Indignación en el Supremo por las recusaciones del fiscal general: «Es un ataque a nuestros magistrados»

Magistrados del Tribunal Supremo muestran su indignación con la maniobra de Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, de recusar al tribunal que va a estudiar su propio nombramiento por petición de sus propios compañeros del Ministerio Público. «Una persona de la calle es normal que recuse a jueces del Supremo, pero una figura de su nivel en la Justicia española debería fiarse de los magistrados del Supremo, con su recusación no cree en el principio de confianza», afirma un magistrado consultado por OKDIARIO.

García Ortiz, en un movimiento inesperado, ha recusado a toda la Sección Cuarta de la Sala Tercera, especializada en estudiar las impugnaciones de nombramientos del Gobierno. Intenta que otros magistrados más afines a su figura estudien el recurso de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). Quiere que cambiar el tribunal para tener más opciones  de seguir en el cargo teniendo en cuenta que, según sostiene, los magistrados de la Sección Cuarta han cambiado «ahora» su jurisprudencia introduciendo «otros criterios diferentes a los que marca específicamente el estatuto».

Ahora, el Supremo tendrá que convocar una deliberación de la Sala especial del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que se conforma en situaciones extraordinarias. Forman parte de la misma los cinco presidentes de Sala (Civil, Penal, Contencioso, Social y Militar), los cinco magistrados de más antigüedad de cada una de ella y los cinco magistrados de entrada más reciente de cada una de ellas, más el presidente del Alto Tribunal. Como el presidente del Supremo es actualmente el de la Sala Primera de lo Civil, en vez de 16 miembros ahora son 15.

Esos magistrados tendrán que estudiar el recurso de recusación de García Ortiz. Tendrán que analizar si los argumentos que expone para decir que están contaminados los jueces que tenían que valorar su experiencia son aceptables o no. El fiscal general considera que esos jueces han anulado varios nombramientos propuestos por él, por lo tanto, cree que le tienen una especial inquina. Se agarra además, a que uno de ellos hizo declaraciones públicas afirmando que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene controlado al Tribunal Constitucional y, precisamente, a la Fiscalía. Ese magistrado trasladó una opinión muy generalizada en la Justicia española de que el Ministerio Público con Pedro Sánchez en La Moncloa se ha convertido en el ariete del Ejecutivo del PSOE y Sumar en los procedimientos judiciales en los que toma parte.

Según las fuentes jurídicas consultadas, la deliberación sobre la recusación de los magistrados del Supremo se celebrará en breve. Aunque podría pensarse que García Ortiz quiere dilatar ese procedimiento judicial en el Supremo para estar más tiempo en el despacho noble de la Fiscalía, el Alto Tribunal es habitualmente muy ágil para convocar esa sala. Los cálculos aproximados indican que la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo –con los jueces titulares de la Sección Cuarta o con otros de otras secciones de la misma sala– resolverán el asunto pasado el verano.

Como recopiló este periódico, el Gobierno de Pedro Sánchez no deja de acumular varapalos en forma de nombramientos anulados. Entre otros se han tumbado las designaciones de Magdalena Valerio al frente del Consejo de Estado, de Eduardo Esteban Rincón como fiscal de sala coordinador de la Unidad de Menores, de María Teresa Pérez (Podemos) como directora general del Instituto de la Juventud y de Gabriel Castañares (Podemos) como director general de Políticas Palanca. También se anularon nombramientos en la Agencia Española de Protección de Datos, en el Consejo Superior de Deportes y en la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad. Igualmente, se revocó el cese de Diego Pérez de los Cobos como alto cargo de la Guardia Civil por negarse a incumplir la ley e informar a Fernando Grande-Marlaska de las pesquisas judiciales contra el entonces delegado del Gobierno en Madrid.

Reprobado

Este miércoles el pleno del Senado ha reprobado oficialmente al fiscal general del Estado. Ha pedido al Gobierno que lo cese. Aunque García Ortiz asegura que no puede ser cesado, lo cierto es que el Estatuto Fiscal indica que sí puede ser cesado.

El artículo 31 afirma que «el mandato del fiscal general del Estado tendrá una duración de cuatro años, antes de que concluya dicho mandato únicamente podrá cesar por los siguientes motivos». Uno de ellos es «por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones». Podría estudiarse si realizar media decena de nombramientos que se han anulado por la Justicia podría sostener que ha incumplido sus funciones de forma reiterada.

La mayoría absoluta del PP en el Senado junto a los votos de Vox y UPN han servido para reprobar a García Ortiz. Por su parte,  el PSOE ha votado en contra, pero no ha recibido el apoyo de sus habituales socios, ya que Junts, ERC, PNV y Bildu se han abstenido. Precisamente, la moción del PP instaba al Gobierno a proponer la destitución del fiscal general «ante el incumplimiento de sus funciones» y la designación de otra persona para el cargo.