rector de la Universidad Complutense de Madrid; el empresario Juan Carlos Barrabés; y Juan José Güemes, director de Instituto de Empresa IE y ex consejero de la Comunidad de Madrid.

Respuestas a su abogado

Begoña Gómez ha sido citada este miércoles por tercera vez ante el Juzgado de Plaza Castilla, cambiando su estrategia anterior de no declarar. En esta ocasión, ha respondido exclusivamente a 44 preguntas formuladas por su abogado defensor durante una declaración que ha durado media hora.

La investigada ha explicado su trayectoria profesional desde 1997, cuando comenzó en Inmark como socia directora, hasta su papel en la Universidad Complutense como directora de cátedra. Ha reconocido que no es catedrática y ha afirmado que su sueldo en la universidad era «inferior a 15.000 euros anuales», insistiendo en la ausencia de ánimo de lucro en todas sus actividades. Respecto al IE-Africa Center, punto clave de la investigación, ha subrayado que Juan José Güemes la contactó en 2017, antes de que su marido fuera presidente.

Sobre las cartas de recomendación a la empresa de su socio Juan Carlos Barrabés para allanar contrataciones con el Gobierno de Pedro Sánchez, las ha definido como «modelos tipo» que también firmaron otras compañías como Microsoft, Orange e IBM, negando tener conocimiento sobre procesos de licitación.

Esta comparecencia se produce después de dos citaciones anteriores en julio, donde optó por guardar silencio. El caso dio un giro cuando Hazte Oír presentó una nueva querella que amplió la investigación a la presunta apropiación indebida de un programa informático desarrollado con dinero de la Universidad Complutense y un supuesto intrusismo profesional. Begoña Gómez creó una empresa privada justo con el mismo nombre que el programa web que creó (Transforma TSC SL).

Esta declaración a medias se ha producido después de que la Audiencia Provincial respaldara al juez Juan Carlos Peinado, y tras el fracaso de la Fiscalía y la Abogacía del Estado en sus intentos de archivar la causa y de imputar al juez instructor.

Quejas

Por su parte, los representantes legales de Hazte Oír, Iustitia Europa y Vox han criticado que Begoña Gómez haya optado por responder únicamente a las preguntas de su abogado. «Si de verdad no hubiera nada, hubiera respondido a preguntas también de la acusación y, por lo menos, a las preguntas del juez o del fiscal», ha señalado Javier María Pérez-Roldán, abogado de Hazte Oír, quien ha criticado que las respuestas «no han entrado en el fondo de la cuestión».

Por su parte, Luis María Pardo, letrado de Iustitia Europa, ha destacado que Gómez ha descargado en la Complutense «cualquier tipo de responsabilidad» y ha considerado que hubiera sido importante que respondiera también al juez, al fiscal y a las acusaciones para «dilucidar ciertos aspectos».

La representante legal de Vox, Marta Castro, ha lamentado que tras tres declaraciones «seguimos con preguntas sin contestar», señalando que no ha habido respuestas sobre «las visitas a Moncloa del rector, las llamadas a empresas patrocinadoras o las gestiones de su esposo para impulsar su negocio».