El juez extiende a 2026 la investigación de la estafa del empresario que dio 100.000 € al ‘faker’ Alvise

La Audiencia Nacional ha extendido al menos hasta marzo de 2026 la investigación sobre la presunta estafa piramidal de Madeira Invest Club (MIC) y su vinculación con Álvaro Romillo, el empresario que ha entregado 100.000 euros al eurodiputado Alvise Pérez para financiar su campaña electoral a las europeas. El juez José Luis Calama ha argumentado la complejidad del caso y la necesidad de completar múltiples diligencias internacionales.

El instructor de la Audiencia Nacional ha prorrogado seis meses más la instrucción debido al «carácter complejo» de la investigación. La decisión justifica la ampliación por las diligencias pendientes que incluyen declaraciones de investigados, órdenes europeas de investigación y comisiones rogatorias a varios países.

Según el magistrado, la infraestructura de la presunta organización criminal «incluiría sociedades tanto en España como en el extranjero, cuentas bancarias, bienes muebles e inmuebles titulados por los investigados en diversos países». Esta complejidad ha provocado que las diligencias de investigación «se encuentren en un estado incipiente».

La causa sobre MIC se ha abierto el pasado año en la Audiencia Nacional por presuntos delitos de estafa agravada, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad de documentos mercantiles. Miles de afectados, representados por despachos como Aránguez Abogados, han presentado denuncias contra el empresario que «alardeaba de ser un gran experto en elusión fiscal y conocedor de criptomonedas».

Por su parte, la Policía Nacional ha confirmado en un informe que Alvise ha recibido los 100.000 euros de Romillo el 27 de mayo de 2024 para «financiar parte de la campaña electoral» de las elecciones al Parlamento Europeo. Los investigadores consideran «evidente» que el político buscaba «fondos opacos».

En su declaración voluntaria ante el Tribunal Supremo el pasado 11 de julio, Alvise ha reconocido haber recibido el dinero, pero ha negado su uso para la campaña electoral. «Ni un solo euro del señor Romillo fue a pagar la campaña», ha manifestado el eurodiputado, quien ha insistido en que la mayoría de gastos «se hicieron antes» de recibir el importe.

Romillo, conocido como CryptoSpain, ha declarado como investigado que ha entregado el dinero específicamente para la campaña electoral. Esta versión ha sido avalada por la Policía Nacional tras analizar las conversaciones mantenidas entre ambos a través de la aplicación Signal.

Los agentes han concluido que «no hay dato alguno que se asocie a la prestación de servicio» por parte del eurodiputado al empresario, contradiciendo la explicación ofrecida por Alvise de que el pago correspondía a una charla sobre libertad financiera.

El análisis policial ha revelado que el eurodiputado ha informado a Romillo de que necesitaba entre 300.000 y 360.000 euros para «financiar la logística, actos electorales, propaganda, publicidad, etcétera». Los investigadores sospechan además de un pago adicional de 10.000 euros en moneda virtual que «se habría producido con casi total seguridad».

Alvise propuso inicialmente recibir los 100.000 euros mediante transferencia bancaria a la mercantil Somos Libres SL, incursa en una operativa comunicada al SEPBLAC como sospechosa. Esta maniobra, bajo la figura de un préstamo participativo, ha sido calificada por los agentes como una «simulación propia en operativas de blanqueo».

Romillo ha tenido que convencer al político de que sería un error recibir el dinero mediante transferencia. El empresario ha explicado «pormenorizadamente» que su metodología consistía en «compensar las criptomonedas» con dinero en efectivo, una práctica «estándar» con sus clientes para la «elusión fiscal, evitando precisamente que pueda establecerse una conexión directa entre el dinero físico con los activos virtuales».

La Policía ha destacado que en «numerosas ocasiones» Romillo trasladó a Alvise las posibilidades para mover capitales sin que sean trazables por las instituciones fiscalizadoras. Dos días antes de la entrega, el empresario ha propuesto que el dinero recibido por SALF en criptomonedas «sea compensado en efectivo en Sentinel», manteniendo él el control de las claves privadas de los monederos.

Esquema internacional

Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la plataforma MIC ha llegado a recaudar más de 260 millones de euros. Esta cifra ha sido supuestamente dedicada a la inversión en relojes, vehículos, oro y metales preciosos, alcohol y startups, configurando un entramado de alcance internacional.

Los investigadores han determinado que el eurodiputado ha querido recurrir a las criptodivisas como «estrategia general para ocultar la financiación de la agrupación». En sus conversaciones han aparecido referencias a «técnicas criptográficas» que darían sentido a la hipótesis de que los 100.000 euros en efectivo no tuvieran «génesis realmente en Romillo», sino que hubiera sido «un simple proceso de ocultación, transformación e integración entre activos».

La investigación continuará hasta marzo de 2026, mientras el caso se ha bifurcado entre la Audiencia Nacional para los aspectos relacionados con la estafa piramidal y el Tribunal Supremo para la presunta financiación ilegal. El desenlace de este intrincado caso podría marcar un precedente en la persecución de esquemas financieros heterodoxos en el ámbito político español.