El juez paraliza la exhumación de Franco por carecer de «un estudio serio y riguroso de seguridad»

La ausencia de «un estudio serio y riguroso de la seguridad de toda la operación». Esta es la razón por la que el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Madrid ha ordenado la suspensión cautelar de la preceptiva licencia del Ayuntamiento de El Escorial para la exhumación de Franco.

La decisión judicial supone un nuevo revés para la pretensión del Gobierno de Pedro Sánchez, que ha convertido el traslado de los restos del dictador del Valle de los Caídos en todo un programa político.

El auto al que ha ten ido acceso OKDIARIO destaca que «no se aprecia especial urgencia en la exhumación» del que fue Jefe del Estado, puesto que lleva enterrado allí más de 44 años.

No obstante, la impugnación a la que el juez ha dado la razón es al hecho de que la operación no es conforme con la legalidad vigente y, sobre todo, no se puede realizar con seguridad.

«Es decisivo recordar -dice el juez José Yusty Bastarreche- que se trata de remover unas losas de mármol, que a su vez tapan una losa de granito de, al parecer, 2.000 kilos de peso. Y no hace falta ser arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero ni maestro de obras para percatarse de que ello es de por sí algo complicado, difícil de manejar y, por tanto, peligroso por el riesgo evidente de caída, rotura o cualquier otro accidente que pueda ocurrir, y que a su vez pueda causar daños a las personas, sin dudo un grupo no escaso de ellas, que tienen que realizar la citada maniobra».

En este sentido, el magistrado esgrime el «clarificador dictamen pericial» de los arquitectos José Ismael de la Barba y Enrique Porto Rey, según el cual «falta un riguroso análisis de la seguridad, estabilidad e instalaciones subterráneas que pudieran existir bajo la sepultura de Francisco Franco».

«Una decisión del Consejo de Ministros, por legítima y conforme a la legalidad que sea, no puede ejecutarse sin las garantías técnicas y mecánicas que puedan poner en peligro la vida o la integridad física de los técnicos y operarios»

Los dos arquitectos señalaron en su informe pericial que el proyecto de exhumación remitido por el Ministerio de Justicia al Ayuntamiento de El Escorial carece de un estudio que contemple «la ejecución de un forjado, prevea una cimentación de los muros de carga del forjado y, además, se designen unos responsables en la dirección de las obras y especialmente en la seguridad de la mismo».

Por todo ello, el magistrado concluye que «una decisión del Consejo de Ministros, por legítima y conforme a la legalidad que sea, lo que aquí no se cuestiona, no puede ejecutarse sin las garantías técnicas y mecánicas que puedan poner en peligro la vida o la integridad física de los técnicos y operarios de toda clase que deberán necesariamente intervenir en la operación, y que probablemente no serán pocos».

Para zanjar la cuestión, el juez cita el artículo 15 de la Constitución, que protege el derecho a la vida y la integridad física. «No tiene sentido lógico ni jurídico alguno que una obra -concluye el magistrado-, cuya urgencia es al menos discutible, pueda atentar contra uno de los pilares del Estado social y democrático de Derecho en que se constituye España, según el artículo 1º de la Constitución, esto es, poner en peligro la vida humana».