El juez Calama cita al empresario Julito Martínez Martínez a declarar como imputado el 21 de julio

La citación se produce días después de que el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero declarara como imputado ante el mismo juez el pasado 18 de junio, negando cualquier implicación en el rescate y cualquier conocimiento sobre la constitución de sociedades instrumentales en el extranjero.

El caso Plus Ultra o caso Zapatero investiga las presuntas irregularidades en la concesión de un rescate público de 53 millones de euros a la aerolínea venezolana durante la pandemia, tramitado a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. La causa, que se sigue en la Audiencia Nacional, apunta a la existencia de una red de tráfico de influencias liderada, según el juez Calama, por el propio Zapatero.

Martínez Martínez, propietario de la consultora Análisis Relevante, fue descrito por el propio Zapatero durante su declaración como un amigo con quien mantuvo «una buena amistad» desde 2011 y con quien inició «una relación profesional» en 2020.

El expresidente reconoció ante el juez que ejercía como «consultor principal» de dicha empresa, sin contrato escrito, mediante «un acuerdo, dada la confianza» que tenía con el empresario, por un importe anual de 90.000 euros.

El juez Calama ha subrayado en sus resoluciones que, «desde el punto de vista de los gastos y de los ingresos» de Análisis Relevante, la empresa «no sería nada» sin Zapatero, llegando a plantear que sin él la sociedad hubiera quebrado. Zapatero rechazó de plano esta caracterización y negó que Martínez Martínez fuera su «testaferro»: «Es radicalmente falso», espetó durante el interrogatorio.

La instrucción ha puesto el foco en una comida que, según el auto de imputación, habría reunido a Martínez Martínez con Tomás Guerrero para tratar la constitución de una sociedad instrumental en Dubái con la que canalizar el cobro de 530.000 euros vinculados al rescate.

El juez señaló que en esa cita «intervino» el entorno del ex presidente: su secretaria, Gertrudis Alcázar, avisó al empresario, y un escolta de Zapatero realizó la reserva. «Y al día siguiente, Tomás Guerrero está informando de toda la documentación que se necesita para constituir una sociedad. Es llamativo», afirmó Calama durante el interrogatorio.

Zapatero, por su parte, negó con contumacia cualquier vínculo con ese episodio: «Yo no he hablado nunca con nadie de una sociedad offshore, ni sé lo que es», declaró, añadiendo que cuando leyó el auto de imputación esa afirmación le sorprendió «hasta límites insospechados».

Nulidades y pruebas

Paralelamente a la citación de Martínez Martínez, la defensa de Zapatero ha presentado escritos en los que cuestiona la validez de dos elementos probatorios clave para la instrucción.

El primero es un disco duro incautado a un abogado, también imputado, cuyo análisis por parte de la UDEF no habría contado, según la defensa, con una resolución judicial motivada que lo autorizara. De no existir dicha autorización, sostiene el equipo legal del expresidente, «las garantías esenciales del procedimiento se verían radicalmente laminadas» y el contenido del dispositivo debería ser «excluido del procedimiento».

El segundo elemento es el teléfono móvil de Rodolfo Reyes, ex directivo de Plus Ultra, cuyo contenido fue puesto a disposición de la Policía Nacional por la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI) a través de mecanismos de cooperación internacional. En uno de los mensajes extraídos de ese dispositivo, Reyes escribió: «Nuestro pana Zapatero detrás», en alusión al proceso del rescate, lo que el juez ha considerado uno de los principales indicios contra el expresidente.

La defensa de Zapatero ha instado al juez a reclamar a Estados Unidos «la concreta resolución judicial», orden o autorización administrativa que amparó tanto la incautación del teléfono como su posterior análisis en España, advirtiendo de que podría ejercer «acciones de nulidad» si no se acredita la licitud de esa obtención.

El caso suma así una nueva comparecencia que podría resultar decisiva: Martínez Martínez, el hombre que el juez sitúa como bisagra entre Zapatero y los beneficiarios del rescate, tendrá que responder ante el instructor el próximo 21 de julio. Lo que diga —o lo que elija no decir— puede cambiar el rumbo de la investigación. Podría seguir el camino de Víctor de Aldama que ha evitado la cárcel por colaborar. El verano judicial promete ser cualquier cosa menos tranquilo. Las próximas en ser citadas son las dos hijas de Zapatero y su secretaria, también imputadas.